Elecciones municipales y seguridad de la nación

En la geopolítica el sistema mundo capitalista las elecciones municipales del 10D en Venezuela adquieren una trascendencia que va más allá del ámbito doméstico o local puesto que toda actividad política de la Revolución Bolivariana es monitoreada por la derecha internacional y a partir de allí se diseña y ejecuta con sus aliados internos el plan de agresión contra nuestro país que incluye bloqueo financiero, campaña mediática de descrédito, solicitud de activación de canal humanitario, entre otras.

En el marco de la conformación de estos bloques mundiales de la derecha que arrecian contra nuestro país con el propósito de acabar con el proceso revolucionario, tal es el caso de la Unión Europea; el grupo de Lima; México, Colombia y Argentina; y claro está el hegemón actual EEUU con sus órdenes ejecutivas y la aplicación de sanciones, el voto adquiere una dimensión geopolítica que debe ser percibida por el elector llano.

En las próximas líneas intento exponer la conexión y correspondencia que existe entre la gestión de gobierno municipal y la Seguridad de la Nación, no sin antes dedicar una reflexión necesaria que le da contexto a la explicación de los argumentos que despliego más adelante.

En primer lugar, es justo decir que las elecciones municipales son la elección n°23 en los 18 años que va del proceso revolucionario, más de una (1) elección por año siendo esta la tercera en menos de seis (6) meses con lo que se cae la matriz de opinión internacional de que en Venezuela hay una dictadura y no se realizan elecciones, como la catalogó desde la ONU el presidente de EEUU Donald Trump "una dictadura socialista inaceptable". Nada mas alejado de la realidad.

En segundo lugar, la credibilidad y confianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) queda nuevamente demostrada y respaldada por las venezolanas y los venezolanos y mas aun por las fuerzas políticas que hasta la saciedad han puesto en duda el sistema electoral con el que han ganado elecciones pero al que descalifican cuando los resultados no le son favorables y además con el mismo cuerpo rectoral que han vilipendiado a sus anchas, posición repugnante en la que insisten algunos personeros de la oposición.

Y en tercer lugar y no por ello menos importante, la voraz apetencia de poder que se puso de manifiesto en algunos "aspirantes" a candidatos que no por legítimas sus aspiraciones, podemos aceptar como válidas y justificadas las formas de hacer su campaña para "ganarse" un sitial en el tarjetón electoral y la aceptación de las y los votantes, reflejando la miseria humana que solo deja en evidencia que cuando se carece de virtudes y argumentos irrefutables cualquier treta es válida. Y qué decir de la superestructura, de "la maquinaria" que al mejor estilo adeco pretende imponer candidaturas, aplastar y anular cualquier iniciativa que goce del apoyo del pueblo. No es cierto que la maquinaria lo es todo, pero sin duda es un invaluable recurso para ganar elecciones, el detalle está a quién se le endosa esta supra-estructura. En todo caso, en lugar de recurrir a descalificaciones y acusaciones de traidores o divisionistas, es hora de obedecer al pueblo quien reclama ser escuchado y que su decisiones sean tomadas en cuenta, esto siempre es y será mejor que la decisión más "brillante" de la que pueda precisarse una alta y curtida dirigencia o el buró de cualquier partido. Se trata de ejercer el poder obediencial como diría Evo Morales.

No es ético que en la pretensión de desmeritar una candidatura se caiga en el burdo argumento de aminorar una fuerza política calificándola de "minipartido" (¿querrán decir insignificante partido?) como que si solo los "maxipartidos" tuviesen derecho o son la única potencia legal y legítima de inscribir candidatura o peor aún, pasando por alto que existe el Gran Polo Patriótico que reúne a "minis" y "maxis". A quienes aducen este planteamiento les va bien preguntarles ¿y es que acaso los "mini" no tienen derecho? ¿Acaso hay un garantismo VIP? Lo que queda en evidencia es que no hubo acuerdo entre las distintas fuerzas revolucionarias y ahora toca ir a las elecciones municipales con varias candidaturas. Es hora de mostrar que realmente creemos y practicamos el principio constitucional de la democracia participativa y protagónica y confiemos al Soberano la decisión de elegir a sus candidatas y candidatos. Ojalá se aprenda la lección que deja esta elección.

Dicho esto, estas 335 elecciones del venidero 10 de diciembre van mas allá de una silla local o la gestión por el ornato, reparación de calles y avenidas, el alumbrado público, el control del tráfico vehicular, el cobro de impuestos, entre otras competencias que tienen los Alcaldes. Un Alcalde tiene competencia y es corresponsable del orden público de su ciudad.

En nuestra memoria colectiva están vigentes los hechos que desde mediados de abril y hasta julio del presente año perturbaron la paz de las ciudadanas y los ciudadanos, alteraron el orden público, generaron zozobra en la población y pretendieron desencadenar una escalada de violencia generalizada en el país con la que se amenazaba el orden interno. Con "las guarimbas" se desequilibró el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de las personas al punto que diligencias o rutinas personales y familiares quedaron a merced de éstas. Las investigaciones sucesivas demostraron que gobernantes municipales eran cómplices de estos hechos y peor aún destinaron recursos de las Alcaldías para financiarlos, prestaron las instalaciones de instituciones locales para resguardar material delictivo y hasta giraron instrucciones a las policías locales para favorecer "las guarimbas" o consentir que estas se propagaran.

En la actualidad la oposición tiene alrededor de 80 Alcaldías (menos del 30% de las Alcaldías país), de las cuales al menos 15 o bien son capitales de Estado ( Maracaibo, San Cristóbal, Mérida, Barinas, que conforman la media luna) o representan centros urbanos o comerciales de alta incidencia en la dinámica social, es el caso de Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo en Miranda; Lechería- en Anzoátegui; San Diego en Carabobo; Porlamar en Nueva Esparta que se tomaron como focos de alteración del orden público para transmitir al mundo que en Venezuela había caos público generalizado, un estado de ingobernabilidad y por ello se justificaba la intervención, cuando en realidad eran cuatro calles o esquinas dispersas en las que se concentraba "la guarimba".

Supongamos un escenario en donde la derecha golpista-guarimbera tuviese la mayoría de las Alcaldías del país o aquellas que son de carácter estratégico por su ubicación geográfica o actividad económica. ¿Representa alguna amenaza para la Paz de la nación los municipios gobernados por la oposición? ¿Puede utilizarse el gobierno local como instrumento para desestabilizar al país? Los hechos recientes demuestran que sí, prueba de ello fue lo ocurrido en Chacao, Sucre y Lechería, por mencionar solo tres municipios donde se asesinaron personas de la manera más macabra.

De manera que, el Pueblo ha de tener presente que una Alcaldía es el primer entorno de gobierno y puede convertirse en una instancia para el buen vivir y la paz de los ciudadanos o puede ser el bastión portentoso desde donde se prende la mecha de la alteración del orden público. Esto cobra mayor vigor si se trata de Municipios fronterizos con Colombia o Brasil que sirven de entrada de paramilitares y en cuyos territorios se comenten diversos delitos que vulneran nuestra seguridad ciudadana y Soberanía convirtiéndose en "mercados" para la venta ilegal de alimentos, medicamentos y combustible; tráfico de drogas, extracción y canje ilegal de nuestra moneda, contrabando de minerales y pare de contar las violaciones a las leyes venezolanas que a diario se comenten en las zonas fronterizas.

Este peligro está latente, tanto en municipios fronterizos como en los urbanos y constituye una amenaza potencial a la seguridad ciudadana, el orden público y el orden interno de nuestra nación, por lo que la decisión de elegir un Alcalde debe trascender el mero hecho de optar por quien administre los recursos locales para tapar huecos de calles y avenidas, poner orden en la circulación vehicular o embellecer los espacios públicos, sino que se trata del primer ámbito de gobierno con responsabilidad en la Seguridad de la Nación.

El artículo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela claramente señala que la seguridad ciudadana es una competencia concurrente de los Estados y Municipios y en este sentido, es deber de éstos contribuir al mantenimiento del orden interno conjuntamente con los cuerpos de seguridad que disponga el Ejecutivo Nacional.

Quien resulte elect@ por el pueblo tendrá competencia directa en materia de seguridad ciudadana y orden público, de manera que una Alcaldesa o un Alcalde está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley en favor del mantenimiento del equilibrio social y no puede utilizar su embestidura ni los recurso públicos ser un agente al servicio del plan de desestabilización del poder del hegemón.

@mavilab

avilamn@gmail.com



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