Transcurridos de tres meses de acciones violentas promovidas por la Mesa de la Unidad Democrática con el objetivo de derrocar el gobierno constitucional bolivariano, hay ciudades del país que muestran signos de evidente deterioro en sus áreas residenciales y comerciales con restos de basura y escombros esparcidos en calles y avenidas; creciente daño a la infraestructura e instalaciones públicas incendiadas o con vidrios apedreados, vallas de seguridad vial y postes de luz arrancados de cuajo, paradas de transporte destrozadas, árboles derribados, comercios con signos del saqueo sufrido en algún momento, paredes pintarrajeadas con consignas políticas e insultos y un sinfín de otros signos de la violencia vivida.
Asimismo, los ánimos han venido crispándose y la convivencia social antes pacífica muestra jirones, sobremanera la llamada clase media tradicional, acicateada por las redes sociales y los medios de comunicación inundados con todo tipo de mensajes e imágenes que mueven al odio, malestar social, discriminación y posturas políticas contrarias al bolivarianismo y chavismo y sus bases de apoyo popular.
Tres meses de terca violencia y de continuados llamados a la desobediencia civil que como una enfermedad han pretendido ir minando progresivamente la salud, apareciendo en el cuerpo social por aquí y por allá síntomas que restan la fuerza física y moral del enfermo. De eso se trata, tres meses provocando una forma de guerra prolongada con el objetivo de conducir un presunto colapso del cuerpo social y del Estado buscando la salida del golpe de estado o una guerra civil que calculan sea corta con la ayuda de la intervención extranjera.
Pero de vuelta al punto, la generación de las condiciones necesarias para una vida digna en hábitat urbanos que sean democráticos, inclusivos, sustentables y sin discriminación adquiere particular importancia en el caso venezolano, pues el ochenta y dos por ciento de la población es urbana, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El Derecho a la Ciudad conforma el nudo crítico del régimen de derechos fundamentales que se despliegan en el derecho a la paz cívica y la seguridad personal, de participación política, de identidad y tránsito, a la igualdad de género, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los derechos públicos básicos de proximidad, de libertad de conciencia, de reunión asociación y sindicación, culturales y educativos, de derecho a la alimentación, vivienda y domicilio y el desarrollo urbano sostenible para mencionar algunos de los más reconocidos. Todos ellos van desenvolviéndose en los espacios y ámbitos que conforman la ciudad y la cultura urbana: las calles y avenidas por donde transitamos, las oficinas públicas donde realizamos infinidad de trámites, los parques y áreas verdes donde nos recreamos, las instituciones bancarias, comercios y las viviendas donde residimos o el transporte público que utilizamos a diario.
No obstante, por espacio de tres largos e interminables meses, el cálculo de los sectores de la derecha ha sido que la estrategia de la ofensiva final llevada a cabo en forma articulada con tácticas de violencia que tantas vidas han costado y de las que no se responsabilizan, darían fruto y con el apoyo foráneo llevarían al traste el gobierno del Presidente Nicolás Maduro señalando el fin del proyecto bolivariano y socialista.
La violencia implícita en la estrategia de la ofensiva final ha ignorado, atropellado y violado los derechos fundamentales de la mayoría de los venezolanos y su expresión en el Derecho a la Ciudad. En efecto, los reiterados llamados de la dirigencia opositora de la MUD a la desobediencia civil socavan la constitucionalidad democrática y la paz pública; la alianza forjada por la derecha con bandas de delincuentes y la organización de grupos violentos son amenazas a la integridad física y la seguridad personal de vecinos y transeúntes, cuando no la incitación a la comisión de crímenes de odio; la colocación de barricadas violentan el ejercicio al libre tránsito y configuran el delito de ecocidio por el daño cometido al medioambiente; los destrozos de oficinas públicas de identificación, centros hospitalarios, almacenes de alimentos y entes ministeriales o los saqueos de comercios lo mismo afectan negativamente el derecho a la vivienda, la salud, el ejercicio democrático del derecho al voto o la seguridad alimentaria y la propiedad privada; los mensajes intimidantes, de guerra y falsas informaciones o fake news que circulan por las redes sociales son contrarios al derecho a la información veraz, equilibrada y la comunicación libre y plural, pero además afectan nuestra integridad moral, el respeto mutuo que debe privar en la convivencia social y la protección a los niños, niñas y adolescentes en su formación.
Todas estas transgresiones han vulnerado e impedido reiteradamente el ejercicio del conjunto de derechos que convergen en el Derecho a la Ciudad. Cabe entonces plantear en el marco de la Constitución vigente y el Estado de Justicia Social que ella consagra: ¿Qué responsabilidad y de qué tipo tienen los dirigentes y organizaciones políticas por las violaciones ocurridas a los derechos de los demás y cuáles instancias deben actuar sin más demora o habría que crear?, ¿Puede acaso escudarse una autoridad o persona en investiduras e inmunidades para incitar o bien actuar con impunidad y transgredir los derechos fundamentales de la ciudadanía?, ¿Son suficientemente fuertes y vigorosas las instituciones y el ordenamiento jurídico existente que regula los casos ocurridos a las violaciones de los derechos fundamentales que fundamentan el Derecho a la Ciudad y en caso contrario, como habría que fortalecerlos?. Estas interrogantes son pertinentes como puntos de agenda en el debate de la Asamblea Nacional Constituyente que en breve se instalará, pues el propósito de la paz ha de tener como cimientos la protección y observancia de los derechos fundamentales que recíprocamente debemos reconocernos con la garantía de un Estado de Justicia Social, democrático, popular y de Derecho fuerte.