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La noche del miércoles 17 de octubre de 2018, pasadas las 9 de la noche, la comunidad del barrio El Paraíso, en Puerto la Cruz, Estado Anzoátegui, fue testigo de un acontecimiento que sería exagerado calificar de inusual y extraordinario, sino fuese por la forma que revistió y el impacto que causó, tanto en las víctimas directas del hecho como en quienes lo presenciaron de manera impotente como testigos: armados hasta los dientes, sin identificación alguna y sin mediar protocolos, un grupo de hombres irrumpió en el hogar del trabajador de la industria cementera (Vencemos) y secretario general de Sindicato de Trabajadores Cementeros del Estado Anzoátegui (SINTRACEA), Luis Chaparro, y se lo llevó secuestrado. Todo discurrió bajo la angustia y la impotencia familiar y la mirada no menos impotente de los vecinos. No medió orden de detención alguna que hiciera suponer que se trataba de un procedimiento oficial y no de la acción de un grupo criminal encaminado a asesinar al trabajador. Solo posteriormente, por el destino al que lo condujeron, la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), fue posible enterarse de la naturaleza del cuerpo armado.
En horas de la mañana del día siguiente, jueves 18 de octubre, estaba prevista una concentración obrera, en un punto de la ciudad de Puerto la Cruz, para protestar contra la violación de los Contratos Colectivos por parte del gobierno, demandar salarios dignos y denunciar la situación reinante en las empresas del Estado. La actividad era convocada por la Coalición intersindical e intergremial del Estado Anzoátegui, recientemente formada en la zona metropolitana de esta entidad federal, por Sindicalistas y trabajadores de empresas e instituciones del Estado (Corpoelec, Cantv, Pdvsa, gremio de enfermeras, trabajadores hospitalarios). Luis Chaparro debía hacer acto de presencia en esta actividad para participar junto a trabajadores de la empresa Venezolana de Cementos (Vencemos), Planta Pertigalete. Su ausencia resultó extraña para todos. Antes de las 8 de la mañana, la concentración fue suspendida. Antes de que rayara el medio día del 18, era puesto en libertad por sus captores, pero con dos delitos "imputados" a cuestas: instigación al odio y asociación para delinquir.
El suceso no fue noticia en los medios de prensa oficiales. Pero sí en medios alternativos (por ejemplo, Aporrea), gracias a cuya temprana divulgación el día 18 muchos pudieron informarse de lo sucedido. Los gestos de solidaridad, para con el dirigente sindical y su familia, no tardaron en llegar desde distintas vertientes del espectro político-sindical del estado Anzoátegui y del país, pero muy especialmente desde los propios trabajadores cementeros de la Planta Pertigalete. Delegados de Prevención de la misma Planta, llevaron los gestos a más e introdujeron denuncias del ilegal procedimiento policial ante el Ministerio Publico y la Defensoría del Pueblo.
Y al mutismo de los medios oficiales vino a sumarse (hasta ahora) el silencio de la no menos oficial Central Bolivariana y Socialista de los Trabajadores (CBST), quien a pesar de la gravedad del procedimiento aplicado, no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, ni a nivel estadal ni mucho menos nacional. Pero más insólito, aún, ha resultado la mudez de la Federación que agrupa a los sindicatos de la industria cementera del país, cuya palabra de publica protesta se ha hecho esperar inexplicablemente, tratándose, como en efecto se trata, del más elemental acto de autodefensa frente a una acción que también le amenaza. ¿Acaso semejante mutismo es señal de aprobación del método policial aplicado contra el dirigente de un sindicato que, aparte de formar parte de dicha Federación Sindical, es el de mayor concentración de afiliados en el país? De no ser así, entonces ¿por qué la Central Bolivariana y la Federación de Sindicatos de la industria Cementera no han fijado resuelta y unificada posición frente a tales medios de coerción, contrarios por lo demás a las más elementales garantías y derechos civiles?
No se trata de un hecho menor. La dirección de la Corporación "Socialista" del Cemento, está bajo dirección de personal militar, perteneciente a nuestra Fuerza Armada Nacional; en vista de la condición militar del órgano de inteligencia (DGCIM) que llevó a cabo la detención ilegal y arbitraria del dirigente sindical, cabe preguntarse: ¿no representa una cuestión de principios salirle al paso a semejantes proceder ¿"oficial"?, máxime si estos tienen, o pueden llegar a tener, la condición de medios de "gestión" de la Industria Cementera?
Por lo visto, en circunstancias tan complejas como las que vivimos actualmente, no resulta sencillo hacer pública manifestación de solidaridad de clase frente a un acto de fuerza del Estado contra un dirigente obrero industrial, cuyo mayor pecado ha sido su radicalismo sindicalista y la nula disposición a avenirse a los dictados de los aparatos, sindicales y políticos, del gobierno. Pero la solidaridad, así considerada, no puede ni debe ser un acto reducible a gestos bienintencionados, por sí mismos, quizás, insuficientes para precavernos del infierno al que nos conducen métodos de "gestión" estatal semejantes, precisamente en medio de la putrefacción de un capitalismo bajo cuyos estertores nuestro gobierno tambalea, sin hallar más formula de superación que su religiosa colaboración con el capital privado, incapaz hasta ahora de proporcionarle al país el tan anunciado milagro económico, pero sí para engordarle los bolsillos a la gran burguesía y sus socios menores.
La solidaridad entre los trabajadores no podrá ser completa hasta tanto no se afirme en una perspectiva política común como clase, frente a las grandes reivindicaciones democráticas, nacionales y socialistas que la Revolución puso a la orden del día, pero hoy acusan severas limitaciones, restricciones y retrocesos. La "detención" del dirigente obrero cementero Luis Chaparro (al que no se le conocen antecedentes delictivos asociados a planes políticos sediciosos, sabotajes a la producción, ni por haber quemado a nadie vivo o algo menos semejante, pero sobre el que pesan al momento de su liberación acusaciones de incitación al odio y asociación para delinquir) es, a nuestro juicio, prueba de esos graves retrocesos que sufre la Revolución. Pero si alguna realidad se nos devela con este hecho es que una perspectiva política común como clase, aún no existe en el movimiento obrero o, mejor dicho, no ha alcanzado a concretarse en una entidad que le dé expresión como tal y le dote de capacidad de actuar en consecuencia frente a toda forma de arbitrariedad contra las clases oprimidas.
De la problemática señalada se desprenden tres cuestiones inter relacionadas que merecen considerarse: 1) Contexto político nacional y agitación económico-sindical; 2) Situación productiva en Vencemos-Pertigalete y el carácter selectivo en la aplicación de la ley; 3) Actitud de los aparatos políticos y sindicales oficiales (Psuv y CBST fundamentalmente), ante las protestas y el problema de la producción en Pertigalete.
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CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL Y AGITACION ECONÓMICO-SINDICAL.
Nadie medianamente honesto e informado puede ni debe ignorar, menos aun banalizar, la situación de asedio, en todos los órdenes (político, diplomático, financiero, comercial, etc.), al que está sometido nuestro país, desde los grandes centros de la economía mundial capitalista (EEUU, Europa, Japón), en un frente común encabezado por Washington y cuya expresión en la región latinoamericana es la coalición de gobiernos derechistas denominada el Cartel de Lima. Los efectos de esa larga ofensiva en el desenvolvimiento económico general del país, así como la amenaza de agresión militar que la corona, tampoco pueden desconocerse. En su conjunto, son los factores de un tinglado concebido para destruir al gobierno venezolano y, por vía de consecuencia, aplastar a sangre y fuego todo vestigio de rebeldía sembrada por la Revolución Bolivariana en las masas populares (incluido los trabajadores); sin lo cual se le hace cuesta arriba al gran capital imperialista recuperar la hegemonía perdida en su antiguo "patio trasero".
Al calor de la prueba de fuerzas que tal dinámica de confrontación comporta, el problema de la defensa de la independencia Nacional, así como la preservación del proceso político que la reivindica bajo el principio de la Autodeterminación, se impone como cuestión política y militar de primer orden, de sobrevivencia en toda la línea, cuya sostenibilidad pasa decisivamente por el imperativo de la unidad nacional ante los peligros externos y sus correlatos internos. Pero en un contexto nacional marcado por agudos antagonismos sociales y no menos agudas contradicciones políticas, incluso en la actuación del propio gobierno y en el seno de las fuerzas sociales que lo sostienen, esta unidad nacional, si bien descansa en la conciencia política de grandes sectores de masas del pueblo, también tiende a imponerse desde la lógica de las leyes de la guerra, más que desde la lógica de las leyes de la política. En pocas palabras: se impone como razón de Estado y en los marcos del concepto de guerra de todo el pueblo: único bajo el cual es posible sostener la resistencia a las fuerzas coaligadas de la, como nunca antes, rapaz burguesía internacional. Directa o indirectamente, abierta o sutilmente, desde arriba y desde abajo, dicha razón se instala sobre la marcha de una dinámica social en cuyo seno siguen, aún, sin resolverse muchas de las grandes contradicciones de clases que la Revolución exacerbó y catapultó a la orden del día.
¿Puede el gobierno de un país que ha reafirmado el derecho a la autodeterminación nacional como un principio cardinal y que sobre la base de ese principio vinculó su desarrollo a la perspectiva de edificación del socialismo como alternativa ante la decadencia del capitalismo, precisamente en momentos en que la gran burguesía mundial en crisis apela al uso del lenguaje de la guerra para imponer sus términos en la política mundial, sustraerse a los peligros que el uso de ese lenguaje proyecta sobre su horizonte inmediato y no tomar las medidas de defensa correspondientes? ¿Podrá la clase trabajadora sustraerse a las contradicciones que derivan de esa situación, frente a cuyos influjos, además, no tiene una perspectiva política común?
No es ocioso señalar que en nuestro país, como en ningún otro del continente americano, lo que ha estado en abierta disputa, a lo largo de estos años, es el poder político, el control y dirección del Estado: centro de definición estratégico del contenido y orientación de clase de la política nacional. Y el teatro de operaciones de esa disputa, sin desenlace aun, se ha localizado centralmente –desde hace buen rato- en el campo de la economía, de la producción. Aquí, las clases han medido sus respectivas fuerzas y la resultante proyecta hoy a un gobierno que no ha encontrado más opción que la de experimentar "soluciones" en el terreno de los intereses del propio capitalismo, sin que por ello mermen en nada la presión y la agresión sobre el pueblo y el propio gobierno. Este curso no puede de dejar de tener su respectivo correlato en el mundo del trabajo, especialmente en las empresas estratégicas de carácter estatal.
Tales son (grosso modo) alguno de los rasgos del contexto político en el que se hallan inmersas las protestas económico sindicales ya señaladas. Quiérase o no, su dinámica interna, de un modo u otro, estampa sus huellas sobre el alcance de las aspiraciones de las expresiones político-sindicales que las enarbolan. Pero ¿significa acaso esto que tales protestas por un salario acorde al precio de la canasta básica y las denuncias de violación de los Contratos Colectivos por parte del gobierno, constituyen delitos, dignos de castigos sumarísimos como el que le aplicaron a Luis Chaparro? En lo absoluto. Lejos estamos de suscribir tal tesis y semejante proceder.
No puede haber delito en el hecho de reclamar un salario digno, cuando lo que se ha puesto en juego con la exacerbación de la crisis económica es la propia supervivencia del pueblo trabajador, que se ve peligrosamente expuesto a los rigores de las penurias y la degradación social; mucho menos puede haberlo (delito) en la denuncia de violaciones a Contratos Colectivos cuando, en efecto, producto del manejo unilateral de los efectos de la reconversión económica en materia Contractual, el gobierno vulneró contenidos fundamentales en materia de Contratos Colectivos. A este respecto, el tartamudeo y la ausencia de sindéresis en los jerarcas de la CBST al momento de explicar este espinoso asunto, desde un primer momento, ha constituido toda una confesión de parte, respecto a ese manejo unilateral desde "alto gobierno", como también de la condición de cómplice necesaria de la Central Bolivariana en su perpetración.
El problema de las protestas (caso Anzoátegui) que demandan un salario acorde al precio de la canasta básica, denuncian violación de los Contratos Colectivos y exigen "la salida de los militares de la industria cementera", es que no plantean una perspectiva de clase para el conjunto de los trabajadores, frente a problemas no menos graves que vive la nación venezolana, como, por ejemplo, la situación productiva de las empresas estatales, en las que no pocos trabajadores intuyen un peligro que pone en riesgo la permanencia de la propia fuente de trabajo y del propio proceso político que las reivindicó como patrimonio del pueblo. En tal sentido, las demandas han quedado atrapadas en un radicalismo sindical, cuyas consignas, apuntadas exclusivamente contra el gobierno Bolivariano, sí bien pueden atraer a uno que otro trabajador legítimamente descontento, hacen lo propio también con sectores, no solo ajenos a los intereses de la clase obrera como tal, sino políticamente afines a la derecha política y empresarial, siempre proclives a capitalizar las legitimas demandas populares en favor de campañas de propaganda con fines particulares inconfesables.
En pocas palabras: en los marcos de una aguda confrontación política, no deslindan el legítimo descontento económico de los trabajadores, respecto de los sectores contrarrevolucionarios dispuestos a capitalizarlos, sumando a sus reivindicaciones económicas inmediatas otras reivindicaciones no menos pertinentes, como el control obrero de la producción en el sector privado y la gestión directa de las empresas estatales por los propios trabajadores, a pesar de que el estado de estas empresas (por ejemplo Conferrys, Pdvsa, Pertigalete, Corpoelec) es denunciada por trabajadores en las concentraciones, pero sin hallar eco entre sus consignas centrales.
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SITUACIÓN PRODUCTIVA DE VENCEMOS-PERTIGALETE Y EL CARÁCTER SELECTIVO EN LA APLICACIÓN DE LA LEY.
Se trata de una situación que precede por mucho las movilizaciones de la Coalición intersindical en la coyuntura actual: deterioro de la infraestructura industrial y caída de la producción a niveles que la hacen financieramente insostenible, constituyen el desolador panorama de la productora de cemento más grande de Venezuela, luego de haber transcurrido 10 años desde su nacionalización en el año 2008.
A lo largo de ese periodo, se fue dibujando una constante que terminó describiendo una línea descendente en todos los órdenes, con sus respectivas secuelas degradantes en el proceso social de trabajo, pero sin que en ese lapso se haya conocido un solo responsable que respondiese por la conducción de la industria a tal estado de cosas, por no hablar ya de algún detenido por la comisión -aquí sí- de semejante delito contra el patrimonio de toda una nación. Y todo esto a pesar de las múltiples denuncias de los trabajadores y su organización sindical (SINTRACEA), a lo largo de esos años. De tal suerte, carreristas políticos elevados con la Nacionalización a la condición de jefes de Juntas de transición de la industria cementera, tan pronto dejaron esas responsabilidades, inmediatamente saltaron a la arena electoral –de la mano de algún partido "del proceso"- para hacerse de un cargo de elección popular y encumbrarse nuevamente, ahora, como diputados en el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui. Mientras, Pertigalete, bajo dirección de una gerencia inmutable, continuaba su marcha al vacio.
Y es así como, en medio del saldo dejado por esta trama, el único "detenido" e imputado con "delitos" graves que se conozca en Pertigalete… es un dirigente sindical, de cuya ascendencia en el seno de su clase no hay ninguna duda, como tampoco de su rebeldía, más allá de coincidencias estratégicas. Porque la labor de la dirección sindical que ha encabezado Luis Chaparro, no comenzó ayer. Tiene casi tanto tiempo como de Nacionalizada tiene Venezolana de Cementos (Vencemos). Y su bautismo de fuego fue con la gestión Corporativa de la tristemente recordada ciudadana Natacha Castillo de Jaua.
A la luz de estos datos, la detención arbitraria de la que fue víctima el Secretario general del SINTRACEA, se nos presenta como el resultado lógico de una conducta corporativa determinada, desde el primer momento, a desacreditar el accionar sindical (tanto por el radicalismo de sus demandas económicas, como por sus tempranas denuncias sobre el curso de la gestión de la empresa) hasta terminar criminalizándole. Tal ha sido, en líneas generales, la trayectoria de fuego que ha marcado su impronta social en la marcha de una industria (Vencemos Pertigalete) cuyo dramático desfallecimiento ha operado en medio del proceso de transición al Socialismo que la retorno a la nación, precisamente con el fin de hacerla más eficiente en todos los sentidos.
El cuadro social resultante de este fenómeno es un trabajador entre exceptivo y descontento frente al gobierno, al que considera represivo y gran responsable de la decadencia operativa que sufre la empresa, pero que no establece relación entre esa situación operativa y la parálisis relativa que conlleva, con la estabilidad del propio empleo y el goce regular de salarios y demás beneficios no menos importantes (por ejemplo, comedor, HCM, incentivos económicos, etc.), que si bien son honrados por el mismo gobierno que cuestiona, al propio tiempo le plantea el problema no menos grave de la permanencia de los mismos (fundamentalmente el trabajo) en los marcos de una industria cuyos resultados productivos no le proyectan una larga sostenibilidad en el tiempo.
El fenómeno resultante tiene rasgos paradójicos: de tal estado de ánimo y de opinión en los trabajadores, no ha emergido una iniciativa superadora que ponga su asiento en el terreno en el que, hasta ahora, no lo ha hecho: la intervención en la gestión directa y democrática de la empresa, a pesar de que esa perspectiva sigue planteada en las consignas del proceso bolivariano como una tarea de la clase obrera. Como se dijo antes, también ha estado ausente en las consignas de las protestas de la Coalición intersindical. En síntesis: ni eficiencia ni altos estándares de producción bajo gestión del Estado, ni control y gestión obrera de la producción.
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ACTITUD DE LOS APARATOS POLÍTICOS Y SINDICALES OFICIALES (PSUV Y CSBT FUNDAMENTALMENTE), ANTE LAS PROTESTAS Y LA PRODUCCIÓN EN PERTIGALETE.
Los elementos de referencia para tener una idea medianamente aproximada de esta cuestión, pueden hallarse en los siguientes datos facticos: 1) en los 2 últimos Congresos de la CBST- capitulo Anzoátegui (Congreso Ideológico-Productivo y el Congreso Constituyente de la Clase Obrera, ambos en este 2018) el tema Vencemos Pertigalete no figuró de ningún modo, ni siquiera a manera de fugaz referencia, en la agenda del día ni en los discursos de la "alta" dirigencia de la central; como si no existiera en un punto concreto de la geografía económica, política y social local. Sobre esta base se han aprobado todos y cada uno de los planes productivos que esta Central ha presentado ante el Presidente N. Maduro. 2) De los encuentros del Psuv, en los marcos de su reciente y aun no concluido IV Congreso, no se conoce documento ni pronunciamiento alguno que dé cuenta de una reflexión y un debate sobre la situación productiva de la industria cementera y sus implicaciones económico sociales para la región. Se trata de una conducta recurrente: el III Congreso no fue la excepción. 3) en un ámbito más plural y democrático, como el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui (CLEA), donde, aparte del Psuv, hacen vida diputados de otros partidos afines al proceso revolucionario (PPT, PCV) el silencio no es menos estridente, rebelándose de este modo el verdadero talante de los pronunciamientos iracundos de algunos de sus voceros nacionales, cuando de "defender" a la "clase obrera" se trata. 4) Por último, y no menos importante, en una instancia tan importante como la Asamblea Nacional Constituyente no ha existido lugar para una voz que se haga eco del drama que tratamos.
Con los antecedentes de esta conducta rodeando la escena político sindical local, es lógico preguntarse: ¿Dónde está el juez que emita sentencia sobre la naturaleza esa conducta, y dónde están los infractores?
A nuestro juicio, si existe algún "delito" en toda esta historia, "delito" de naturaleza eminentemente político, es el de la clausura burocrática del debate militante, desde la clase trabajadora y con la clase trabajadora, como la vía indispensable para avizorar salidas y construir respuestas conjuntas a los problemas sindicales y productivos que nos afectan. Por el curso de esa senda nefasta se ha llegado al encumbramiento de un burocratismo indolente e incapaz, cómodamente alojado en las butacas de las razones de Estado, apoyados en aparatos políticos y sindicales más interesados en vivir de esas razones que en afirmar un camino de transformación revolucionaria desde el mundo del trabajo.
Se puede estar en desacuerdo con el accionar basado en un radicalismo sindical por considerar, por ejemplo, que sus miras no alcanzan a contemplar en toda su justa dimensión el callejón sin salida que sus exigencias plantean si, al mismo tiempo, estas no están unidas a otras reivindicaciones (por ejemplo, la producción) que tracen una perspectiva de salida para el conjunto de la nación, precisamente en momentos en el que las aspiraciones más elementales de las clases oprimidas chocan frontalmente con los intereses y pretensiones de la gran burguesía explotadora nativa y del gran capital imperialista, cuyo concierto para delinquir contra la soberanía e independencia de Venezuela es flagrante y de conocimiento público.
Pero subsumir la solución de tal desacuerdo, en nombre de la producción, a formulas de paz laboral que tienden a convertir al dirigente sindical en un lugarteniente del patrón (público y privado), silenciándose atropellos laborales, desconocimientos de derechos, corruptelas, ineficiencia y otras tantas lacras más; cerrando al mismo tiempo las vías para el debate de esos y otros tantos conflictos, y criminalizando a quien los denuncie, ha demostrado que no solo no ha servido para mejorar la producción y los servicios sino que, por el contrario, ha favorecido su agravamiento, revirtiéndose contra las condiciones de existencia de la población más vulnerable, enajenándose por esa vía el respaldo de sectores combativos en la masa trabajadora, base social de apoyo decisivo del proceso Bolivariano.
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Por graves que sean las amenazas que gravitan sobre el país, por más asfixiantes que sean las condiciones que el asedio propicia de manera inclemente, eso no puede ni debe convertirse en argumento legitimador de la clausura de la búsqueda militante de respuestas desde y con los trabajadores, ni mucho menos para castigar la rebeldía de quienes sufren las consecuencias de la crisis y los "errores" de los que gobiernan.
Derechos laborales, producción y soberanía nacional son los ases de una baraja en la que se juega el porvenir de todo un pueblo. Conjugarlos en una misma perspectiva de clase no es un problema que podamos resolver en la arena de la acción exclusivamente sindical, ni mucho menos en el campo de una acción política timoneada por burócratas parásitos.
La detención arbitraria del dirigente sindical Luis Chaparro ha sido una señal de aviso, más que de aviso de alarma, que todo trabajador y dirigente obrero medianamente consciente, especialmente de la industria cementera nacional, debería atender. Definir una posición común, como clase, frente a esto, para poder salirle al paso, es indispensable. Pero, por sí solo, eso no basta, si no se define igual actitud respecto a la situación productiva de la industria cementera. El presidente de la Republica ha anunciado la transformación del modelo de gestión de las empresas públicas y ha puesto en el núcleo del nuevo modelo de gestión la intervención directa y democrática de los trabajadores. La única manera de verificar el alcance de tal anuncio es tomándole consecuentemente la palabra.
En relación a los delitos de instigación al odio y asociación para delinquir que se le imputan al dirigente sindical Luis Chaparro, solo nos resta decir como el Che Guevara: Solo hay un sentimiento más fuerte que el amor a la libertad, y es el odio contra quien te la quita. ¿Instigación al odio?
Odiar a quien oprime al pobre no es delito, es un acto de rebeldía que debería ser bandera de toda revolución social verdadera. Es tan digno como odiar y "asociarse" contra quien pisotea la patria en la que se nace.
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