El 27 de octubre de 1965 fue localizado en una playa de Lecherías, estado Anzoátegui, el cadáver de Alberto Lovera, miembro del Partido Comunista de Venezuela. Había sido detenido por la Dirección General de Policía (DIGEPOL) y torturado durante varios días.
El 21 de junio de 1966 fue hallado en una celda del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) el cuerpo del célebre líder guerrillero, Fabricio Ojeda. Los militares que lo capturaron afirmaron que Ojeda se había "suicidado", ahorcándose.
El 25 de julio de 1976 murió en los calabozos de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) el militante de izquierda Jorge Rodríguez, padre de los actuales dirigentes maduristas, Jorge Rodríguez (ministro de Comunicación) y Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva. La versión oficial indicaba que el detenido "había muerto de un infarto".
El 8 de octubre de 2018 el concejal de Primero Justicia Fernando Albán "se suicida", lanzándose desde el piso 10 de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Según la versión oficial, el detenido se arrojó por una ventana cuando había ido al baño.
Los cuatro casos anteriores muestran la forma de actuar del poder en Venezuela. En los años ’60 y ’70 se cometieron excesos y abusos de derechos humanos contra militantes de movimientos de izquierda. La doctrina de contención del comunismo era implacable ante cualquier pretensión de tomar el poder o desestabilizar los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, mediante la subversión armada.
En esta quinta república, que ha dado un giro abiertamente fascista y de confiscación de todos los derechos elementales de los ciudadanos, la situación ha cambiado para peor.
Por ejemplo, los funcionarios responsables de la muerte de Jorge Rodríguez fueron apresados, juzgados y condenados a treinta años de prisión, sin atenuantes. Hasta los momentos, todas las declaraciones dadas desde el poder absoluto de la neo oligarquía madurista apuntan hacia la impunidad ante este crimen.
El fiscal Tarek William Saab se ha convertido en un verdadero cancerbero de los excesos policiales y las ejecuciones extrajudiciales. Antiguo defensor de los derechos humanos en los años ’80 y ’90, el poeta ha cambiado su pensamiento progresista por un actuar de complicidad descarada. Señalar que el malogrado concejal, estando detenido, se levantó de una mesa y corrió hacia una "ventana panorámica", lanzándose, sin que ningún funcionario intentara detenerlo, resulta ridículo y ofensivo. El "fiscal" debería ordenar una investigación transparente pero, en lugar de eso, pretende defender a unos esbirros que actúan como oficiales de la Gestapo hitleriana.
Otro comentario que indigna es el del presidente de la ANC, el todopoderoso e intocable, Diosdado Cabello, quien considera ofensiva la postura de la oposición de "no respetar la decisión de una persona de quitarse la vida". Cuando un político de este nivel expresa comentarios tan cargados de cinismo, resulta evidente el irrespeto hacia el pueblo y el claro mensaje de impunidad hacia ese cuerpo de torturadores en que se ha convertido el SEBIN.
Es lamentable que la vieja política de secuestro y asesinato de disidentes, que tantas familias enlutó antes de la llegada de Chávez al poder, se mantenga y se repotencie, con el auspicio de Nicolás Maduro y su círculo de colaboradores. Tanto las torturas y ejecuciones de la cuarta como las de la quinta república deben ser condenadas y repudiadas. Emplear un discurso revolucionario y de inclusión para justificar abusos y terrorismo de Estado es inaceptable y demuestra el talante reaccionario de la actual cúpula gobiernera.
*Luchador Social
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