31 de mayo de 2023.-

Por: ANGIE NATALY RUIZ HURTADO

El Comité de Expertos encargado de redactar el borrador de la propuesta de Constitución de Chile aprobó este martes los últimos capítulos del documento que entregará al Consejo Constitucional electo el pasado 7 de mayo.

Los 24 expertos (12 hombres y 12 mujeres designados por el Congreso) concluyeron su labor entre aplausos y cantando el himno chileno, un trabajo que ahora deberá continuar el Consejo Constitucional a partir del 7 de junio, cuando quedará oficialmente instalado.

Entre las últimas novedades que aporta el anteproyecto redactado por los expertos destaca el capítulo que regula cómo reemplazar a la futura Constitución (la actual Carta Magna no tenía una fórmula definida y los parlamentarios tuvieron que reformarla para llevar a cabo el actual proceso constituyente).

"Logramos un acuerdo que establece una combinación de mecanismos: que sea un Congreso que a través de una comisión técnica elabore un texto y se someta a un nuevo Congreso que ya contaría con un borrador de Constitución, el cual debería, finalmente, aprobar este texto y someterlo posteriormente a plebiscito", dijo el comisionado Francisco Soto, representante de la centro-izquierda.

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Otro capítulo relevante es el que se dedica a la protección del medioambiente, lo que en la Carta Magna actual no existe.

La única enmienda que no se aprobó en este ámbito fue la que entrega protección especial a los animales, un punto que fue criticado por la experta que representa a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Magaly Fuenzalida.

"La norma propuesta no los reconoce como sujetos de derecho, sino que reconoce el deber del Estado para su resguardo", recalcó la comisionada.

Antes de finalizar la sesión también se aprobaron las reglas para el funcionamiento del Banco Central, en las que se incluyó el deber del ente emisor de rendir cuentas anualmente al presidente de la República y al Congreso, entre otras.

En el pasado, la Comisión ya había aprobado un artículo que define a Chile como "un Estado social democrático de derecho". Además de un artículo que consigna que "la ley asegurará el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad".

De esta forma llegan a su final los tres meses que tuvo el órgano experto para redactar un borrador de carta fundamental y entregárselo al Consejo Constitucional, integrado por 50 consejeros elegidos el 7 de mayo en las urnas y con un plazo de hasta 5 meses para hacerle modificaciones y elaborar una propuesta final.

Este es el segundo intento de Chile de cambiar su Constitución.

Las elecciones constituyentes dejaron el control del órgano constitucional a manos de la derecha, partidaria de mantener la actual Constitución chilena y defensora del modelo neoliberal instalado en la dictadura (1973-1990).

Aunque inicialmente los escaños de la derecha eran 23 de 51, la renuncia del consejero electo Aldo Sanhueza, acusado de abuso sexual, presentada la semana pasada rebajó la cifra a 22 escaños. Sin embargo, este martes el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) declaró inadmisible su dimisión por "carecer de competencia" para pronunciarse al respecto.

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Más allá de este escaño particular, los republicanos seguirán con mayoría y junto con los votos de la derecha tradicional (11 escaños), podrán aprobar normas sin necesidad de negociar con la centro-izquierda, que quedó con 16 representantes.

A partir del 7 de junio, los consejeros electos tendrán un plazo de cinco meses para trabajar un texto definitivo que será sometido a plebiscito obligatorio el 17 de diciembre de este año.

A la fecha, Chile suma más de dos años inmerso en un proceso constituyente que cristalizó a nivel institucional luego de las masivas protestas de fines de 2019, las más graves desde el fin de la dictadura y que dejaron una treintena de muertos, cientos de mutilados oculares y miles de heridos, además de señalamientos por parte de organismos internacionales a las fuerzas de seguridad por violaciones generalizadas contra los derechos humanos.