(Caracas, 4 de octubre de 2019) El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que desde el inicio de su gestión al frente del Ministerio Público han sido logradas 324 condenas en materia de Defensa Integral del Ambiente.

Durante la presentación de un balance de las actuaciones emprendidas en contra de la minería ilegal, Saab indicó que "hemos iniciado 44 investigaciones por casos de ejercicio ilegal de la minería. En ese lapso se han

imputado 170 personas, 83 de las cuales se encuentran en estos momentos privadas de libertad”.

El Fiscal General detalló que durante el proceso de han incautado 538 objetos relacionados con dicho ilícito como: picos, palas, bateas de madera, motos, bombonas, teléfonos, mangueras, armas de fuego, generados e incluso embarcaciones, entre otras cosas.

El total de investigaciones iniciadas por el Ministerio Público para garantizar la protección integral del ambiente desde agosto de 2017 es de 10.421, además durante dicho período se han realizado 7.430 actos conclusivos y se han presentado 7.357 imputaciones, que han derivado en las ya mencionadas 324 condenas, explicó Saab.

El titular de la acción penal también puntualizó que la institución que dirige ha formado a “22.360 personas en comunidades y centros educativos de todo el territorio nacional para prevenir este flagelo que, como sabemos, atenta contra la salud y la vida de los seres humanos”.

Casos emblemáticos

Saab, presentó como parte del balance de minería ilegal un caso del estado Bolívar en donde el 7 de agosto se desarticuló una banda conformado por 35 personas, las cuales se encontraban practicando esta actividad ilícita en las adyacencias de la empresa Minerven C.A, en el Callao, estado Bolívar.

“Nosotros a este tipo de grupos los calificamos como delincuencia organizada, puesto que captan a determinadas personas y los financian para cometer estos actos ilícitos”, expresó el Fiscal General.

Las 35 personas involucradas fueron presentadas e imputada por los delitos de ocupación ilícita de áreas naturales protegidas, agavillamiento y desacato a la medida precautelativas ambiental de prohibición de realizar

actividades mineras ilegales en el estado Bolívar, quedando detenidas en el Centro Penitenciario de la Región Centro Oriental El Dorado.

Por otra parte, el Fiscal General también presentó un caso ocurrido el 11 de septiembre en Yaracuy, en el que se desarticuló una banda de 39 personas, entre ellas dos adolescentes, dedicadas a la minería ilegal en el Río Tucuragua, ubicado en la Zona Protectora del Macizo de Nirgua.

Por este caso fueron imputados los 37 adultos por los delitos de ocupación ilícita de áreas naturales protegidas, contravención de planes de ordenación del territorio en zonas montañosas, obstrucción y destrucción de vegetación en las vertientes, asociación para delinquir, porte Ilícito de arma de fuego y uso de adolescentes para delinquir. Los involucrados permanecen privados de libertad en la Comandancia General de la Policía del estado Yaracuy.

Lucha contra la corrupción interna

Saab adicionalmente informó que se ha privado de libertad a 43 ex fiscales, y que otros 101 funcionarios se encuentran bajo investigación, en el marco de la depuración interna que se ha desarrollado dentro del Ministerio Público durante los últimos dos años.

“Pudiéramos decir rápidamente los estados en los que hemos detenido a estas personas: Área Metropolitana de Caracas 26, Guárico 18, Lara 13, Bolívar 10, Yaracuy 9, Zulia 9, Barinas 8, Carabobo 8, Miranda 7, Anzoátegui 6, Falcón 5, Nueva Esparta 4, Sucre 4, Delta Amacuro 3, Mérida 2, Apure 2, Monagas 2, Portuguesa 2, Táchira 2, Trujillo 2, Aragua 1, La Guaira 1 y en Amazonas 1. Para un total 43 detenidos y 144 judicializados lamentablemente por este tipo de acción al margen de la legalidad”, detalló.

Entre los delitos más frecuentes se encuentran los de concusión, corrupción propia, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

El Fiscal General explicó que varias de estas personas han sido detenidas durante entregas controladas, tal es el caso de Freddy Ochoa y Zahira Urdaneta, ex Fiscal Provisorio y Auxiliar 37º de Zulia, respectivamente, quienes “solicitaron miles de dólares a cambio de no involucrar a una adolescente en una investigación penal relacionada con lesiones en un accidente de tránsito”.

De igual forma sucedió con otro caso que ocurrido “recientemente, el 24 de septiembre, se logró detener Berlice Castaña, ex fiscal 42º Nacional de Anzoátegui por extorsionar a unas personas investigadas en un caso penal relacionado con homicidios en donde se presume hubo negligencia por parte de las autoridades, en este caso de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y esta funcionaria, asociada con unos abogados, solicitaron 400 mil dólares y luego bajaron la suma a 150 mil dólares”.

Asimismo ocurrió con Betzy Huacasi Sánchez, ex fiscal 23º de Miranda, quien solicitó miles de dólares a cambio de no imputar delitos graves por robo a otra persona. En este caso se logró la condenatoria, así como en el caso de José Betancourt Zambrano, ex fiscal 4º de Bolívar por ocultar y retener un expediente penal de delitos de corrupción.

“Pudiera decir con propiedad que la lucha contra corrupción no solamente va puertas afuera, lo hemos dicho, también va puertas adentro porque no podemos permitir que nadie usando una credencial, o una insignia del Ministerio Público, se vaya a creer en la inmunidad falsa de socavar la autoridad, de querer corromper a otros funcionarios para atentar contra la estabilidad democrática, porque al final cuando se hace este tipo de actividad ilícita, que la estamos sancionando de manera severa, se pretende atentar contra un derecho humano clave como lo es la justicia, y este Ministerio Público bajo nuestra gestión está dando ejemplo”, afirmó Saab.