19-04-18.-El procurador del estado Miranda, Yahir Muñoz González, introdujo un escrito ante el Ministerio Público (MP) en el que solicita la apertura de una investigación contra el exgobernador Henrique Capriles Randosnki por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción durante su gestión, según reseña El Correo del Orinoco.
Muñoz González refirió que entre las múltiples irregularidades encontradas está la de la empresa Fitos Producciones, empresa de maletín, mediante la cual, con dinero del erario público, se pagaban campañas políticas. Explicó que entre las evidencias entregadas a la Fiscalía se hayan CD con programas radiales en los que el exgobernador se dedicaba a atacar al Gobierno Nacional y a promocionarse como candidato “en su afán de ser presidente, y no se preocupó por atender al pueblo mirandino”.
González, para quien a la anterior gobernación mirandina le queda corto el mote de “Alí Babá y los 40 ladrones”, señala que es difícil no toparse con hechos de corrupción en algunas de las dependencias.
“Por donde nos asomamos, donde investigamos en la Gobernación Bolivariana del estado Miranda, conseguimos actos de corrupción. Estamos recabando algunos recaudos, próximamente estaremos presentando lo que fue un gran desfalco”, afirmó luego de salir de la Fiscalía en Parque Carabobo.
Indicó que igualmente consignaron discos compactos y facturas con las cuales se pretende cobrar al estado Miranda por el envío de mensajes masivos invitando a votar por el candidato de la derecha venezolana en las pasadas elecciones regionales de octubre.
Aclaró que las evidencias aportadas son los propios programas radiales que pretenden cobrar y los mensajes de texto. Recordó que el dinero de la administración pública no puede ser destinado a cancelar campañas políticas.
Señaló que en la gestión de Diosdado Cabello como gobernador se expropiaron algunos hangares en el aeropuerto Caracas y existía el decreto para crear el aeropuerto Francisco de Miranda, en Charallave. Sin embargo, en el periodo de Henrique Capriles se dejó sin efecto el decreto de expropiación, pero nunca regresaron el pago al estado Miranda.
Otra irregularidad denunciada es la desincorporación de un lote de vehículos.
“Esto se ha vuelto todo un negocio, donde nos asomamos han desmantelado. Estamos esperando respuesta del Instituto Nacional de Tránsito porque desincorporaron de manera fraudulenta 317 vehículos del parque automotor de la gobernación. Nosotros seremos implacables, no descansaremos hasta ver al exgobernador del estado Miranda y sus acompañantes en sus actos delincuenciales tras las rejas. Le hemos dicho al fiscal que hemos pedido celeridad, queremos que se profundicen las investigaciones”, expuso el funcionario.
González consideró que ante la costumbre de políticos de la derecha de emprender veloz huida cada vez que los llevan ante la justicia, sentía que era necesario dictar ya al exgobernador mirandino una medida de prohibición de salida del país e igualmente ordenar alertas rojas contra los funcionarios que lo acompañaron en el desfalco y en el desmontaje del gobierno de Miranda. Ya algunos de ellos se encuentra fuera del territorio nacional.
Detalló que el gobernador es responsable de los actos de corrupción que cometen sus secretarios. Entre los que tienen que rendir cuentas ante la justicia mencionó al secretario de transporte, la secretaria de comunicaciones y la secretaria de administración.
“Repito, fue un gobierno corrupto, no creo que se salve alguno de los funcionarios que lo acompañaron en la gestión nefasta que deterioró el gobierno del estado Bolivariano de Miranda, y es por ello que tenemos una población bastante desasistida y pese a los esfuerzos que se han hecho en estos pocos días de gobierno se nota todavía poco producto del desastre que encontramos en el gobierno de Miranda”, dijo.
Apuntó que el procurador saliente, Alejando Henrique Otero Méndez, salió del territorio nacional, siendo procurador del estado Miranda, el 30 de agosto de 2015, y no ha regresado a la fecha. No ha vuelto siquiera para entregar el cargo y cobró salarios como procurador hasta octubre de 2017.
