Si algo está afectando a Venezuela que viene contribuyendo a que la crisis económica y la inflación se haga cada vez más insostenible, aunado a las sanciones que desde el imperio se le vienen imponiendo al país, son los hechos ilícitos, como el robo, el contrabando y la corrupción, que siempre han estado enquistados en el seno de nuestra sociedad, desde el siglo XVIII.

Revisando algunos textos históricos que hablan de la guerra independentistas, como el escrito por Miguel Acosta Saignes, sobre Bolívar, nos encontramos que ya algunos historiadores de la época, incluso, como Dauxión Lavaysse, Francisco Depons y C. Parra Pérez, entre otros, hablaban de los incontables hechos marcados por el contrabando, el robo de ganado y la corrupción, que hicieron más difícil emprender las acciones impostergables libertadoras, por carencia de recursos.

Cuando Bolívar regresa a Bogotá de su campaña por el sur que le dio la libertad a Perú y a Bolivia, uno de los mayúsculos problemas con los cuales se encontró fue el despilfarro y las acciones de corrupción que encabezó el propio Francisco de Paula Santander, quien se mantuvo por más de siete años al frente de la vicepresidencia y encargado del gobierno de la Gran Colombia.

Los escritos del general Daniel Florencio O´Leary, por igual, reflejan que Santander además de ser el artífice de la disolución de la Gran Colombia, evitó que los recursos del Estado llegaran de manera equilibrada y diligente a Venezuela, lo que hizo también que el general José Antonio Páez, ante la situación precaria que vivía el país, viese con buenos ojos y para provecho propio el camino a la separación.

Acosta Saigne refleja en su investigación, apoyado en los escritos de Depons, que ya "en 1801, cuando visitó al país, los cuatreros habían disminuido las posibilidades regionales a fuerza de matar el ganado impunemente", solo con la idea de apropiarse de los cueros, que eran vendidos al exterior, a precio mayor al costo de una res.

Otro ejemplo, escrito esta vez por José Luis de Cisneros, al referirse al año 1764, da cuenta que "este funesto ejemplo de robar ganado -tal como sigue ocurriendo hoy en día en Venezuela- dio a unos facinerosos dedicados al robo la idea de proporcionarse un oficio con la destrucción de las reses, por el objeto de conseguir sus cueros que eran vendidos entre Buenos Aires y Trinidad.

Daixón Lavaysse también revela que en las inmediaciones de Calabozo, en donde tenía un almacén importante la compañía Guipuzcoana, existían innumerables rebaños, pero según se quejaba "en 1802 esta región estaba infestada por una caterva de bandidos que cazaban los caballos, bueyes y mulas, etc., y las despellejaban para vender las pieles en Trinidad".

El 28 de octubre de 1813, el rector de Renta, Fernández de León, opinaba que "de todos los ramos de la administración se anunciaban fraudes y manejos ilegales", como un mal que se iba extendiendo en toda la República.

Bolívar, ante esta grave situación, y sobre todo para controlar las rentas que generaba la producción de tabaco y la burla a las reglamentaciones con ventas clandestinas y cultivos ocultos, decretó el 11 de septiembre una "ley contra los defraudadores de la Renta del Tabaco, de extrema severidad, por tratarse de la fuente principal del erario".

Esta disposición señalaba "que todos los vendedores clandestinos y autores de robo y manejos ilícitos con el tabaco serían pasados por las armas".

El director de las rentas nacionales podía ordenar a los jueces procedimientos extraordinarios e instrucción sumarial de las causas. "Se imponía igual pena a todos los funcionarios o particulares que omitiesen el cumplimiento de la ley".

El 21 de diciembre de 1813, nuevamente Bolívar a través de un decreto creó un "cuerpo cívico" para proteger a los agricultores y patricios y libraran al ejército de labores no estrictamente militares, que dieran al traste con la delincuencia.

El Decreto del Libertador, que a la postre se llamó "Disposiciones contra bandoleros" contenía lo siguiente:

"Reunidos algunos bandoleros en diferentes partidas, y esparcidos en los caminos públicos, no sólo han robado y asesinado a los pasajeros, sino que se han introducido en algunas aldeas indefensas donde han pillado e incendiado las casas, destruyendo cuanto no han podido llevar. No es su objeto hacer la guerra al gobierno, sino atacar la vida de los particulares y robar lo que poseen. El número de los hombres honrados y laboriosos, siendo mayor que el de los perversos que los ofenden (…) se hace indispensable que se reúnan y obrando de acuerdo limpien los caminos y madrigueras donde están establecidos los bandidos, persiguiéndolos hasta su total exterminio".

No cabe duda que la Venezuela actual requiere con urgencia que este decreto que emitió antes el Padre de la Patria sea de nuevo impuesto, con sus modificaciones necesarias, con todo el rigor que ello implica, pues para nadie es un secreto que el país está asediado de delincuentes, que actúan a sus anchas en similares condiciones a las del pasado, impidiendo el manejo lícito de los recursos de la administración pública, y asediando a los agricultores, comerciantes y productores del campo, y a los transeúntes en general, quienes se encuentran en la actualidad de manos atadas ante el pillaje a la espera de medidas ejemplarizantes.