Con el título que nos apropiamos del escritor Ernesto Sábato nos vamos a referir al estremecedor informe final de la Comisión para la justicia y la verdad que tuvo a su cargo la esclarecedora investigación científica y profunda sobre los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones a los Derechos Humanos a partir de 1959 en el gobierno de Rómulo Betancourt; Sábato presidió una comisión similar en Argentina después de las crueles dictaduras militares, signatarias del llamado "Plan Cóndor", con apoyo de los Estados Unidos y formados en la tristemente célebre Escuela de las Américas en Panamá donde aprendieron a torturar y a matar.
El citado Informe publicado por la Fiscalía General de la República y encabezado por su titular Luisa Ortega Díaz, reúne 1.000 páginas donde se menciona a las víctimas y a los victimarios; los Teatros de Operaciones donde toda violación a los derechos tuvo su asiento; allí están anotados militares de alto, medio y bajo rango; civiles comprometidos con los cuerpos policiales como la desaparecida Digepol, equivalente a la Seguridad Nacional de la dictadura perezjimenista; el Sifa, los cuerpos paramilitares, los izquierdistas conversos y los soplones gratuitos que nunca faltan.
Del voluminoso texto se desprende que hubo en el país en el período citado 10.071 víctimas, prevaleciendo en la estadística el antiguo Distrito Federal y el estado Falcón con el mayor número; el 30% fueron estudiantes, el 29% eran obreros y trabajadores especializados. En Aragua se contaron 361 víctimas. En cuanto a asesinatos la estadística contó 1.412 y 459 en la figura de desaparición forzada; nunca aparecieron cuerpos o personas, ni vivos ni muertos.
¿Cuáles fueron las víctimas de Aragua? El primero fue Pedro Ramos Núñez, estudiante de agronomía asesinado en Maracay de un tiro dentro de la UCV en 1961 y se sindicó a un grupo de pistoleros, trabajadores de la empresa Cadafe. No hubo detenidos; los hermanos Ramón y Andrés Pasquier Suárez, trujillanos residentes en Villa de Cura desde niños, huérfanos de padre y estudiantes universitarios. Ramón Pasquier fue detenido el 26 de noviembre de 1965 cerca de San Juan de los Cayos (Falcón) en una alcabala móvil de la Guardia Nacional a las órdenes del capitán Justino Ramón Segovia y el sargento Félix Heriberto Silva; Ramón era integrante del frente guerrillero José Leonardo Chirino; nunca se supo a cuál lugar fue remitido, su cuerpo no apareció nunca a pesar de las diligencias de su madre doña Ana Suárez de Pasquier y del diputado José Vicente Rangel. Su hermano Andrés Pasquier fue detenido junto con el dirigente de izquierda Felipe Malaver el 12 de octubre de 1966 en Guanare y trasladado al Teatro de Operaciones número 3 en Urica. Ninguno de los dos apareció. De Andrés Pasquier supieron sus familiares que fue amarrado de un helicóptero y llevado colgando en pasaje rasante por una montaña y los árboles lo fueron destrozando.
Un oficial de las FAN de entonces escribió en el libro de novedades sobre el bombardeo sistemático a las montañas donde había guerrillas y el uso del tenebroso Napalm: "La actual verdosidad (la palabra correcta es verdor) de la vegetación facilita el uso de bombas Napalm sin peligro de incendios forestales ni riesgo para las tropas". El Napalm fue muy usado por las tropas norteamericanas en Vietnam, arrasando campos y personas que aún se resienten de su uso.
Son muchos los oficiales y civiles de los cuerpos de seguridad implicados en asesinatos y torturas sin que surgieran organismos de los Derecfhos Humanos a estudiar la grave situación en Venezuela en los años sesenta-setenta fundamentalmente. Figura en la lista el coronel Luis Araque Rojas, quien ordenó la quema del pueblecito de Villanueva, en las montañas del estado Lara; fue director del Sifa. Olinto Oyuela de Armas, de la Digepol, quen participó en la muerte del revolucionario Jesús Vásquez Finol y en la detención de David Nieves e Iván Padilla Bravo, que fue hasta hace poco Viceministro de Cultura; Oswaldo Suju Rafo, general de división luego, estuvo como plaza de los Teatros de Operaciones 1, 2, 3 y 5. El chingo Rafael Rivero Muñoz, comisario de la Digepol y de la PTJ; cruel torturador sin escrúpulos en el TO-5 Yumare en 1970; hasta hace poco fue columnista del diario y la revista de Rafael Poleo; Tcnel. Sebastián Rodríguez Cáceres, comandante del Destacamento de la GN responsable de la desaparición y asesinato de Ramón Pasquier. Tulio Guerrero Araujo, jefe de la delegación de la Disip en Aragua, torturador y acusado de la muerte de Emil Leobaldo Figuera; Víctor Molina Vargas, general de división, comandó el TO-3 en 1965; responsable de muchos asesinatos; fue comandante del Ejército en el primer gobierno de C. A. Pérez.
Del fusilamiento del comandante guerrillero Víctor Soto Rojas, de Altagracia de Orituco se sindica a los oficiales Héctor Peña Peña, que llegó a ser comandante del Grupo de Artillería Salóm N° 42 y del cuartel Páez en Maracay; José Tomás Rojas Graffe, de Altagracia de Orituco, Juan Ledezma Ibarra, guariqueño; Francisco de Paula Loreto Rodríguez, calaboceño; coronel Antonio de Rosa Alzuarte, a quien se sindicó en 1948 de intimar la rendición y posterior detención del presidente Rómulo Gallegos, tomándolo fuertemente por un brazo; Iván Rodríguez Sánchez, Simón Luis Tagliaferro de Lima, que fue comandante de la IV División de Infantería en Maracay; mayor, luego general Bernardo Rigores, falconiano, a quien llamaban "Veneno" por su crueldad. Cuando estaba en el T-0 de Yumare, detuvo al revolucionario Dimas Petit a quien plantó frente a un grupo de campesino y dijo en voz alta para que todos lo oyeran, que había venido a ese Teatro de Operaciones no a hacer presos: "sino a matar a hijos de puta como Dimas Petit". Pero Dimas no murió, pero sí le mataron en Falcón a su hermano Leonel en 1967. Bernardo Rigores comandó el grupo militar que capturó y dio muerte al llamado Comandante Montenegro, el guayanés José Grisel Somoza en 1970 en las cercanías de Cazorla, estado Guárico. Fue sepultado en el cementerio viejo de Calabozo donde le encienden velas.
Seguiremos con este memorial de agravios que es el Informe de la Comisión por la justicia y la verdad, publicado por la Fiscalía General de la República. Hemos leído y anotado las un mil páginas que contiene.