La empresa Cemento Andino, S.A. (CASA) es la empresa más saqueada en la era republicana de Venezuela. Esta empresa comenzó la producción industrial en el año 1984, pero, con el poder político y violaciones de ley, funcionarios de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF) y, posteriormente, del Fondo de Inversiones de Venezuela (FIV) tomaron posesión de sus instalaciones de la empresa por trece años, período donde saquearon a su antojo sus recursos, violándose descaradamente el Código de Comercio y los Estatutos Sociales de la empresa, ya que nunca convocaron a las asambleas de socios (ordinarias y/o extraordinarias), con el fin de no rendir cuentas de sus actuaciones. Todos los miembros de las ilegales juntas directivas se enriquecieron y la mayoría de ellos se encuentran en el exterior disfrutando el dinero mal habido. Una vez que los funcionarios del FIV se cansaron de robar, "vendieron" ilegalmente, sin la autorización del sector privado, los bienes cementeros de la empresa a un grupo económico colombiano, violándose descaradamente la Ley de Privatización, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público (vigente para la fecha) y la Ley Licitación (vigente para la fecha), entre otras leyes nacionales. En febrero de 2006 los tribunales de la República anularon la supuesta venta de los bienes cementeros, volviendo los verdaderos dueños a tomar posesión de las instalaciones de la empresa.
Poco duró la alegría de los verdaderos accionistas de CASA, ya que, a pesar de que el acto de venta de los activos cementeros se había anulado, los supuestos compradores introdujeron un recurso de amparo alegando violación a la propiedad privada. En vista de esto, desde agosto de 2015, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) acumuló y admitió el avocamiento de los expedientes Nros. 326-99 y 2575-06. Las partes alegan la propiedad de los bienes cementeros. Desde este avocamiento, fueron nombradas diferentes personas para que administraran los bienes de la empresa Cemento Andino, S.A., pero ninguna de ellas tampoco cumplió con lo que estable la ley y los Estatutos Sociales de la empresa, o sea, ninguno convocó a las asambleas de socios para rendir cuentas sobre sus administraciones.
En el año 2016, con bombos y platillos, se inauguró en la empresa una nueva línea de producción que nunca arrancó, considerándose esto una nueva estafa a la Nación, ya que fueron funcionarios públicos quienes contrataron con una empresa china los equipos y su montaje por un monto que supera los US$ 239 millones.
La empresa hace dos años que no produce un saco de cemento. Sus instalaciones están abandonadas y están siendo saqueadas por ladrones de la zona y por personas que, presuntamente son funcionarios públicos. Recientemente la cinta transportadora de la materia prima de tres kilómetros de largo y la estructura metálica donde ella reposa, así como los rodillos que permiten su desplazamiento fue desmontada y, presuntamente, trasladada a las instalaciones de Cementos Caribe, en el estado Falcón; asimismo se llevaron los cuerpos demoledores de los molinos de materia prima y de cemento. Por otra parte, trasladaron a las instalaciones de Cemento Andino un Payloder dañado y se llevaron uno en perfectas condiciones, desconociéndose su destino. El TSJ está en conocimiento del saqueo de los bienes de CASA y no hace nada para salvaguardar estas propiedades. ¿Cuándo decidirá la Sala Constitucional del TSJ sobre la propiedad de los bienes cementeros?
*Prof. Titular ULA
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