25/11.- Mujeres feministas de organizaciones políticas y sociales se autoconvocan para una caminata desde la sede de INAMUJER en la Av. Urdaneta hasta la sede el MInisterio Público en la Av. Universidad. La convocatoria denominada ¨Mujeres contra la violencia de estado¨ estará visibilizando los diferentes aspectos en los que la mujer esta siendo particularmente violentanda en el actual contexto de crisis. La concentración inicia a partir de las 9am.
Comunicado: Denunciamos y Condenamos la Violencia de Estado Contra las Mujeres en Venezuela - 25 de Noviembre de 2018
Hoy, Día Mundial De la Eliminación De la Violencia Contra La Mujer, mujeres y hombres trabajadores, diversos y comprometidos con las luchas por la conquista de la autonomía plena de TODAS las mujeres, denunciamos al Estado venezolano como el principal perpetrador de las múltiples violencias que experimentan las mujeres en Venezuela hoy. Nos movilizamos para denunciar las distintas formas en las que padecemos esa violencia y para rechazarla desde todos nuestros espacios de acción.
El país atraviesa hoy una profunda crisis política, económica y social, quizás la más severa de toda su historia contemporánea, desencadenando en el empobrecimiento masivo de la población, el derrumbamiento de la institucionalidad y el Estado de derecho. Una expresión de ello, es como hasta ahora las políticas denominadas "feministas" ejecutadas por el gobierno bolivariano no han sido más que programas focalizados y compensatorios que solo han hecho a las mujeres más dependientes al vincularlas de forma clientelar al Estado, afianzando relaciones sociales de manipulación y chantaje político.
Denunciamos hoy que a pesar de toda la retórica del gobierno venezolano sobre su combate a la violencia contra las mujeres, 11 años después de ser aprobada la Ley Orgánica sobre el Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, exhortamos a que su reglamento sea elaborado y revisado junto al movimiento amplio de mujeres para su aprobación sin más dilaciones. La carencia de este instrumento dificulta la implementación de la Ley y hace difusa su aplicación (cuando se aplica) dependiendo de la interpretación del funcionario/a de turno.
Esta violencia de estado también se perpetra en materia de alimentación. La política económica y alimentaria gubernamental que ha deteriorado la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos en Venezuela tiene un efecto proporcionalmente mayor en niñas y mujeres. Según el informe 2017 de Caritas Venezuela, en 53% de los hogares, al menos un miembro de la familia deja de comer para que otra persona de la familia coma. En 33% de ellos, la persona que deja de comer para rendir los alimentación es mujer, particularmente mujeres ancianas. Así mismo, en el monitoreo de la desnutrición en las parroquias más pobres del país resultó que de cada 100 niños detectados con retardo en el crecimiento por déficit nutricional crónico, 53 fueron niñas y 47 fueron niños. Son las niñas la que sobrellevan según estas cifras la peor carga. Esto termina afectando a los hogares liderados por mujeres: el nivel de pobreza de los hogares monoparentales femeninos es seis puntos mayor que el promedio del resto de los hogares del país (AVESA, CEPAZ, Datanálisis, 2017).
Todos los informes e investigaciones realizados de forma independiente para documentar la situación de las mujeres venezolanas en medio de la emergencia humanitaria compleja, dan cuenta de una precarización acelerada de la vida de las mujeres por un lado, y de un retroceso en materia institucional y política en materia de derechos para las mujeres y derechos fundamentales en general.
Todos los informes de la sociedad civil apuntan a un incremento alarmante de las violencias contra las mujeres, y sin embargo no existe una sola política oficial en ejecución que contribuya a la erradicación de esta situación. De acuerdo con la última memoria y cuenta del Ministerio Público, entre 2014 y 2016, se había registrado un incremento en el número de femicidios pasando de 0,5 femicidios por cada 100 mil mujeres en 2014 a 0,78 por cada 100 mil mujeres en 2016. Desde entonces no se han vuelto a publicar datos, lo que contraviene la recomendación que la CEDAW le hizo al estado venezolano en el examen del 2014, de publicar las estadísticas relacionadas con discriminación y violencia contra las mujeres.
Por otra parte, persiste la impunidad en el 99% de los casos. Para 2014, último año del que se conocen cifras, el propio Ministerio Público reportaba que apenas el 0,68% del total de las denuncias llegaba a juicio.
Con respecto a la situación de las venezolanas migrantes forzadas, es vergonzoso el silencio del estado venezolano frente a las noticias internacionales relacionadas con los femicidios de mujeres venezolanas y trata con fines de explotación laboral y sexual.
Es igual de escandaloso, lo que ocurre en el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco, en donde la explotación sexual de niñas y adolescentes indígenas ha sido documentada y denunciada por diversas organizaciones de base indígenas y de derechos humanos.
Particularmente lamentable es la situación de las mujeres privadas de libertad, muchas de ellas detenidas en instalaciones no aptas para detenciones de más de 48 horas. De 89 centros de reclusión de mujeres, solo 12 cuentan con espacios para recibir visitas, muchos de estos no cuentan con servicios de salud, incluida la sexual y reproductiva. Las que están embarazadas no tienen acceso a controles prenatales.
Ya que el gobierno venezolano desatiende y violenta sistemáticamente a la diversidad de mujeres, juntas hemos decidido –independientemente de nuestro posicionamiento político e ideológico- alzar nuestras voces para denunciar. Organizadas, este 26 de noviembre, tomamos la calle una vez más con acciones de protesta para denunciar:
-El silencio absoluto en el que se encuentran las instituciones gubernamentales que deberían generar políticas públicas y acciones para la protección y atención de las mujeres, así como producir y publicar información sobre el estado de los derechos de las mujeres: Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Ministerio del Trabajo
-La negligencia del Estado venezolano en vista de que ha transcurrido más de una década sin que la Ley Orgánica para el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia haya sido reglamentada.
-La impunidad frente a los crímenes que se han cobrado la salud y la vida de mujeres venezolanas sin que el sistema de justicia actúe de forma eficaz
-La indolencia del Estado frente a la trata y la explotación laboral y sexual de mujeres venezolanas migrantes forzadas.
-Los despidos injustificados de mujeres y hombres venezolanos y las persecuciones y amedrentamientos por parte de los patronos.
-La violencia obstétrica institucionalizada en todos los niveles de atención en materia sanitaria que le niega a las mujeres embarazadas el acceso a los controles pre natales en los centros de salud pública y el ruleteo por falta de insumos, medicamentos y personal médico. Problema que tampoco reconoce el Estado venezolano.
Por todo lo anterior exigimos:
-Que el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, el INAMUJER y demás instituciones rectoras, cuya responsabilidad es velar porque el estado cumpla con la garantía de estos derechos se aboque a hacer su trabajo y exija el cumplimiento de lo establecido en la constitución y las leyes para garantizar los derechos de las mujeres, refrendados además en convenios internacionales como la CEDAW
-Que el Ministerio Público, así como el sistema penal de justicia en su conjunto hagan su trabajo y se comprometan a erradicar los altísimos niveles de impunidad que existe en materia de justicia de género y de justicia en general
-Que el estado reconozca la emergencia migratoria que ha producido la profunda crisis económica, política y social que experimenta Venezuela, y atienda las denuncias hechas en otros países de la región sobre los operativos recurrentes en los que se han rescatado venezolanas de redes de trata así como el apoyo a las familias de aquellas que han perdido la vida en este contexto.
Por todas estas razones nos movilizamos hoy y lo seguiremos haciendo porque reivindicamos el Estado de Derecho tal y como lo establece la constitución vigente, así como reivindicamos el derecho a exigir justicia, a vivir sin miedo. ¡Porque la vida de TODAS cuenta!
¡Ni una menos !
¡No a la violencia contra la mujer!
¡No a la cultura del maltrato!
¡Exigimos nuestros derechos ante el Estado responsable!
FIRMA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVN6y4qD5rEd4cYL-0pVJG06_BHoA4KRI3DwhlbW_QCwz5gw/viewform