La presente situación venezolana, creada a partir de la auto proclamación del actual presidente de la Asamblea Nacional en desacato Juan Guaidó como Presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, es el resultado de un largo conflicto interno pero con rasgos continentales y geopolíticos que se remonta, por lo menos, a la fecha del fallecimiento del Ex Presidente Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013. A partir de allí, Nicolás Maduro quien ejercía para el momento como Presidente encargado, asistió a elecciones adelantadas el 14 de marzo de 2013, según lo establecido en la constitución para los casos de faltas absolutas del presidente de la República, resultando ganador con el 50,61% de los votos para ejercer el mandato durante el periodo 2013 – 2019. En términos generales, ésta situación trastocará dos rasgos esenciales de la economía venezolana que son característicos a todo lo largo del siglo XX, así como también una tercera característica económica de los últimos 15 años de revolución bolivariana: 1) Venezuela siempre fue un proveedor seguro de petróleo crudo (en particular a los Estados Unidos), 2) El país sudamericano siempre fue un pagador confiable de sus compromisos financieros internacionales y 3) la revolución bolivariana había mantenido la tasa de inflación por debajo del promedio de los anteriores gobiernos.
La campaña por el default. Para referirnos a las agresiones del presente debemos iniciar por 2014, cuando el traumático proceso político que implicó la desaparición física del presidente de la República, elecciones presidenciales e inicio de un nuevo periodo, fue acompañado por una campaña sistemática que buscaba erosionar la confianza sobre la capacidad de pago de la República Bolivariana de Venezuela respecto a sus compromisos internacionales de deuda emitida por el gobierno, en el marco del financiamiento necesario para superar la caída de los precios del petróleo durante el periodo 2008-2009, como consecuencia de la crisis mundial del capitalismo. La estrategia iniciada en septiembre de 2014 consistió en colocar la economía venezolana bajo una situación de cerco financiero internacional que obstaculizará el acceso al crédito y que fue difundida por diferentes medios especializados, agencias calificadoras y entidades del sector financiero internacional, anunciando los riegos de la deuda venezolana y el posible default del gobierno, fundamentalmente impulsada por Ricardo Hausmann, quien fuera ministro del Ex Presidente Carlos Andrés Pérez en su segundo ejercicio del poder; periodo que fue conocido por su inclinación ortodoxa en la política económica. Al mismo tiempo, se inician importantes presiones sobre el régimen de control de cambios basadas en la inestabilidad política, la expectativa de devaluación y una especie de profecía auto cumplida sobre una inevitable dolarización de la economía, argumentos en los que insistirán hasta el presente con consecuencias en la cotización del mercado paralelo de divisas y en la formación de precios. En este último aspecto cambiario, serán fundamentales los análisis ampliamente difundidos de otro economista de inclinación liberal, Steve Hanke, asesor de otro Ex Presidente de Venezuela, en este caso el Dr. Rafael Caldera, con un artículo muy sugerente publicado en marzo de 2013 denominado: "El fallecimiento de Chávez… Y de su moneda?".
Situación de la industria petrolera. Adicionalmente, la caída de los precios del petróleo ocurrida a partir del 2014 y la no aplicación de reformas impostergables en el modelo económico dependiente de esas exportaciones fue gestando una crisis fiscal sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela, que trascendió a las dimensiones político y social de la nación y que progresivamente se fue agravando en el aspecto monetario y cambiario. A la par de la situación en las cuentas nacionales, fue ocurriendo una disminución constante en la producción petrolera que inició en 2013 y luego se fue profundizando en los años subsiguientes alcanzando un volumen de exportaciones de 1.39 millones de barriles para el segundo trimestre de 2018 según cifras de la OPEP obtenidas a partir de fuentes secundarias, resultando en una caída mayor al millón de barriles desde que iniciaron los problemas de la industria con respecto a 2013.
Los debates sobre la política económica. En este contexto, fueron muchas las propuestas y debates entre expertos venezolanos y de las fuerzas políticas que acompañan a la revolución bolivariana sobre el curso a seguir y de cómo el gobierno debía enfrentar la situación económica. Ideas que planteaban la radicalización del proceso revolucionario y por otro lado las que insistían en la forzosa aplicación de un plan de ajuste económico, de donde se desprendía a su vez quienes creían que era posible la aplicación de un programa heterodoxo y por el otro lado los que pensaban que no habían alternativas a la aplicación de un programa de corte ortodoxo a pesar de sus consecuencias sociales y políticas, como por ejemplo el abandono definitivo de las banderas del socialismo. Al final, lejos de avanzar en un proceso de reestructuración de la economía en uno u otro sentido y presionado por la posible pérdida de confianza en los mercados internacionales impulsada por la campaña sistemática de default, el gobierno optó por la monetización de déficit, el sacrificio de las importaciones y el cumplimiento de sus compromisos financieros con los acreedores, obteniendo resultados verdaderamente negativos en los principales indicadores macroeconómicos al cierre de 2015, tanto así que dejó de publicar la cifras de inflación y otros indicadores fundamentales para evitar el saboteo y la formación de expectativas negativas sobre la economía. Este vacío o silencio estadístico fue ocupado por consultoras, calificadoras de riesgo y demás organismos internacionales que vienen participando en la campaña de default mencionada anteriormente. Por ejemplo, al no tener un indicador que dé cuenta de nuestra realidad el FMI estima para 2019 una caída del PIB en -18% y una profundización de la hiperinflación con una tasa igual a 1.370.000 %. A tal respecto, solo podemos decir o más bien insistir en que el Banco Central de Venezuela es el único ente con la capacidad técnica y operativa para hacer el seguimiento de los precios y del sistema de cuentas nacionales en Venezuela, por tanto todas las demás estimaciones contarán con los problemas de sesgo y no serán más que estimaciones que no reflejan del todo la realidad, más aun en un escenario de agresiones políticas externas como a las que nos estamos refiriendo.
La formalización de la agresión. En general, 2015 significará un punto de inflexión con la aprobación de la orden ejecutiva 13.692 por parte del Presidente Barack Obama que declara la "emergencia nacional" por considerar que la República Bolivariana de Venezuela constituye "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos", la cual será renovada en marzo 2016 y posteriormente en 2017. Como se advirtió en su momento, este instrumento dejará la mesa servida para el incremento de las agresiones de carácter unilateral en los planos político y económico. Al cierre de 2015 se efectuaron las elecciones de la Asamblea Nacional con el resultado de 65,27% de los votos válidos a favor de la oposición representada por la organización política MUD obteniendo 112 de 167 diputados respecto a 32,93% del PSUV que resultó en 55 de 167. Esta mayoría, tan sólo unos días después del evento electoral será objeto de impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por fraude electoral en el estado Amazonas afectando a tres escaños, ordenando así la desincorporación de quienes resultaron electos para una posterior repetición de las elecciones en ese estado en un breve plazo. A tal respecto, el para entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup decidió desconocer la sentencia del TSJ juramentando a los diputados, situación que precipitó al conjunto del órgano legislativo hacia una situación de desacato y conflicto de poderes concretada a partir de agosto de 2016.
De la campaña por el default al cerco económico. Un ejemplo de las primeras acciones económicas que apuntan hacia un escalamiento del conflicto más allá de la campaña que buscaba inducir el default y que apuntan hacia la aplicación progresiva de un bloqueo financiero y embargo comercial fue la suspensión del servicio de banco corresponsal y cierre de cuentas por parte de la banca internacional contra el Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos en julio de 2016, entre ellos el más importante fue el Citibank. Así mismo, la empresa canadiense Crystallex que mantenía un diferendo arbitral en el tribunal internacional del Banco Mundial CIADI contra la República Bolivariana de Venezuela por cese de una concesión minera, decide también demandar a PDVSA en un tribunal de los Estados Unidos en noviembre de 2016 con la intención de reclamar el 50,1% de las acciones de CITGO que se habían puesto como garantía del bono PDVSA 2020, con el objetivo de sabotear su canje por el bono PDVSA 2017. A lo que siguieron sanciones por parte del departamento del tesoro a altos funcionarios del Estado venezolano, entre los que destacan los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en mayo 2017, la figura del Presidente de la República en julio de 2017, y a un grupo de constituyentes, justo después de resultar electos en agosto 2017. Concretando un marco general de sanciones financieras mediante la orden ejecutiva firmada el 25 de agosto de 2017 por el presidente Trump dirigida a profundizar la suspensión de bancos corresponsales, cerrar cuentas, bloquear la negociación de deuda y el cobro de dividendos de empresas publicas venezolanas en los Estados Unidos, entre otras sanciones más de carácter político a funcionarios venezolanos así como a personas jurídicas y naturales que entablen relaciones financieras y comerciales con Venezuela. Nos encontramos entonces ante una legalización e institucionalización de una política que al menos desde 2014 era declarada como no oficial, sólo se había mantenido en la agenda de las agencias de información y comunicación económica, en el comportamiento del sistema financiero internacional y las acciones de la banca. De esta forma, tendrán el marco jurídico y la justificación para iniciar, ahora si formalmente, el bloqueo financiero con la tentativa de embargo internacional y confiscación contra CITGO y PDVSA, empresas representativas de la industria petrolera venezolana.
El proceso migratorio. Este será el marco político y económico que provocará un proceso migratorio sin precedentes en la historia de Venezuela. Según cifras de la OIM pasó de 695.551 migrantes en 2015 a 3.328.949 en 2018, teniendo como principales destinos Colombia, Perú, Estados Unidos, España, Chile y Argentina, países cuyos mandatarios, al menos los latinoamericanos, se reúnen en un conclave de jefes de Estado autodenominado Grupo de Lima para hacer presión en organismos internacionales como la OEA y otros, mientras que transforman la crisis venezolana y el proceso migratorio en un negocio con réditos políticos y económicos, ya que por un lado fomentan la migración de venezolanos hacia sus países y por el otro no les ofrecen garantías de estabilidad. Al contrario, alientan campañas xenofóbicas mientras solicitan aportes a los organismos internacionales para atender el tema migratorio, incluso denominando el problema como crisis migratoria, para avanzar en la tentativa de conceptos como ayuda humanitaria, catástrofe humanitaria e intervención humanitaria. Estas iniciativas, lejos de impulsar soluciones, complican el escenario al punto de servir la mesa a una posible intervención militar, encubierta en una primera etapa y luego abierta, según se puede colegir de las declaraciones de los diferentes voceros de la administración Trump cuando afirman que no descartan ninguna opción respecto a Venezuela. En tal sentido, si bien el flujo migratorio de venezolanos hacia sus países puede convertirse en un problema, llama la atención por qué no solicitar el cese del bloqueo financiero y propiciar el dialogo necesario para que los venezolanos puedan resolver éste problema, escenario que le permitiría al gobierno atender la situación económica de posibles nuevos migrantes.
La violencia callejera. Con el inicio del nuevo año legislativo de 2017, el recién electo presidente de la Asamblea Nacional en desacato Julio Borges, en plena juramentación sometió a consideración del parlamento la declaración del abandono del cargo por parte del presidente de la República Nicolás Maduro, la cual aprobaron sin mayor trascendencia política nacional o internacional, no teniendo receptividad en los EEUU ni en organismos internacionales. Más tarde, en abril del mismo año, envía una comunicación al Deutsche Bank advirtiendo que cualquier operación financiera con el gobierno venezolano era "ilegal y éticamente reprochable", en un intento de impedir una operación de crédito mientras justificaba las protestas violetas en las calles que hasta julio de ese mismo año tuvieron un saldo de 131 víctimas mortales. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio de 2017 permitió una ligera estabilidad política mediante la cual se superó el escalamiento de la violencia armada durante las denominadas "guarimbas", obligándoles a retomar el dialogo con el gobierno en República Dominicana, el cual se desarrolló entre noviembre de 2017 y febrero de 2018, dialogo que por demás habían abandonado en octubre de 2016 a pesar de la facilitación del Vaticano, y de los Ex Presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Lionel Fernández y Martin Torrijos. Durante las últimas conversaciones de Santo Domingo, la oposición política demandó fundamentalmente la realización de elecciones adelantadas, el establecimiento de un canal de ayuda humanitaria o "intervención humanitaria", la liberación de los políticos presos sin importar su participación en los hechos violentos que acontecieron durante las "guarimbas", entre otros elementos. Por su parte, el gobierno buscaba garantizar la participación de la oposición y el posterior compromiso por escrito sobre el reconocimiento de los resultados en un posible escenario de elecciones presidenciales adelantadas que estaban por definirse. Es de hacer notar, que la oposición política se negó a firmar los acuerdos de Santo Domingo para avanzar en una nueva fase de la campaña internacional de agresiones financieras contra la República Bolivariana de Venezuela.
El Bloqueo financiero y el embargo comercial. Durante el mes de abril de 2018, los dirigentes opositores Antonio Ledezma, Julio Borges y Carlos Vecchio, decidieron incentivar la profundización del cerco financiero internacional a través de un conjunto de visitas a países de la Unión Europea, entre los que destacan España y Francia, desde donde solicitaron nuevas sanciones contra el gobierno de Venezuela, instruyendo cartas al Banco de Inglaterra y otras instituciones financieras europeas. Según ellos el objetivo era "evitar la legitimación de capitales e impedir que el régimen venezolano continúe endeudando y vendiendo activos de Venezuela de manera ilegal como es el caso del oro y del petro". Se trataba fundamentalmente de mermar la capacidad del gobierno para enfrentar la situación económica, y de obstaculizar posibles alternativas ante las sanciones impuestas, a través de una criptomoneda creada por el gobierno o al mecanismo de comercio internacional de oro venezolano que ya mostraba señales de convertirse en una importante fuente de ingresos.
Econ.
Profesor Universidad Bolivariana de Venezuela