Tras las declaraciones de la alcaldesa del municipio tinerfeño de Güimar, en las Islas Canarias, Carmen Luisa Castro, del Partido Popular (PP), calificando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez como "dictador", después de la aprobación del decreto ley que permitirá exhumar los restos de Francisco Franco del mausoleo de El Valle de los Caídos, sectores de la comunidad canaria solicitan su inmediato cese como alcaldesa y su expulsión del partido popular por enaltecimiento del franquismo.
Desde Las Palmas de Gran Canaria, en un comunicado con fecha del 26 de agosto de 2018, exponen que el gobierno actual del estado españól, está tomando medidas que abren la posibilidad de reparar parte de la dignidad perdida durante más de 80 años, exhumando de El Valle de los Caídos al dictador que se impuso tras la guerra civil española (1936-1939), Francisco Franco, considerado por los sobrevivientes y familiares de las víctimas como un "genocida que asesinó e hizo desaparecer a miles de personas que lucharon por una sociedad justa y demócrata".
Esta alcaldesa, según lo expresa el Foro Canario, vulnera de manera flagrante la actual ley estatal de Memoria Histórica, lo que para ellos es "una vergüenza y un insulto a la inteligencia", y repudian el hecho de "que una representante pública no tenga respeto por todos los miles de asesinados por ese criminal de lesa humanidad en las Islas Canarias y en el resto del Estado".
Los y las integrantes de este Foro censuran lo que señalan como una falta de ética política, por parte de la mencionada alcaldesa, al salir "defendiendo a un asesino, humillando a las familias de más de 5.000 canarios arrojadas a pozos, simas volcánicas y al mar, a los 765 fusilados en Consejos de Guerra ilegales, solo en Canarias, 140.000 en toda España".
Para los denunciantes, esto demuestra una vez más el nivel de práctica política que utiliza el Partido Popular del expresidente Rajoy (PP), y de quienes siguen disfrutando de la impunidad del franquismo, pudiendo decir y hacer sin miedo a consecuencias mayores, pues a ellos "no se les aplica la ley Mordaza", que afecta la libertad de expresión de otros sectores en el estado español.
Opinan que las declaraciones de la funcionaria "son muy peligrosas pues nos dejan entrever, una vez más, que el fascismo está muy presente".
Le hacen un llamamiento a todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales de Canarias y del estado español a sumarse a esta exigencia del cese inmediato de la mencionada alcaldesa del PP, pues opinan que "el mantenimiento en su cargo público supone una agresión sin precedentes a los valores democráticos y a las libertades".
"Seguimos luchando y no consentiremos que se humillen y pisoteen los derechos de las familias de las víctimas del franquismo en Canarias, así como la memoria de miles de personas asesinadas", concluyen en un comunicado público emitido recientemente como parte de su campaña por la "verdad, memoria, justicia y reparación" en los casos de las víctimas del fascismo en España.