19 de agosto de 2018.- La Defensoría del Pueblo y otras organizaciones sociales de Ecuador presentaron ante un tribunal de Quito una petición de medidas cautelares para intentar frenar la decisión del Gobierno de Lenín Moreno de exigir, desde este sábado 18 de agosto, el pasaporte como requisito a los venezolanos que intentan llegar al país.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, la Misión Scalabriniana y la Defensoría Pública de Ecuador se sumaron a la petición de medias cautelares presentada en la Unidad de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en el Complejo Judicial Norte, de Quito, este viernes 17 de agosto.
Esta acción, amparada en la Constitución, busca frenar la decisión de los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores de exigir el pasaporte como único documento válido para ingresar al territorio nacional para los venezolanos, explicó a Efe Gina Benavides, defensora del pueblo.
Se espera, dijo, que "los jueces valoren las medidas cautelares" y emitan un fallo que podría demorar hasta este sábado o el próximo lunes, aunque se confía en que pueda ser lo más pronto posible, añadió la defensora.
"El espíritu de una medida cautelar es que se haga efectiva inmediatamente, en miras a proteger los derechos" que pueden ser vulnerados, agregó al recordar que, de momento, la Defensoría del Pueblo exhortó al Gobierno "para que revise la decisión".
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos "estamos muy preocupadas por la situación, sobre todo, de los niños, porque la mayoría de ellos no viene con pasaportes" desde Venezuela, apuntó.
La decisión de exigir pasaporte "puede generar ruptura familiar", además de "fomentar la migración irregular. Lo mejor sería que la gente entre, se registre, lo que permitiría incluso un mayor control efectivo" a los inmigrantes, planteó.
"El problema es que puede haber una crisis. Mucha de la gente venezolana se puede quedar bloqueada en el lado colombiano" de la frontera con Ecuador, en condiciones no adecuadas, lo que puede forzar a que algunos de ellos opten por otras vías para cruzar la divisoria, añadió.
"Estamos preocupados" y por ello la Defensoría va a activar los mecanismos de contingencia para atender la situación en la zona fronteriza, explicó.
Para la Defensoría del Pueblo de Ecuador, según un comunicado difundido hoy, la medida migratoria anunciada por el Gobierno atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.
El artículo 40 de la Carta Magna dice: "Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria", recordó la Defensoría del Pueblo.