Las tensiones políticas desencadenadas en Venezuela durante las últimas tres décadas, son expresión de una carga histórica de conflictos de clase con antecedentes cruentos, así como de contradicciones en torno a los modelos de relaciones del país con el sistema-mundo.

En el siglo XIX, en el marco de una formación económico-social incipiente, con una función subalterna e insignificante en la división internacional del trabajo y devastada por una cruenta guerra de independencia, se produjeron sucesivas conflagraciones internas por el control y usufructo de la tierra, entre las que sobresale la guerra federal.

En el siglo XX se engendraron cambios estructurales en el metabolismo social y económico del país, los cuales significaron la incorporación orgánica de Venezuela al mercado mundial como proveedor energético fundamental para el desarrollo industrial de occidente, con una posición subordinada respecto a las potencias anglosajonas; y además determinaron la naturaleza de los nuevos conflictos (rebeliones militares sucesivas y un movimiento insurgente), los cuales se entienden como una manifestación concreta de las pugnas interclasistas por el poder político, como medio para obtener el control y usufructo de la actividad petrolera.

En los últimos lustros del siglo XX, se fracturó la hegemonía del denominado Pacto de Punto Fijo, con lo cual se agudizaron las convulsiones sociales, políticas y económicas del país acumuladas desde la década de los sesenta. Tales circunstancias generaron las condiciones para que en las últimas tres décadas, Venezuela haya experimentado una conflictividad social de amplio espectro y gran escala, la cual se mantiene vigente en la actualidad.

El estallido social conocido como sacudón de 1989 y las rebeliones militares de 1992, inauguraron una nueva época de turbulencias sociales y políticas, y se reconocen como hitos de la crisis de hegemonía –con flujos y reflujos- que ha caracterizado a la sociedad venezolana durante las últimas tres décadas.

A continuación se presenta un breve análisis –expuesto mediante matrices-, en torno a tres hitos de conflictividad significativos de este periodo convulso para la sociedad venezolana, los cuales se conciben como sublevaciones cuyo contenido de clase es en algunos casos diametralmente opuesto, pues se trata de movimientos insurreccionales o restauradoras del orden político y económico previo a la emergencia de la revolución bolivariana.

Los hitos referidos son los siguientes: i) El sacudón de 1989 y las rebeliones militares de 1992; ii) El golpe de Estado y paro petrolero de 2002-2003; iii) La escalada de protestas violentas de 2014 y 2017;

El sacudón de 1989 y las rebeliones militares de 1992:

 

Sujeto(s) social(es)	Correlación de fuerzas	Situación económica	Situación geopolítica	Nuevo Escenario
1989: Alianza de facto de las clases subalternas urbanas (clase obrera, sectores lumpenizados). 1992: Militares profesionales integrados con partidos políticos de izquierda como la Causa R.	Crisis de Hegemonía y fractura del dominio del bipartidismo instaurado a través del denominado por el pacto de Punto Fijo.	Déficit fiscal, endeudamiento externo, caída del PIB y de las reservas, inflación. La situación se agudizó ante la implementación de un Plan de Ajuste Estructural, el denominado "Paquetazo" de Carlos Andrés Pérez.	Las políticas de Venezuela se encontraban absolutamente subordinadas a los intereses estratégicos de los Estados Unidos de América.	Crisis de legitimidad de los poderes públicos y el tejido institucional del país.

 

- Análisis desde el enfoque de la lucha de clases: se trató de dos hechos históricos cruentos para el país, que se conciben como el punto de quiebre que hizo explícita la crisis de hegemonía del modelo que dominó la política nacional durante gran parte del siglo XX (entre 1958 y 1999), los cuales además de responder a las mismas causas estructurales, representan expresiones concretas de la lucha de clases en Venezuela.

 

El sacudón de febrero de 1989 fue una respuesta de las clases subalternas -en particular de las más empobrecidas y marginadas de las grandes ciudades-, ante las repercusiones dadas por la implementación de un ajuste estructural de signo neoliberal que agravó la situación social y económica de la clase trabajadora y los sectores más vulnerables del país.

La reacción del Estado fue extremadamente violenta, el uso desproporcionado de la fuerza derivó en una masacre que contuvo el estallido pero dejó profundas e insanables heridas en la subjetividad del pueblo y amputó de legitimidad el régimen del Pacto de Punto Fijo.

Por su parte, las rebeliones militares de 1992, constituyeron una estocada a dicha legitimidad e intensificaron la crisis institucional del país. Asimismo, devolvieron a los militares su función (tradicional en la historia de Venezuela) de actuar como agentes clave de la política nacional.

Es necesario subrayar que estas rebeliones fueron ejecutadas por miembros de un sector específico en la jerarquía de las Fuerzas Armadas, los denominados COMACATES (Comandantes de tropa de los siguientes rangos: Teniente Coronel, Mayores, Capitanes y Tenientes), también es preciso resaltar que contrario a la tendencia de la región, en Venezuela las Fuerzas Armadas se han caracterizado por presentar una composición de clase heterogénea, que integra sectores de la clase trabajadora rural y urbana con la pequeña burguesía.

 

• El golpe de Estado y paro petrolero de 2002-2003:

 

 

Sujeto(s) social(es)	Correlación de fuerzas	Situación económica	Situación geopolítica	Nuevo Escenario
Alianza entre factores integrados a los intereses del capital transnacional y la oligarquía nacional: gremios económicos, sindicatos tradicionales, terratenientes, burguesía comercial y financiera, la autodenominada meritocracia de PDVSA, industria cultural, jerarquía eclesiástica, entre otros.	Crisis de hegemonía. Pugna entre la implementación del proyecto republicano refrendado mediante la constituyente de 1999, y la restauración del modelo dominante durante el siglo XX.	Reformas en áreas sustantivas, como los hidrocarburos, la tierra y el agro, y el modelo de distribución de la denominada renta petrolera.	Venezuela asume una posición contra-hegemónica respecto a los Estados Unidos. La situación es compleja porque los países del continente se ubican bajo la égida del neoliberalismo y la política exterior estadounidense es dominante.	La fuerza política del chavismo enfrenta momentos adversos e incluso pierde el poder de manera temporal, y el país registra pérdidas millonarias que se traducen en un retroceso económico, pero el desenlace de las tensiones favorece sus posiciones del chavismo y se generan las condiciones para la instauración de una nueva hegemonía.

 

- Análisis desde el enfoque de la lucha de clases: las reformas impulsadas por el gobierno de Hugo Chávez –previstas en su oferta electoral y en consonancia con el nuevo orden constitucional instaurado en 1999-, produjeron una reacción enérgica que derivó en una movilización popular enorme en contra de dichas reformas.

 

Esa movilización fue dirigida y canalizada en función de los intereses de sectores de la oligarquía nacional y el establecimiento que regentó el país durante la segunda mitad del siglo XX (todos los sectores comprometidos de manera explícita con el levantamiento restaurador).

El conflicto desencadenó acciones de calle masivas sin precedentes en la historia republicana del país (de apoyo y de repudio al gobierno de Hugo Chávez), y el mismo adquirió de manera explícita un matiz de clase, porque se configuraron dos grandes bloques. Por una parte, y a favor de la restauración, los gremios económicos de las clases dominantes y los sectores más conservadores del espectro político nacional (apoyados de manera abierta por el gobierno de los Estados Unidos).

Mientras que por otra parte, se gestó una alianza entre múltiples y muy diversas expresiones organizativas, entre las que figuraron el partido de gobierno, la mayoría de los partidos de izquierda, sectores progresistas de la clase obrera, comités urbanos de diverso signo, movimientos campesinos y grupos de intelectuales.

La rebelión popular de abril de 2002, mediante la cual se derrocó el gobierno de facto instaurado por la oligarquía con el apoyo del capital transnacional y se consumó el regreso al poder político de Hugo Chávez, así como la capacidad de la clase obrera de PDVSA para recuperar esa industria después del paro-sabotaje realizado entre diciembre de 2002 y enero de 2003, constituyen la evidencia de que en el conflicto subyace la lucha de clases, por encima la pugna por el poder político entre chavismo y antichavismo,

 

La escalada de protestas violentas de 2014 y 2017

 

 

Sujeto(s) social(es)	Correlación de fuerzas	Situación económica	Situación geopolítica	Nuevo Escenario
2014: estudiantes y sectores urbanos vinculados a partidos de derecha. 2017: combinación entre grupos organizados para una guerra irregular urbana contra la fuerza pública y manifestaciones espontáneas de descontento popular (embrionarias de un estallido social).	2014: Crisis profunda de liderazgo y crisis de hegemonía. El chavismo pierde terreno como bloque y como proyecto. 2017: Crisis profunda de hegemonía y de legitimidad. Fracturas en el tejido institucional. Enorme descontento popular.	2014: Se mantienen algunas de las políticas sociales instauradas por el chavismo, pero enmarcadas en una situación compleja: Caída del PIB, aumento vertiginoso de la inflación. 2017: Profunda y severa crisis económica. Déficit fiscal abismal, Deterioro de derechos esenciales como la salud. Colapso de servicios públicos. Caída estrepitosa del PIB, hiperinflación, devaluación astronómica, precarización de la clase trabajadora, reversión de logros sociales alcanzados entre 2004 y 2012.	Venezuela pierde su función como referente y se convierte en una pieza clave en el conflicto geopolítico entre los Estados Unidos y sus aliados y el eje China-Rusia.	Inestabilidad social, económica y política sin precedentes desde 1989.

 

- Análisis desde el enfoque de la lucha de clases:

 

Las protestas violentas desencadenadas en 2014 y 2017, se desarrollaron a partir –y sobre la base- de la pérdida de hegemonía política del chavismo en Venezuela, determinado en gran medida por cuatro variables: i) El estancamiento económico desde 2008; ii) La burocratización del chavismo; iii) La contraofensiva geopolítica de los Estados Unidos para controlar el continente; iv) La ausencia física de Hugo Chávez.

En el caso de 2014, fue explícita la función dirigente de los partidos de derecha afiliados al capital transnacional. Su despliegue fue en gran medida inducido por grupos organizados para tal efecto y su evolución no fue la esperada, en primer lugar, porque el propósito era llevar a cabo una guerra de desgaste para controlar posiciones estratégicas y de manera simultánea deslegitimar el tejido institucional hasta propiciar una fractura en la Fuerza Armada -un levantamiento militar- que derivara en una guerra civil o en un golpe de Estado.

En segundo lugar, porque a pesar del carácter heterogéneo de los sujetos de las protestas (de hecho hubo presencia de sectores asalariados y lumpenizados en ciudades como San Cristóbal y Mérida), las mismas no calaron en los barrios que rodean los centros de poder más importantes del país, precisamente los que tienen la potencia suficiente para una rebelión popular (en mi opinión los dirigentes no estuvieron interesados en desencadenar un estallido social porque le consideraron peligroso –subversivo- respecto a sus intereses).

Las protestas de 2014 –conocidas como guarimbas-, significaron una experiencia de guerra irregular urbana que sobrepasó la capacidad de contención ordinaria de la fuerza pública, y además desarrolló experiencias de control territorial e imposición de micro Estados de facto –con toques de queda y control sobre los flujos-, especialmente en focos adyacentes barrios y urbanizaciones de capas medias en las ciudades andinas referidas.

Un elemento complejo de ese momento histórico, está relacionado con enfrentamientos violentos entre civiles en barrios de extracción de clase popular, los cuales significan una fractura en el tejido social de esas localidades.

En el caso de las protestas de 2017, las mismas fueron impulsadas y financiadas por sectores asociados al capital transnacional. Su despliegue demostró mayor sistematicidad, instrumentos más sofisticados, capacidad logística y de combate más calificada que en 2014, e incluso, potencial para coordinar y movilizar en tiempo y espacio revueltas urbanas muy violentas.

Las protestas de 2017 produjeron un número mayor de víctimas mortales (según cifras de organizaciones de Derechos Humanos, en 2014 hubo 41 y en 2017 un registro aproximado a 150), y tuvieron mayor alcance territorial, pero al igual que sus predecesoras se focalizaron y no contaron con la potencia necesaria para impregnar los barrios populares de Caracas y de otras ciudades importantes del país (por tanto no hubo fuerza para poner en riesgo el poder político).

Estas protestas esperaban un hecho violento desencadenante que determinara la fractura de la Fuerza Armada o la intervención internacional. Aunque se produjeron hechos cruentos, por la acción de los sujetos de las protestas y también por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, ese hecho desencadenante no llegó, ante lo cual, la escalada de protestas experimentó un desgaste.

También hay que referir que la situación se salió de las manos de sus promotores (vale reseñar que nadie asumió la responsabilidad política de las protestas, aunque los sectores conservadores del país le hicieran apologías a las mismas), y que se llevaron a cabo múltiples acciones de calle en sectores populares que se pueden categorizar como espontáneas, porque no respondieron a los intereses de los grupos beligerantes, sino más estuvieron motivadas por la crisis social y económica que azota al país desde 2013.

A manera de conclusión

Los conflictos políticos de Venezuela durante las últimas tres décadas, han estado mediados por intereses de clase y condicionados por la presencia y la acción de agentes transnacionales. Un elemento común de esos conflictos está vinculado con la crisis de hegemonía. Aunque el chavismo logró un periodo de estabilidad relativa (2004-2012), esa es la variable que ha determinado los hitos objeto de reflexión en el presente análisis.

Cabe subrayar que la crisis de hegemonía y las condiciones económicas y sociales de la actualidad, representan un caldo de cultivo –más bien una bomba de tiempo- para que se desencadenen nuevos conflictos políticos. La crisis de legitimidad de los sectores políticos del país –en particular de los bloques surgidos en el conflicto 2002-2003: el chavismo y el antichavismo-, podría derivar en una implosión de los referentes políticos muy similar a la experimentada en 1989.

A pesar del proceso electoral del 20 de mayo de 2018 (dado en condiciones atípicas de temporalidad y participación), todo parece indicar que el conflicto sigue vigente y con tendencia hacia la intensificación. La situación de Venezuela es grave y compleja, porque la caída estrepitosa de su economía no ha tocado fondo y el gobierno no tiene, no encuentra (y hay que hablar con franqueza, tal parece que ni siquiera busca) las respuestas para superar esta crisis.

Mientras tanto, la oposición al chavismo no ha construido ningún referente de gobierno regional o local y mucho menos tiene una oferta de proyecto país, que permita vislumbrar alguna salida racional y democrática a la crisis. Por el contrario, cada día es más explícito que la agenda de la derecha venezolana está totalmente subordinada a intereses transnacionales, específicamente a intereses de los Estados Unidos. Incluso su discurso hace eco de categorías como "intervención humanitaria" multinacional bajo la égida y el paradigma de los Estados Unidos, entre otras, las cuales han resultado nefastas y terriblemente trágicas para los países que han sido objeto de las mismas.

En medio de tan complejo escenario, sectores asalariados como los trabajadores de áreas como la salud (con una mención especial para los y las profesionales de la enfermería), obreros de empresas públicas y privadas, la educación universitaria, servicios públicos como la electricidad, el agua potable, las telecomunicaciones e incluso trabajadores petroleros, han asumido una lucha digna y legítima por mejoras sustantivas en sus condiciones de trabajo –desde su instinto de clase y en defensa de los intereses de la población y del país-.

Es probable que el antichavismo pretenda cooptar o abrogarse estas movilizaciones, de igual manera, que el chavismo pretenda negar e incluso estigmatizar a las mismas, pero lo cierto es que la clase trabajadora está configurando de manera lenta pero sostenida, un proceso organizativo y el embrión de una capacidad de respuesta ante la crisis.

El pueblo trabajador tiene entonces en gran desafío de acumular fuerza y de tener audacia táctica y sentido estratégico para diseñar y ejecutar una respuesta, que trascienda las nomenclaturas petrificadas y las camisas de fuerza instauradas sobre las cenizas del liderazgo de Hugo Chávez, que trascienda el conservadurismo, el signo reaccionario y las posiciones subordinadas al imperialismo que caracterizan la narrativa antichavista, y fundamentalmente que permita el protagonismo auténtico de la clase trabajadora en la conducción del país hacia un modelo de justicia social y democracia auténtica (consignas que han sido tan utilizadas como traicionadas por la clase política nacional).

Por supuesto que esa respuesta del proletariado nacional, desde la complejidad y heterogeneidad de su composición, hará inevitable el desarrollo de nuevas contradicciones y probablemente de nuevos conflictos, pero es necesario –más bien imprescindible- que los trabajadores del país asumamos la defensa del país, pues no se está jugando un gobierno, un modelo, lo que está en juego en este momento, -ajenos a chovinismos- es la vida de la república.

La utopía sigue viva en la marcha de las enfermeras y en su lucha por atender al pueblo, en la protesta de los pensionados, en las maestras que hacen milagros para cumplir con su loable labor con la niñez, en la resistencia cultural de los pueblos originarios, en la dignidad de las comunidades mineras artesanales, en el trabajo arduo del campesino y el obrero. Cuando los oprimidos adquieren conciencia de su condición y reconocen a sus opresores, podemos decir que no es demasiado tarde y que no hay pueblo vencido.