Venezuela en la actualidad es epicentro y teatro de operaciones de un conflicto geopolítico de escala global. Las contradicciones se han exacerbado a tal punto, que el pueblo venezolano enfrenta una amenaza objetiva de intervención militar promovida y coordinada por el gobierno de los Estados Unidos de América, con el apoyo –más bien con una subordinación- de gobiernos de la región, entre los que sobresalen por sus posiciones sumisas el gobierno de Colombia.

Las amenazas de guerra emitidas por los más altos funcionarios de los Estados Unidos durante los últimos meses, son el punto de ebullición de las hostilidades de Washington contra Venezuela, son orgánicas respecto al asedio diplomático, las sanciones financieras, el boicot económico, la infiltración de paramilitares, el linchamiento mediático y la guerra sicológica a la que ha estado expuesta el pueblo venezolano.

Entonces el escalamiento del conflicto durante la administración de Trump no es una particularidad, más bien es una continuidad histórica de una estrategia política de largo plazo, de una Guerra de Amplio Espectro que se ha implementado a través de múltiples y muy diversas agresiones de carácter multidimensional, ejecutadas de manera sistemática por el establecimiento norteamericano durante los últimos veinte años contra Venezuela.

¿Qué factores determinan esa amenaza objetiva de intervención militar?

En primer lugar, hay que subrayar un factor estructural -de signo geopolítico-, pues el dominio global de los Estados Unidos enfrenta dos grandes amenazas: la inminencia de una gran recesión que podría derrumbar la arquitectura financiera global; y la crisis de hegemonía dada por el socavamiento de su supremacía económica y política, ante el crecimiento de la influencia global de la alianza estratégica entre China y Rusia.

Por tal motivo, el gobierno estadounidense tiene la necesidad de restablecer su dominio absoluto sobre América Latina y El Caribe como su reserva estratégica de recursos. En ese ajedrez, para el complejo militar-industrial norteamericano resulta fundamental la reconquista de Venezuela.

Estados Unidos tiene la aspiración de someter a Venezuela por tres motivos fundamentales: i) porque necesita garantizar el control y usufructo de sus reservas energéticas, minerales e hidrológicas (estratégicas en el tiempo histórico actual); ii) porque pretende imponer un escarmiento al pueblo venezolano por su osadía de atreverse a cuestionar la hegemonía norteamericana (ello supone una lección a todos los pueblos del continente); iii) porque esa acción podría desencadenar en condiciones idóneas para llevar a cabo cambios de régimen por la vía violenta en Cuba y Nicaragua, con lo cual se afectaría notablemente la presencia de China y Rusia en la región.

En segundo lugar, la grave y severa crisis que experimenta Venezuela desde hace al menos cinco (05) años, cuyas expresiones más notables se aprecian en las dimensiones económica y política.

En la dimensión económica, con una recesión abrupta y sostenida desde 2014, que ha desencadenado en una crisis de hiperinflación desde noviembre de 2017, lo cual ha determinado que haya un proceso de reflujo en logros sociales, económicos y políticos alcanzados durante los gobiernos de Hugo Chávez (más bien se han precarizado las condiciones de vida del pueblo venezolano), que se haya producido un retroceso notable en la garantía de derechos fundamentales del pueblo venezolano e incluso que se haya dado un proceso acelerado de deterioro de servicios públicos básicos[2].

En la dimensión política, con un conflicto de poderes y un socavamiento del tejido institucional que se ha posicionado desde 2014, y se exacerbó con el conflicto entre los poderes ejecutivo y legislativo, que ha derivado en el escalamiento sistemático del conflicto hasta el punto de ebullición actual, en el cual se fomenta un injerto de guerra civil, a través de la autoproclamación de un gobierno paralelo[3]. En los hechos, más allá de las apatías o las simpatías, es evidente que se ha instaurado un procónsul alineado de manera explícita y obscena con el gobierno estadounidense.

¿Cuál es el balance de la función del gobierno paralelo en la configuración de ese escenario de intervención militar?

El único éxito relativo del gobierno paralelo, ha significado la transgresión de los principios más básicos del derecho internacional y está relacionado con el reconocimiento automático del gobierno interino por parte de la administración Trump. La prensa internacional ha develado que la autoproclamación estuvo precedida de instrucciones emitidas por altos funcionarios de Washington, con lo cual resulta explícito que desde la Casa Blanca se promovió y se dirige ese injerto fallido de gobierno.

El apoyo de los Estados Unidos tiene un peso notable en el escenario internacional, y ha derivado en que se haya constituido un bloque de naciones que han reconocido al gobierno satélite y han instaurado un cerco diplomático, integrado por aliados históricos de Washington, tales Australia, gran parte de los integrantes de la Unión Europea; y los gobiernos satélites de la política exterior estadounidense en el continente. Sin embargo, ese bloque ha resultado insuficiente para expulsar a Venezuela de la OEA y se ha mostrado impotente para propiciar una resolución de la ONU en contra del gobierno de Venezuela.

El procónsul caribeño (un absoluto desconocido para el pueblo venezolano antes de su nombramiento como presidente de la Asamblea Nacional en enero de 2019), ha dirigido sus esfuerzos a producir la implosión de la República, pues además de exacerbar la conflictividad interna hacia un callejón sin salida, ha promovido la intensificación de las sanciones económicas hacia Venezuela, ha incitado el despojo de activos de la nación y ha realizado llamados explícitos para que se produzca un golpe de Estado.

Como si fuera poco, ha manifestado su disposición a autorizar una intervención militar sobre Venezuela y ha propugnado imponer un nuevo régimen con base en un instrumento avalado por la Asamblea Nacional de Venezuela, autodenominado Estatuto de Transición, que pretende anular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo, en los hechos esa operación se ha convertido en un rotundo fracaso dentro del país, en la medida en que el gobierno paralelo no ha podido permear el tejido institucional venezolano, y primordialmente, en razón de su impotencia para fracturar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para producir una conmoción interna que desemboque en una guerra civil.

Tal circunstancia explica la aventura anunciada para el 23 de febrero en la frontera con Colombia, planteada como un instrumento para propiciar un incidente que se convierta en un punto de quiebre, en un hecho desencadenante de violencia que sirva como justificación para una agresión militar; y también explica la campaña de ablandamiento contra la FANB, explícita en el aumento en cantidad e intensidad de las amenazas hacia ese cuerpo de los más altos funcionarios de Washington, así como en los movimientos de tropas y logística bélica de gran escala que se han desplegado en los últimos días.

¿Qué tan inminente es una intervención militar contra Venezuela?

La clase dirigente de Estados Unidos en sus dos fracciones principales ya ha tomado la decisión política de intervenir militarmente a Venezuela. Eso queda demostrado con el decreto de Obama de 2015 y con la negativa del Senado de ese país en aprobar una opción bélica en el caso venezolano (lo que implica que esa opción está en la agenda).

La guerra es la única salida que prevén en Washington ante las dos grandes amenazas que se ciernen sobre su hegemonía referidas en la primera pregunta. A esas amenazas hay que agregar un factor sustantivo, la posibilidad cierta de una nueva crisis energética, la cual resultaría más severa que la ocurrida en la década de los setenta del siglo pasado.

El boom del fracking se ha desinflado porque es insostenible –entiéndase: no es rentable-, desde el punto de vista económico, entonces las reservas energéticas estadounidenses se han desplomado hasta un nivel crítico (estudios recientes estiman que la garantía de reservas en ese país apenas alcanza para el consumo de los próximos 7 años).

La guerra es entonces, un medio para huir hacia delante de la recesión económica sobre la base de la industria militar y para garantizar reservas energéticas indispensables para el metabolismo de la economía norteamericana, así como para resguardar su hegemonía geopolítica en el continente.

Pero la situación es más compleja de lo que parece. Aún no se han cristalizado las condiciones idóneas para esa intervención. El deterioro severo de la economía venezolana y más recientemente la combinación de sanciones económicas más lesivas, el cerco diplomático y la imposición de un injerto de gobierno satélite, no han sido suficientes para producir la implosión interna de Venezuela. Asimismo, los reveses en la OEA y la ONU, suponen un obstáculo temporal para esa agenda.

Ante ese escenario, la intervención militar no es inminente en el corto plazo, pero los Estados Unidos trabajan de manera sistemática para acelerar su concreción, además, porque la guerra también ha sido históricamente un instrumento electoral en ese país, y Trump la asume como un salvavidas que le permita una mejor posición en sus aspiraciones de reelección en 2020.

La única manera de acelerar la intervención, es mediante la inducción de un incidente que produzca una gran conmoción nacional e internacional, de algún evento que signifique un punto de quiebre respecto a la correlación de fuerzas actual, que se convierta en un hecho desencadenante de violencia, mediante el cual sea posible justificar la intervención sobre Venezuela.

Históricamente los Estados Unidos han inducido el escalamiento de conflictos mediante incidentes de este tipo. Así que no sería extraño que se estén fraguando operaciones de falsa bandera, hechos de gran conmoción que faciliten la actuación de la Casa Blanca por encima del Consejo de Seguridad de la ONU y por sobre el Congreso estadounidense.

En ese orden ideas, no deja de ser motivo de alarma la atención internacional que se le ha brindado a la presunta entrega de ayuda humanitaria -la cual ha sido descalificada incluso por la Cruz Roja Internacional-, así como la posición belicista del procónsul al amenazar a la FANB de Venezuela. Pareciera que detrás de ese evento político disfrazado de acto humanitario, hay una agenda que pretende desencadenar el incidente requerido.

Por fortuna, a pesar de la conflictividad política y de la exaltación en las narrativas a lo interno, especialmente en las redes sociales, en la mayoría de la población venezolana no se percibe un ambiente belicista. Por el contrario, el anhelo del pueblo es que la situación se resuelva por las vías democráticas, porque se entiende que una guerra no va a solucionar la situación actual (allí están los precedentes recientes de Iraq, Siria y Libia), y también se reconoce que el conflicto político es un obstáculo para superar la crisis económica.

¿Qué se juega en Venezuela en este momento histórico?

Venezuela es una pieza clave para la geopolítica global. El desenlace del conflicto actual, cuya naturaleza transnacional es innegable (es evidente que en Venezuela se concentra una pugna de intereses de amplio espectro entre los Estados Unidos y sus sistemas de alianzas, y el bloque emergente China Rusia e India), será una de las variables fundamentales que van a determinar el devenir histórico del orden mundial en el próximo siglo

En primer lugar, porque sus ingentes recursos naturales resultan estratégicos, en un momento de crisis estructural del sistema capitalista y ante la inminencia de una gran recesión. Si los Estados Unidos no logran el control de las reservas energéticas venezolanas, difícilmente podrán evitar su colapso como potencia económica dominante en el sistema-mundo.

En segundo lugar, porque si los Estados Unidos no concretan su dominación política y militar sobre América Latina y el Caribe, al cual consideran como su patio trasero histórico (el derrocamiento del gobierno de Venezuela es fundamental para alcanzar tal objetivo), se acentuaría la crisis de hegemonía y este sería un signo de una ruptura del orden mundial regente desde la caída de la Unión Soviética.

En tercer lugar, porque la estrategia actual de los Estados Unidos contra Venezuela, está demoliendo el derecho internacional y las bases del sistema de naciones (los principios y las normas que rigen la convivencia entre los Estados Nacionales), y está tratando de imponer un precedente que puede derivar en la abolición del Estado Moderno en su acepción liberal, para instaurar un nuevo régimen cimentado en acciones de fuerza y belicismo.

En cuarto lugar, porque a pesar de la gran asimetría en el campo militar entre los Estados Unidos y Venezuela (y de la inviabilidad de que aliados del gobierno venezolano como Rusia o China puedan contener una invasión), una agresión de esa naturaleza desencadenaría en una situación de inestabilidad sin precedentes en Venezuela que podría derivar en estallidos en la región, los cuales resultarían incontrolables para las fuerzas invasoras y podrán convertirse en un boomerang de repercusiones inimaginables para Estados Unidos.

¿Cuál es la salida para contener esa amenaza de intervención militar?

La única opción es defender la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, fortalecer el tejido institucional venezolano. En la medida en que los poderes públicos funciones y puedan ejercer sus competencias (que implican garantizar los derechos de la población), se estarán dando las condiciones para aislar y abolir el gobierno satélite. En ese orden de ideas, es imprescindible mejorar la situación económica. No es sostenible enfrentar una agresión tan compleja, mientras la población tiene que padecer calamidades de todo tipo para satisfacer sus necesidades básicas y se mantiene la incompetencia del gobierno para superar la crisis.

También es urgente, realizar una convocatoria democrática para un diálogo nacional, cuyos objetivos centrales sean la paz y la soberanía nacional. El gobierno nacional debe buscar los canales para establecer un contacto serio y respetuoso con amplios sectores de la oposición política (en sus múltiples expresiones), los cuales repudian el intento de golpe de Estado de la autoproclamación, están en desacuerdo con las posiciones fundamentalistas y antinacionales de Voluntad Popular, y aspiran una salida constitucional y democrática a la crisis política actual.

De igual manera es preciso mantener la agenda diplomática que se está desarrollando desde Cancillería, e insistir en la buena disposición para la búsqueda de una salida política negociada con la cooperación internacional, pero sin chantajes, imposiciones o amenazas externas (el Mecanismo de Montevideo es un instrumento con una orientación respetuosa de esas premisas).

Hay que promover la salida política negociada sobre la base de las herramientas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (más allá de los intereses partidistas), con la participación de todos los sectores democráticos del país. De lo contrario, Venezuela será víctima de una guerra de rapiña por sus recursos naturales. En Venezuela no está en juego un gobierno, está en juego la existencia de la República y la posibilidad de que el pueblo venezolano sea el protagonista de su devenir histórico.