El gobierno ya no puede ocultar
más la verdadera crisis financiera que afecta en mayor grado a un satélite
norteamericano. Philip Alston relator especial de la ONU critica las
ya interminables denuncias de los falsos positivos presentados por el
ejercito como guerrilleros. Tema de moda en Colombia por estos días,
con juicio a algunos de ellos. Algo así como el tema de “justicia
y paz”, solo sirven para desviar la opinión pública.
En simultáneo, Uribe exige
el cese de fuego a las FARC por cuatro meces para dedicarse a resolver
los graves problemas institucionales, factura pasada por la casa de
Nariño contra todas las Cortes: Corte Suprema de Justicia, Consejo
Superior de la Judicatura, Consejo de Estado y Corte Constitucional
por la investigación a varios magistrados y familiares por dudosos
manejos en sus cuentas bancarias por narcotráfico.
Esto es de vieja data, desde
los pinchazos del DAS a “todos” los colombianos…incluidos uribistas,
entre ellos los magistrados que decidieron investigar a los parapolíticos,
de donde salio a la luz publica el cohecho para aprobar la reelección
de Uribe.
Están comprometidos ministros
y las mas altas personalidades cercanas a Uribe y el mismo presidente,
siempre involucrado en todos los escándalos que sacuden a Colombia
desde la masacre de Mapiripan en Antioquia cuando el era gobernador
en 1997, masacre sancionada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al país por encontrarse fuertes pruebas que la policía y el
ejercito encubrieron a los paramilitares, declaración dada por Mancuzo
uno de los lideres extraditados a los Estados Unidos para apagar el
ventilados que salpicaba contra el gobierno de Uribe Veles.
Tanto Mario Aranguren, director
de la UIAF (UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO) adscrita al
ministerio de hacienda e investigado por la fiscalia por impulsar el
espionaje del DAS, así como el novísimo procurador general de la nación
Alejandro Ordóñez, quien en un acto de circo, montado con la ayuda
de los medios, abre indagatoria preliminar contra la izquierda
representada por Piedad Córdova, Gloria Inés Ramírez, Wilson Borja,
Jorge Robledo y el concejal por Bogota Jaime Caicedo, buscando silenciar
a la oposición, así como a los magistrados que se oponen a la segunda
reelección de Uribe.
Por su parte, la Corte Suprema
de Justicia llamo a indagatoria a 86 parlamentarios, sindicados por
votar en el referéndum reeleccionista sin estar habilitados para hacerlo,
la mayoría de ellos uribistas.
En los casos de Piedad Córdova,
todos saben que es acusada de ser amiga de las FARC? algo parecido ocurre
con Gloria Inés Ramírez, pero con el senador Jorge Robledo se incrementa
el hostigamiento por ser el denunciante de los negocios de los hijos
de Uribe, además de ser uno de los espiados del DAS.
Mientras tanto, Santos aguarda
en silencio el desenlace de todos estos escándalos publicado por los
medios de su familia, y sabiendo que cuenta con el apoyo de los servicios
de inteligencia que operan en Colombia y con una gran fracción de las
Fuerzas Armadas para que acceda al poder, además de Washington. Obama
recibe fuertes presiones para que no reciba en la casa blanca a Uribe,
que ya llego, presion ejercida por parte de grandes asociaciones de
sindicatos de Estados Unidos que acusan a Uribe de graves faltas a los
derechos Humanos en su gobierno, motivo por el que nunca se firmo el
TLC con el gobierno de Bush. Quizá Obama, manipule el TLC a cambio
de que, Uribe acceda a dejar libre el camino a Santos para fortalecer
el plan Colombia una vez que llegue a la presidencia por cualquier medio.
En ese mismo contexto, la computadora
de Raúl Reyes continúa con su magia. Nuevamente arroja culpas contra
Correa y Ortega. Chávez como reanudo relaciones diplomáticas con Colombia,
la computadora lo borro de la lista, al menos temporalmente, no así
contra la oposición nacional e internacional o cualquiera que ose hacerle
frente al gobierno paramilitar de Uribe.
Desde Ecuador, el juez Daniel
Méndez de la provincia de Sucumbíos, colindante con Angostura, ordena
prisión contra el ex ministro de defensa Juan Manuel Santos por la
muerte de 25 personas el 1 de marzo del 2008. Acusado de preparar y
ordenar el ataque contra la base guerrillera en Ecuador sin consultar
con el gobierno de Correa, en donde murió entre otros, un ecuatoriano.
Walter Lombeida defensor del ex ministro de la defensa de Colombia rechazo
la acusación; desde Washington, Uribe se pronuncio que no permitirá
la captura de Santos. Ya todo el gobierno y voces se pronuncian en respaldo
de Manuel Santos.
Este, otro elemento que fortalecerá
la imagen del futuro candidato presidencial, echado a menos en la misma
Colombia. Obviamente, después de esto, su imagen y candidatura agrupara
a un segmento importante de colombianos que buscan continuar con el
TLC en torno a la continuidad de la seguridad democrática.
Desde 1986 en Colombia fueron
asesinados 2700 sindicalistas y lideres comunitarios con una impunidad
que roza el 100%, alarmo a la OIT quien desde Ginebra, con el portavoz
de los 27 estados de la Unión Europea se pronuncio contra la
violencia así como por el desconocimiento de los derechos laborales
y sindicales de los colombianos. Los industriales y gobierno pretenden
lavarse las manos aduciendo casos aislados, mismo cuento de los falsos
positivos, gente inocente presentada como guerrilleros.
La desesperación es tan fuerte
que, los uribistas, pretenden a toda costa acceder nuevamente
a la presidencia, para lograrlo convocan una constituyente. Fuerza impulsada
desde unos cuantos monopolios para no perder los beneficios económicos
de la “seguridad democrática” que se les va de la mano.
rcpuma061@yahoo.com
