Son las 10 de la cálida mañana tuyera, voy guiándome con mi bastón de rastreo, por las calles de Charallave, llego al terminal de pasajero a la parada de camionetas que van para Ocumare del Tuy, me dirijo a la que está cargando pregunto si hay puesto, un muchacho que trabaja en esas unidades me responde que si que suba me dispongo a ingresar a la buseta; repentinamente alguien dice: "ahora estoy para cargar enfermos y gratis, ese no va a pagar así que descuéntaselo al fiscal porque fue quién lo dejó subir",le indico al conductor, que voy a pagar mi pasaje como siempre lo he hecho y le enseño el dinero y le pido que pase cobrando al recibir el pago cuenta incrédulo…

En otra oportunidad, un presunto fiscal me impidió el ingreso a una camioneta argumentándome: "este no es el transporte de los incapacitados, llégate a la alcaldía que ellos te den". Asimismo, estos ciudadanos irrespetan a los adultos mayores. Además, colocan la música a altos volúmenes complicando al usuario las solicitud de las paradas. En este contexto, sería oportuna la intervención del Estado, para velar por los Derechos de la ciudadanía, pero lamentablemente, no hay una presencia efectiva de las autoridades con competencia en materia de transporte terrestre.

En varias oportunidades, algunos chóferes, colectores y presuntos fiscales de las paradas de camionetas, impiden subir a las unidades a las personas con discapacidad o adultas mayores, argumentándole que las personas de la tercera edad ya están completas en la buseta, aunque no esté ningún pasajero con esas características.

Tristemente, los abuelos en las camionetas en ciertas oportunidades son maltratados por esa minoría de conductores que al parecer su trabajo es brindar un mal servicio al público. Durante años, las alcaldías, han asignado carnet a los adultos mayores que los exoneran del pago del pasaje; el artículo 39 de la Ley para las personas con discapacidad establece: la gratuidad del pasaje en rutas cortas y la cancelación de la mitad en las rutas largas. No obstante, habemos usuarios que siempre cancelamos el pasaje en todas las rutas, y así lo reconocen los profesionales del volante que por ejemplo en mi caso, durante años me han trasladado; pero igual se me impide abordar las camionetas cuando son estos ciudadanos que desconocen su responsabilidad para con los usuarios quienes están cargando.

Se entiende la necesidad, de cobrar el pasaje para hacer el debido mantenimiento a las busetas, algo que no siempre se cumple, pero los usuarios que sufrimos la nefasta crisis vivida entre los años, 2016-2020, de falta de camionetas que tristemente eran sustituidas por camiones inclusos en mal estado, tenemos la esperanza que los transportistas puedan mantener sus carros operativos para contar con el servicio, pero eso no quiere decir, que tengan Derecho de agredir al usuario por solo tener una discapacidad o ser de la tercera edad; recordemos: que el Derecho de uno termina adonde empieza el del otro y el desconocimiento de la ley no exonera de su cumplimiento.

Algunos voceros de la dirigencia del transporte, explican, que a los adultos mayores y personas con discapacidad están exoneradas del pago, y que no se deben maltratar al usuario, pero algunos de sus compañeros incumplen estas disposiciones.

Quién suscribe este artículo, lleva años viajando en diferentes rutas y reconoce que la mayoría de profesionales del volante hacen su trabajo, pero es empañado por los ciudadanos que no hacen su labor de brindar un buen servicio y al parecer no son tomados los correctivos adecuados.

¿Y qué pasó con los artículos: 19, 21, 55, 80, 81, de la Constitución Nacional?

Allí se lee: la garantía del Estado a todos los ciudadanos al goce pleno de todos sus Derechos, la prohibición de todas las formas de Discriminación, la obligación de los funcionarios públicos de proteger a los seres Humanos, la equiparación de oportunidades y el respeto a la integridad de los adultos mayores.

Todo queda en papel, porque una cosa es la que se escribe y otra la que se vive