El fiscal tiene en sus manos la llave para dar cuerda al reloj de la justicia, para que su péndulo no detenga y examine segundos, minutos, horas y días lo que acontece o ha acontecido en el criminal mundo de la corrupción dentro de las finanzas del Estado; y que deja ver una clara situación de descuido y exagerada confianza ante designación de quienes han dirigido bienes públicos. En ascuas y muy a la expectativa ha quedado la opinión pública, ésta, (pueblo) exige la reciprocidad del peso de la ley tanto a diestra como a siniestra. No es tonto él, a la inteligencia popular nada se le escapa, tiene por menores de actos de dolo que no salen a la palestra, y muy a pesar de ser capaz de entender cuáles sean sus razones de peso político, pero difiere, en tanto y cuanto haya algún silencio cómplice-culpable que en nada ayuda a desnudar al irrecuperable cuerpo con tajos de corruptela y en cuyas opiniones ya se observa la maniobra en defensa de sus muchos delitos plenamente puestos al descubierto o escarnio público.
La responsabilidad no puede ser evadida mediante la inentendible excusa de quienes gerenciaron por más de un lustro o más de una década y media, y ahora objeten no saber de hechos o nunca haber percibido ni simple sospecha intuitiva; porque de ser así, es grave, la negligencia apuntala a la organización administrativa y el Estado está obligado a actuar con suma frontal rigidez, sin perdones ni contemplaciones sentimentales para que así la justicia plasme su imparcialidad, investigue, detenga, procese, juzgue y sentencie sin quitarse la venda y para que la balanza equilibre la constitucionalidad naciente del voto de un pueblo-soberano constituyente que espera la democratización de la ley y cambios que erradiquen secuelas a las costumbres de perniciosas influencias derivadas de lo que no muere y al cual la revolución debe ya extinguir, sepultar