19-07-19.-El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa a los Estados Unidos de América (EE.UU.) de la ciudadana Luynor Alejandra Rodríguez Sánchez, a fin de que sea procesada en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, y concierto de funcionario público con contratistas, previsto en el artículo 70 de la Ley contra la Corrupción, vigente para la época de sucedidos los hechos.
La solicitud de extradición de la referida ciudadana, quien fue detenida en suelo norteamericano por presentar notificación roja de Interpol, la inició ante el TSJ el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Dicho tribunal previamente decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad contra Rodríguez Sánchez tras valorar los elementos presentados por la representación del Ministerio Público, que hacen presumir la comisión de hechos punibles mientras ésta se desempeñó como funcionaria de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), específicamente el haber concertado la recepción de dinero de parte de cuatro empresas que prestaron servicios varios a la DEM, así como el utilizar dichos fondos provenientes de estas actividades ilícitas en adquisición de vehículos para uso particular.
Indica la sentencia del Alto Juzgado, que evidenció luego de analizar la documentación que consta en el expediente, que en el presente caso además de los requisitos de procedencia, también se cumplen a cabalidad los principios generales que rigen la materia de extradición en Venezuela.
Agrega el fallo N° 139-2019 de la Sala, con ponencia del magistrado Juan Luis Ibarra Verenzuela, que el TSJ asume el firme compromiso ante EE.UU. que la mencionada ciudadana será juzgada por los delitos objeto de la solicitud con las debidas garantías consagradas en la Constitución, tomándose en cuenta, en caso de resultar condenada tras el procedimiento judicial, el tiempo que haya permanecido detenida en territorio norteamericano.
