El Comité de Contraloria Social al Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ), instancia de Poder Popular como expresión del Soberano, le exige el Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia regirse por el artículo 7 de la CRBV, respetando los Derechos Humanos contemplados en los artículos 26, 49, 62, 67 coordinados con el 293, todos de la norma suprema Nacional y se reitera el llamado a Maikel Moreno y Tibisay Lucena a reunirse con esta instancia contralora.
Carlos Ramón Paredes Garrido, coordinador general del CCSSJJ, hace el llamado al Magistrado Maikel José Moreno Pérez y a los demás doctores y doctoras que conforman la Sala Plena del TSJ a que con fundamento en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela usen sus atribuciones para que se tomen medidas de corrección, tomando en cuenta los AMPAROS que han cursado en la Sala Electoral expediente 2018-40 y Sala Constitucional EXPEDIENTES 384-2018; 1034-2016; 1068-2016; 216-2013 Y 582-2013, como los recursos contenciosos electorales 37-2012 y 85-2012 que determinan los pedidos de los derechos civiles y políticos, como la corrección del fraudulento proceso electoral del 20 de mayo de 2018.
Al respecto, dice la comunicación elaborada por el CCSSJJ, "también convocamos a la Dra. Tibisay Lucena y los demás rectores y rectoras del CNE a reunirse con el CCSSJJ para que permitan se haga la necesaria contraloría social que pueda contribuir a corregir las irregularidades que vienen interponiéndose en la participación y constitución de organizaciones políticas, que garanticen el pluralismo político como fundamento del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia en que constituimos a la República Bolivariana de Venezuela en 1999".
Anticipó Paredes, que accionaran bajo los fundamentos de los artículos 31 y 152 de la CRBV, como órgano jurisdiccional que es el CCSSJJ, para exigir que los observadores Internacionales rindan cuenta por sus actuaciones en las elecciones del 20 Mayo 2018, dado que "fueron de carácter público, notorio y comunicacional las irregularidades de dolo, fraude e ilegalidad del proceso que ellos avalaron como transparente y democrático". Piden a organismos internacionales como el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, "estar atentos y activos por la persecución política de quienes reclamamos los DERECHOS CIUDADANOS".