Con la unción de Juan Guaidó por el Sacro Papa Donald Trump y el concilium de la Unión Europea, se ha producido según los sesudos expertos, tecnócratas de la economía, la política y el derecho internacional el cese del Gobierno Constitucional de Nicolás Maduro, a quien declaran usurpador y la entrada del nuevo Presidente Interino Juan Guaidó, a quien le han delegado Donald y Boverine, la función de nombrar autoridades, administrar recursos, y suministrar ayuda humanitaria.

Todo esto partiendo de la aplicación del artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyos supuestos se parte del hecho de la falta absoluta del Presidente legítimo de la República, es decir, no de la eliminación de un usurpador del poder, y en el supuesto aplicable al Presidente de la Asamblea Nacional, la consecuencia también es expresa deben producirse las elecciones para ese cargo en el periodo constitucional dentro de los treinta (30) días siguientes a la asunción del Presidente de la Asamblea Nacional.

Ante este contexto constitucional, ¿cuál es el escenario anunciado por el ungido Juan Guaidó? Una Ley de Transición que contempla establecer un periodo de transición del gobierno de Juan Guaidó, en el que se plantea que su gobierno será de por lo menos un (01) año; un plan de emergencia o salvamento económico, en el que se plantea el "financiamiento internacional por 25 mil millones de dólares", el nombramiento de embajadores o asesores de negocios, en los países que lo ungieron como "Presidente Interino"; y ahora el nombramiento de autoridades como el Presidente de PDVSA.

Acá cabe preguntarse ¿cuál es el sustento constitucional de todas estas acciones de Guaidó y quienes le acompañan?; evidentemente que ninguno. Bajo el amparo de nuestra Constitución no existe la figura de "Presidente Interino", el Presidente de la Asamblea Nacional asume la Presidencia de la República por treinta (30) días mientras se produce la elección de un nuevo Presidente para completar el periodo presidencial, en el caso venezolano 2019-2025.

Pero Juan Guaidó no ha llamado a nuevas elecciones, no ha instado al Consejo Nacional Electoral para efectuar dicha elección, al contrario está levantando un tinglado legal irrito, nulo absolutamente, para enquistarse en el poder por un año (al menos); lo que consolida un golpe de Estado institucional a la Constitución y las instituciones públicas que en ella se contemplan.

Se agrava la situación cuando es un hecho público y notorio el concierto de Juan Guaidó y quienes le siguen con gobiernos extranjeros que han bloqueado los recursos venezolanos en el extranjero, afectando hasta el desempeño de nuestra industria básica, todo a cambio de instaurar a Guaidó a fuego y sangre en el gobierno venezolano.

Bajo la premisa de elecciones libres, se lleva a esta crisis económica y humanitaria desde lo político; no cabe duda que en Venezuela se ha producido, inducido y generado una crisis humanitaria por las acciones de bloqueo internacional por parte de los Estados Unidos de Norteamérica y sus socios internacionales, en este contexto no puede hablarse de elecciones libres, evidentemente.

Se trata de imponer a un grupo político que en 20 años sólo ha podido ganar algunas elecciones regionales o locales, y que ahora pretende desconocer las elecciones legítimamente realizadas en nuestro país en ese tiempo, aun cuando ha sido ganador en alguna de esas elecciones.

El bloqueo internacional es una medida genocida, eso es obvio, y la ayuda humanitaria es una extorsión, que a todas luces es injerencista y se constituye en la violación de los principios básicos del derecho internacional como una mampara a la que se le ven las costuras desde lo lejos.

Estas acciones estaban anunciadas desde hace más de 15 años, con las acciones de los anteriores gobiernos de Estados Unidos, las acciones golpistas de la oposición, el empeño en desconocer los procesos electorales y a las autoridades públicas, se montó una matriz de opinión internacional de tal magnitud como para pretender legitimar mediáticamente, el Golpe de Estado y la Invasión de un país que no ha agredido ni atacado a sus vecinos ni a otros países.

Y el objetivo es innegable, derogar la actual Constitución por los hechos e imponer un Régimen encabezado por un gobierno servil a los intereses de esos países que agreden a nuestro país, sin importar las violaciones de los derechos humanos que cometan en contra del Pueblo venezolano.