Resulta imposible comenzar a escribir unas notas, sin considerar la realidad que vivimos actualmente en Venezuela, ya sabemos que hay expertos, sabios, ilustres, intelectuales, literatos, y otros que arriman decididamente sus criterios a la versión oficial, negando toda posibilidad de debate público a los asuntos importantes, poniendo en plan opositor; a todo aquel que contraríe las elucubraciones de las figuras preponderantes en los medios de comunicación, así; los discursos se van tejiendo en torno a las conveniencias y a las circunstancias, esto nos hace ver a antiguos defensores de derechos humanos, convertidos en estatuas de sal ante la injusticia, militantes de un socialismo extraño, que pactan con sus enemigos de clase, y persiguen y encarcelan trabajadores por reclamar reivindicaciones.
La extraña desaparición de Carlos Lanz, viene a sumar un elemento más para reconocer en la estructura del estado, todos los síntomas que puede generar una situación extremadamente critica, pudiésemos dar cabida a las justificaciones propias para el caso, y de seguro tendríamos "voceros autorizados" con la última palabra. Sin embargo, las características de Carlos Lanz, sus investigaciones, sus posiciones políticas y su trayectoria lo convierten en objetivo de intereses inconfesables.
Hasta ahora la perspectiva generada por nuestras instituciones, deja un amargo encuentro con la reiteración de una actitud, indeseable para quien se reconozca ciudadano. Acudimos diariamente a escenarios donde todos nos convertimos en sospechosos, la desconfianza ha tomado por asalto nuestras relaciones, y no es para menos; la memoria es una herramienta de lucha cuando los poderosos tergiversan la historia, Danilo Anderson, un caso en el cual, las conveniencias desplazaron a la justicia, Eliezer Otaiza, Robert Serra, Sabino Romero, emblema de la masacre al pueblo Yukpa, y por consiguiente a los pueblos indígenas, Alcedo Mora, Johnny Yánez, los más de 370 campesinos caídos en la lucha por la tierra, la actuación extrajudicial de los organismos de seguridad y las cifras espeluznantes, publicadas por organizaciones de derechos humanos.
En nuestra constitución, las garantías están muy bien definidas, el papel del Estado también, frente a este cuadro que asemeja un relato dantesco, las ofertas políticas deben orientar a la transformación, al combate de esa lógica que hasta ahora; arroja saldos negativos de una gestión, atrapada en su propio discurso y aislada de la realidad que vivimos todos, secuestrada por mentes diabólicas que usan los medios para producir escenarios favorables a la mentira, que tiene referentes que son antítesis de lo que materialmente representa un proceso revolucionario. En tiempos electorales, se hace mucho más evidente, la ausencia de estructuras que conduzcan al estado social de derecho y de justicia, en su lugar, solo tenemos un aparato propagandístico, que amenaza con sustituir al razonamiento; por una serie de contenidos que obligan a desechar la función de pensar.
El hecho cierto ante el panorama electoral que se avecina, es que; los encuadres políticos y los "diálogos por la paz y la unidad", desmontan toda posibilidad de avanzar hacia la refundación de la república como mandato constituyente, la impunidad y la discreción, se juntan en una mezcla peligrosa para la vida democrática, para la participación y la voluntad general, tengamos cuidado de no molestar a quienes son fieles herederos de Rómulo Betancourt, dispuestos siempre a usar la fuerza del estado para cumplir con la tesis de "disparar primero y averiguar después".
La persecución a las ideas revolucionarias, el silencio cómplice frente a la violación de derechos, y la inercia de instituciones que tienen como tarea primordial velar por las garantías constitucionales, parece indicar; que estamos en proceso de restauración de un modelo, que creímos haber superado a partir de la aprobación en referéndum de un nuevo texto constitucional, en cuyo contenido se expresan las aspiraciones pacificas de un país, por construir su propio destino y defender su soberanía, todo eso parece estar suspendido en una bruma legal que esconde lo autoritario del ejercicio del poder sin contrapesos.
Legitimar decisiones a través de campañas mediáticas, usurpar directivas de partidos políticos, detener personas y mantenerlas aisladas sin el debido proceso, construir alianzas sobre intereses y con cálculos bien hechos, repartirse la cochina, representa la "nueva normalidad" que nos trae la pandemia mundial, el excepcionalísmo gobierna en Venezuela y mantiene suspendido el estado de derecho, el decreto 2792 es prueba fehaciente de ello, la ley contra odio es mejor referente, aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente, salida del sombrero de un mago, y con sentencia a desaparecer también como por acto de magia, sin pena ni gloria, sin producir nada favorable para una revolución en marcha.
Muchos alegatos tendrán, quienes curan su contagio con COVID19 en las mejores clínicas privadas, para defender al gobierno y volcar sus miedos contra la inteligencia, pero lo que no podemos ocultar por más tiempo, es la carga que ha tenido que soportar el común de la gente, a partir del desmontaje de procesos e instancias creadas a partir del reconocimiento de las necesidades, la destrucción de la industria petrolera, principal fuente de ingresos, la dolarización simulada de la economía, la pauperización de la población en sus condiciones mínimas de existencia, deterioro de servicios y la vida en general, traerán consecuencias, y estas se prorrogan, con cada anuncio de extender las medidas sanitarias por causa del virus, en medio de esas circunstancias el panorama electoral tendrá malabaristas políticos por candidatos y novelas repetidas por campaña.
Los autoritarios jamás podrán en su visión retrograda, imponer su criterio a todos por la fuerza, siempre habrá una reserva moral, que, desde la conciencia, hallará los cauces a la rebelión, y esta vez, estoy seguro, será a nivel intelectual para combatir a la mentira.
