Sólo es un secreto a voces la pésima e irreparable calidad del Poder
Judicial venezolano, cuyos servicios dejan mucho qué desear en los distintos
campos: penal, civil, mercantil y "bancofinanciero". Dilaciones, y
petulancia burocrática, inoperancia oportuna, defraudaciones sentenciales,
despilfarros procedimentales, anacronías jurídicas, obsolescencia
organizacional, etc., todo eso configura un cuadro improductivo para unos
servicios tan valiosos e imprescindibles en cualquier sociedad civilizada,
pero que cobran mayor relevancia en la sociedad capitalista cuya estructura
familiar es privada y querellante por excelencia.
Esa deficiente e ineficaz calidad judicial, notoria por demás, ha servido
para que con sobrada razón algunos venezolanos hayan buscado causas y
causitas, y sugerido fórmulas y formulitas en búsqueda del saneamiento y
mejora en los servicios del caso que nos ocupa.
Jueces, fiscales, legos escabinos, jurisconsultos, docentes, abogados, todos
ellos representan una heterogénea masa de trabajadores en pugna por imponer,
personal y privadamente, cada uno sus propios alegatos e inferencias, razón
esta por lo que no han aplicado la cooperación interlaboral como método
para agilizar los procesos judiciales ni resolverle querellas ni casaciones
a los afectados de cada día.
La legislación venezolana se ha ido saturando de leyes y leyecitas, de una
legislación hípercasuística donde la mayoría de sus leyes terminan
durmiendo el sueño de los justos por su inaplicabilidad, su empolvamiemto o
ignorancia dentro de los propios tribunales, y donde las necesidades del
burócrata judicial en nada difiere del mercachifle cuyos inciertos ingresos
lo mantiene diariamente en constante y estresante expectación.
Sábese que por naturaleza propia los servicios jurídicos nacionales del
llamado Estado de Derecho siempre han sido públicos o al servicio, ni tan
indistintamente, de tirios y troyanos, de negros y blancos, de honrados y
deshonestos, de alfabetos y analfabetos, de pobres y ricos, de patronos y
asalariados, de prestamistas y prestatarios, de comerciantes y consumidores,
de mayores y menores, de mujeres y hombres, de heter y homosexuales, de
grandes damas y grandes prostitutas, y de delincuentes y probos.
Esta indiferencia teórica y constitucional ya deja mucho qué desear en un
país donde el lucro particular y los problemas familiares de esos negros,
de esos blancos, de esos banqueros, de esos prestatarios, de esos
asalariados, de esos capitalistas, de esos consumidores, de esos
comerciantes, y de esos analfabetos y alfabetos, guía la mente y los pasos
de una ciudadanía nacida, alimentada y educada en un atomizado mundo
individualista y robustecidamente burgués por todas sus aristas y
dimensiones.
Los hombres preocupados por la mala marcha del Poder Judicial han hablado de
obsoletos métodos procedimentales, de carencia de espacio físico, de mala
remuneración de la burocracia judicial, de malos hábitos del venezolano y de
otra larga lista de posibles y hasta concomitantes causas de semejante
anacronismo, desorganización y baja productividad del poder institucional
que más peso cultural ejerce en cualquier sociedad del mundo de ayer y de
hoy, inclusive más allá de los aportes culturales derivados del multisistema
educativo nacional, estadal y municipal.
Pensamos que este Poder Judicial bien podría ser objeto de privatización de
tal manera que su gerencia y directivos judiciales vean en cada caso
ventilado en sus oficinas una fuente de lucro y correspondientemente vean
también y en paralelo, una causa de quiebra capitalista en caso de que no
sepan prestar buenos y oportunos servicios, ni garantizarle la razón legal
a un demandante, ni sugerir el justo castigo a quien negro, blanco, rico,
pobre, empresario o asalariado, haya cometido algún ilícito, delito, o
violación o incumplimiento de obligaciones varias.
Esta privatización del Poder Judicial no tiene nada de extraño ni inédito,
habida cuenta que actualmente la mayoría de los defensores y demandantes de
la querella nacional es ejercida privadamente por abogados debidamente
acreditados en su libre y arbitrario ejercicio profesional.
El libre ejercicio de la abogacía es en sí mismo un anticipo y buen ejemplo
de privatización judicial. Entonces, ¿por qué no se privatiza también y
definitivamente la fiscalización de los deberes y obligaciones de los
burócratas de los poderes legislativo y ejecutivo? La legislación
venezolana, actualmente y a la inversa, hace del poder Ejecutivo y del Poder
legislativo un doble suprapoder que constitucionalmente subyuga y regula el
ejercicio burocrático del poder Público Judicial. Los magistrados son
preseleccionados por esos poderes, y el Presidente está facultado para casar
a voluntad suya cualquier decisión que cualquier tribunal haya tomado con
justificada razón.
¿Por qué no se privatiza la atención y defensa del agraviado, del
secuestrado, de las víctimas del hampa común y burocrática?, cosas así.
Así como muchos servicios privados han sido nacionalizados, también algunos
servicios que tradicional y contractualmente han sido nacionalizados
pudieran ser perfectamente privatizados, ya que mal puede seguir el Poder
Judicial en unas manos burocráticas y de difusa responsabilidad de
quienes por lo general y tendenciosamente terminan convirtiendo la
Justicia en coto privado.
