Hace unas semanas el Anuario del Conflicto Social de la Universidad de Barcelona (España) publicó nuestro "Balance de muertes violentas ocurridas en el contexto de la conflictividad política en Venezuela durante abril-julio de 2017". Al haberse cumplido un año de estos acontecimientos, es propicia la ocasión para insistir en la importancia de documentar todo lo que viene sucediendo durante estos años; no solo como ejercicio académico de sistematización, se trata también de hacer un aporte para la construcción colectiva de la memoria, esta última tarea es fundamental en estos tiempos.

El ejercicio realizado está basado en los registros publicados por el Ministerio Público en el informe llamado Balance de víctimas fallecidas y lesionadas durante manifestaciones desde el 6 abril al 27 de julio de 2017, en el que se describe detalladamente los perfiles de 109 víctimas. Es de advertir que posteriormente se registraron otras muertes. Así por ejemplo, el mismo día de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente (30 de julio) el propio Ministerio Público informó de 10 personas fallecidas. Esta misma institución a través de tuits y notas de prensa publicadas en su página web -que ya no se encuentran disponibles-, informó sobre la muerte de 128 personas sin dar mayores detalles sobre las víctimas, circunstancias y presuntos responsables. Otras fuentes como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabiliza unas 163 hasta el 13 de agosto. A un año de estos hechos aún persiste la imprecisión en cuanto a las cifras de la conflictividad política de 2017.

No obstante, el mencionado informe del Ministerio Público es el que ofrece los datos más completos y fidedignos. Lamentablemente, luego del asalto militar que sufrió esta institución el 5 de agosto del pasado año, esta información fue eliminada de su página web.

Con esa base de datos original se realizó una caracterización de la violencia mortal, así como de las víctimas de la misma, durante los cuatro meses de conflicto.

El promedio es prácticamente de un fallecido por cada día de conflicto (109 víctimas en 112 días). Desde lo situacional puede afirmarse que es una violencia que ocurre en el espacio público y que tiene como principal instrumento las armas de fuego (71%), la mayoría de las muertes ocurrieron en el contexto de manifestaciones (84%).

En al menos un 21% de estos casos hubo responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, en un porcentaje aún mayor se pudo evidenciar el ataque de civiles armados contra los manifestantes (24%). Días después, la Fiscal General destituida informó que un 25% de estas muertes fueron responsabilidad directa del Estado y 40% fueron cometidas por civiles armados. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) reveló en su informe, que en relación a 124 muertes registradas, 46 (37%) habían sido cometidas presuntamente por fuerzas de seguridad y 27 (22%) por grupos armados.

Según los datos analizados en el informe del Ministerio Público el cuerpo de seguridad vinculado a la mayor cantidad de casos fue la GNB (52%), seguida de las policías estadales (17%) y las municipales (13%). En los primeros 2 casos es de esperarse ya que son cuerpos con competencia en materia de control de manifestaciones, en este sentido, llama la atención que las policías municipales, que no tienen esta competencia, tengan más casos que la PNB (9%) que sí las tiene.

Asimismo, preocupa cómo la mayoría de las muertes cometidas por funcionarios involucraron a la GNB, siendo esta instancia subsidiaria y auxiliar a la PNB en esta materia, que debe supeditarse a la autoridad civil. Este dato puede ser un indicador para evaluar si realmente la GNB está respetando los protocolos de actuación correspondientes, o si por el contrario, incumple con la normativa policial para imponer lógicas militares en el desempeño de labores policiales.

Por otra parte, el total de funcionarios fallecidos fue de 7, lo que representa el 6,4% de las víctimas totales. Ello indica que no todas las manifestaciones fueron pacíficas; por el contrario, en algunos casos se tornaron violentas e incluso delictivas. Así por ejemplo, pudieron contabilizarse 13 personas fallecidas en intentos de saqueo, representando éstas un 12% de las muertes totales.

También puede apreciarse que el número de lesionados supera las 1.934 personas, 61% como consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado. Este es un indicador de la calidad de la actuación policial y militar en el control de las manifestaciones. El análisis nos muestra que los funcionarios fallaron en cumplir con los estándares del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza, infringiendo los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.

La obstaculización de vías también generó situaciones de conflictividad que ocasionaron 13 muertes por arrollamientos y accidentes de tránsito, lo que se ubica como la segunda causa de las muertes analizadas (12% de la conflictividad en general y 14,4% de las ocurridas en el marco de las manifestaciones).

Por uso indebido de bombas lacrimógenas murieron 4 personas, ya sea por impacto directo (2) o por asfixia (2). Tres personas fallecieron por explosivos y 2 personas fueron linchadas y quemadas (1,8%).

En cuanto al perfil de las víctimas el 93% son hombres, su edad promedio era de unos 27 años. El 34% pertenecía a la clase trabajadora y un 27% eran estudiantes, estos 2 sectores constituyeron el perfil mayoritario de las víctimas (61%). Destaca, además, cómo los cuerpos de seguridad fallaron en su función de proteger a las poblaciones vulnerables, al incluirse 13 menores de edad y un discapacitado entre las víctimas.

Los estados con mayor cantidad de víctimas son el Distrito Capital (24%), Lara (15%), Carabobo (9%), Miranda (9%), Zulia (9%), Barinas (8%), Mérida (8%) y Táchira (7%). Estos 8 estados suman el 90% de las víctimas fatales.

En cuanto a la respuesta institucional, en el 91% de los casos en los que estaban involucrados funcionarios se tenía la identificación del organismo responsable. En el 48% los funcionarios involucrados estaban identificados e imputados, sumando un total de 34 funcionarios, de éstos 31 fueron privados de libertad, esto significa que en un 35% de estos casos se privó de libertad a los presuntos responsables. Solo en 2 casos (9%) los funcionarios habían sido acusados.

Si bien casi la mitad de los funcionarios implicados han sido identificados, al menos en un 52% de los casos éstos se encuentran en total libertad. Por su parte, la Fiscal General reveló en agosto de 2017 que en el 60% de los casos en los que hubo responsabilidad directa del Estado los organismos correspondientes no habían ejecutado las órdenes de aprehensión de los presuntos responsables, fenómeno que pudiera demostrar los niveles de solidaridad automática entre funcionarios y la ausencia de efectividad de los controles internos y externos de la actuación de los cuerpos de seguridad. Así como tolerancia de las autoridades con este tipo de conductas.

No se puede perder de vista que grupos de civiles armados fueron responsables de –al menos- 24% de las muertes, número que luego aumentaría a 40% de acuerdo con revelaciones de la Fiscal General en agosto. Además de implementar las medidas para que dichos grupos dejen de actuar con la aquiescencia de los cuerpos de seguridad, debe exigirse la resolución de los casos en los que están involucrados, en muchos de los cuales no queda claro el vínculo de los mismos con los funcionarios estatales. Esta indagación cobra importancia cuando de 26 casos, solo en 7 (27%) hubo victimarios identificados, de los cuales 5 fueron privados de libertad, y apenas 1 fue acusado. Esta modalidad pudiera expandirse debido al manto de impunidad que puede traer consigo.

El Ministerio Público actual, si bien ha publicado información sobre la actualización del avance de algunos casos, no ha revelado una lista consolidada de las víctimas, sus perfiles, las circunstancias y los responsables de sus muertes. En este sentido, el análisis realizado en este trabajo se basó en información provisional que no refleja la totalidad de los sucesos. La publicación de esta información continúa siendo una deuda pendiente.

La ley es muy clara: los cuerpos policiales deben encargarse de garantizar el derecho a la vida, el derecho a la reunión pacífica, el derecho a la libertad y el resto del conglomerado de los derechos humanos de las personas. Para cumplir con la garantía de derechos, se han definido parámetros, reglas y normas que los funcionarios están obligados a seguir. El análisis sobre la conflictividad venezolana en el 2017 reflejó que los cuerpos de seguridad son responsables de la muerte de al menos 23 personas que, por el contrario, debían haber protegido.

Falta esclarecer las circunstancias y responsables de la mayoría de los casos. Es así como, por ejemplo, la ACNUDH ha establecido que no ha podido precisarse la información sobre la identidad de los responsables de 51 muertes. En este sentido, debe exigirse la responsabilidad inmediata de todos los implicados.

En la medida que haya mayor transparencia y debida diligencia, tanto en la investigación y resolución de la totalidad de los casos, como en la publicación de la información de los mismos, mayores posibilidades habrá de que las víctimas obtengan justicia y que se garantice la no repetición de la violencia institucional y la violación a los derechos humanos de los venezolanos. La activación de los controles institucionales, la contención del poder bélico y la adjudicación de responsabilidades, cobra especial importancia en un contexto donde la crisis institucional, política, social y económica se agudiza, lo que posiblemente genere nuevas olas de protestas.

En el momento de escribir estas líneas se cuentan al menos 12 personas fallecidas en el marco de protestas en lo que va del año 2018. Adicionalmente, las fuerzas de seguridad protagonizan a diario una masacre por goteo de los jóvenes pobres de nuestros barrios, cuyo saldo letal es muy superior a las cifras que hemos analizado en este espacio. La información, la caracterización de los eventos y las víctimas, así como la denuncia pública, la exigencia del procesamiento de los responsables, son herramientas fundamentales para evitar que este tipo de excesos se sigan expandiendo. Esperamos que estas líneas puedan ser de alguna utilidad para este objetivo.

Puedes ver el informe completo en este enlace: https://www.academia.edu/37184267/Balance_de_muertes_violentas_ocurridas_en_el_contexto_de_la_conflictividad_pol%C3%ADtica_en_Venezuela_durante_abril-julio_de_2017

 

-Anexos para infografías-

1. Total de fallecidos: 109 personas en 112 días, prácticamente una persona fallecida por día.

Fuente: Keymer Ávila

• Fallecidos en el contexto de manifestaciones: 92 (84% de las muertes totales en el marco de la conflictividad)

Fuente: Keymer Ávila

• Muertes provocadas por la intervención directa de las fuerzas de seguridad del Estado en el contexto de manifestaciones: 23 (26% del total de las muertes en manifestaciones y el 21% de las muertes generales de la conflictividad callejera).

Fuente: Keymer Ávila

• Muertes provocadas por civiles armados en el contexto de manifestaciones: 26 (representa porcentajes mayores que las muertes por intervención de la fuerza pública: 24%). Las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos civiles armados son responsables de casi el 50% de estas muertes.

2. Perfil de las víctimas

Fuente: Keymer Ávila

• Entre las víctimas se encuentran 7 funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: 1 policía municipal, 3 policías estadales y 3 Guardias Nacionales, lo que representa el 6,4% de las víctimas totales (y un 7,6% de las fallecidas en manifestaciones). Un porcentaje superior lo ocupan los comerciantes y vendedores.

Fuente: Keymer Ávila

3. Lesionados

• Por derechos fundamentales: 1.177

• Por delitos comunes: 704

• Por protección integral de la familia: 53

• Totales: 1.934

4. Víctimas de homicidio por Estados

Fuente: Keymer Ávila