La convulsión social hace estragos en todos los componentes de la cotidianidad. El país languidece aceleradamente en todos los órdenes de lo que una vez fue el Estado, mientras la familia y la sociedad yacen envenenadas por el cianuro político que un gobierno les regó sobre sus vidas.
Atrás, muy atrás quedaron los tiempos en que nuestros niños y adolescentes iban a sus escuelas y liceos con el entusiasmo de aprender, comer y jugar. Ese oxigonio de actividades que deberían ser el vitral de cualquier ser humano, en especial sobre quienes comienzan a respirar los albores del sentido y la praxis ciudadana, así como de valores compartidos en la solidaridad, el respeto, la tolerancia y el amor, se convirtieron en entelequia ante la degeneración política de una casta de burócratas que sólo atestiguan el mal y la inmoralidad sobre la conjugación de sus actos y decisiones seudoinstitucionales que han circunscrito en el país.
Los recientes hechos en los cuales una adolescente fue asesinada por “compañeras” “liceístas”, también adolescentes, para que días después, y más grave aún, que unos niños y otros adolescentes, presuntamente hayan asesinado a cuchilladas a dos efectivos militares, quienes ni siquiera llegaban a los 25 años, revela que estamos en presencia de una sociedad que ha hecho metástasis en lo poco que le queda como matriz orgánica en sus derechos y obligaciones. Es decir, cuando llegamos hasta semejantes estadios de violencia, independientemente de las normativas jurídicas que existan, todas serán en vano, debido a que prevalecen tanto la impunidad como las injusticias.
Irónicamente, cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, con un barril de petróleo en menos de 10 dólares por barril, fue posible el inicio de la creación de las llamadas escuelas bolivarianas (turnos integrales entre mañana y tarde), en las cuales los niños y adolescentes tenían desayuno, almuerzo y merienda. Asimismo, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna) el 1 de Abril de 2000, Venezuela concretó en su momento, el sistema de protección integral más avanzado para la infancia y la adolescencia que existía en América Latina.
¿Pero qué ha ocurrido, sí teníamos tales avances, para que ahora tengamos semejantes conductas sociales de nuestros niños y adolescentes, y muchos de ellos en estado de abandono? En efecto, lo que alertamos en su momento (2006)¹, con una reforma de la Lopna, que fue llevada a cabo por la entonces diputada Gabriela Ramírez Pérez, quien luego sería designada como “defensora” del pueblo, se convirtió en la destrucción no sólo del propio sistema de protección y atención a la niñez y adolescencia, sino que generó un manto de impunidad sobre el “Estado” ante la irresponsabilidad de funcionarios corruptos e insensibles en materia de educación, salud y garantía de la vida de nuestra población infantil. En otras palabras, tal “reforma”, fue el asesinato de la Lopna, liquidando en la praxis, los criterios de prioridad absoluta e interés superior del niño, y eliminó en la concepción de “juristas” y controvertidos fiscales y jueces la fundamentación del principio de los niños y adolescentes como sujetos de derechos.
Posterior a tal debacle jurídica, fueron eliminados el Consejo Nacional de Derechos y los Consejos Estadales de Derechos del Niño y del Adolescente, éstos últimos muy conocidos con las siglas de Cedna en las diferentes entidades federales, y quienes eran los órganos rectores en materia de protección y prevención sobre las políticas públicas de la infancia en relación con los derechos colectivos y difusos de la población menor de 18 años, así como tenían en sus obligaciones articular acciones con los consejos municipales de derechos, consejos de protección (órganos responsables de los derechos individuales), y orientar a las defensorías, ministerio público y tribunales sobre sus competencias institucionales, con el propósito de fortalecer los programas dirigidos a las familias disfuncionales, en situación de pobreza, o de vulnerabilidad social.
La infame reforma de la Lopna, destruyó cualquier iniciativa por construir el sistema de responsabilidad penal del adolescente, pero además, al eliminar los fondos estadales de protección, los consejos de derechos (nacional, estadales y municipales) quedaron sin recursos para atender con programas y proyectos no sólo a este grupo complejo en formación humana, sino que el resto de iniciativas para prevenir que existiesen niños abandonados (medidas de abrigo), o de integración social con políticas educativas, sociales, asistenciales, recreativas y culturales fueron desmanteladas en toda su concepción administrativa y jurídica.
Lamentablemente, 10 años después, el tiempo nos dio la razón. Hoy la generación que está severamente afectada comienza a ser víctima del asesinato de la Lopna, que aunque exista como ley, en su aplicación murió con aquella reforma.
Si queremos recomponer el país en su concepción humana, y generar nuevamente políticas integrales entre el trinomio, Estado, familia y sociedad, estamos en la necesidad de refundar el sistema de protección integral, a partir del espíritu y concepción inicial de la Lopna (2000), asegurando la autonomía de todas sus instancias administrativas y jurídicas. Lo demás será continuar viendo con mayor intensidad y repetición, el capítulo de la deserción escolar, muertes por desnutrición y ausencia de atención en materia de salud, y lo más indignante, seguir viendo niños y adolescentes que asesinan y son asesinados.
La Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto el Poder Ejecutivo tienen la palabra. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
¹ https://www.aporrea.org/ddhh/a23932.html
