El incremento generalizado de los precios de las mercancías en una economía determinada, la inflación, en parte es una disputa distributiva entre capital y trabajo, pero que a su vez ocurre en un contexto material concreto, constituido por el aparato del Estado burgués en tanto capitalista colectivo. Entonces, la institucionalidad estatal burguesa no es neutral, ni tampoco atacada a través de la inflación, en realidad crea las condiciones materiales que enmarcan esa disputa distributiva entre las clases dominantes, propietarias de los medios de producción y las mercancías, y las clases subalternas, que venden su fuerza de trabajo para obtener un ingreso en forma de salario que le permita reproducir su vida.
Desde el año 2014 hasta la actualidad (2018), el gobierno chavista de Nicolás Maduro aplica un ajuste económico reaccionario, disminuye el monto de las divisas asignadas a las importaciones para disponer los dólares que dirige al pago de los vencimientos de la deuda externa gubernamental y los pasivos de PDVSA. Según cifras del BCV, en el 2012 en Venezuela se efectuaron importaciones por un monto de 71083 millones de dólares, en cambio estimaciones de la CEPAL informan que en el 2017 solo se destinaron a las importaciones 12700 millones de dólares. Una contracción del 459,70%. Al contrario, sin incluir el año 2017, ante la ausencia de datos oficiales, entre los años 2014 y 2016, el gobierno chavista pagó 62475 millones de dólares, sumando 44071 millones de dólares en pasivos de PDVSA y 18404 millones de dólares en vencimientos de los bonos del gobierno central. En pocas palabras, el aparato del Estado para garantizar la reproducción de su inserción subordinada en el proceso mundial de acumulación de capital, ejecutó una medida estatal que bloqueó la reproducción en escala ampliada y simple de la economía venezolana, generando en ese lapso de tiempo una contracción del producto interno bruto del 31%. Eso sucedió y sucede en una estructura económica venezolana, determinada por una burguesía transnacional y local abiertamente improductiva y parasitaria que depende para sus actividades productivas de una gran cantidad de insumos extranjeros, que históricamente son importados con las divisas provenientes del ingreso petrolero.
Esa enorme disminución del abastecimiento de la economía local, ocasionada por el desplome de la producción nacional y la contracción de las importaciones de productos terminados, crea las condiciones que posibilitan la proliferación de la escasez de bienes y el surgimiento de índices de inflación de tres dígitos. En ese marco concreto, en sus diferentes escalas económicas, y en defensa de sus intereses de clase, los capitalistas individuales incrementan el precio de sus mercancías para evitar o reducir la desvalorización de su capital medido en monedas mundiales (dólares y euros). Al contrario, los trabajadores padecen una desvalorización y depauperación gigantesca del precio de su fuerza de trabajo, sufriendo un deterioro brutal de sus condiciones de vida. En ese sentido, la lucha y conquista de un salario igual a la canasta básica e indexado a las cifras de hiperinflación es la principal forma en que los miembros de la clase trabajadora venezolana pueden evitar y reducir la desvalorización de su fuerza de trabajo.
Por ello, se requiere combatir una idea estimulada por el gobierno chavista y la oposición patronal: los incrementos del salario son los responsables del aumento de la inflación. Como ya vimos, la inflación en Venezuela es fundamentalmente producto de la contracción vertical de la oferta de mercancías, en otras palabras el desabastecimiento del mercado interno. En consecuencia, los decretos presidenciales para incrementar el salario mínimo son un engaño, al tener esos aumentos salariales un carácter simplemente nominal y suponer un incremento solo en dinero, y no en capacidad de compra. Ese tipo de aumento salarial realizado por el gobierno de Nicolás Maduro, es parte de una pedagogía neoliberal, que educa al pueblo trabajador en la renuncia a la lucha por mejores salarios. En realidad, como clase trabajadora necesitamos impulsar un proceso unitario de movilización popular que tenga como objetivo central un aumento general de salario igual a la canasta básica e indexado a la inflación, como eje de un plan económico popular, que revierta el desabastecimiento de mercancías, promoviendo un plan de importación de insumos productivos y productos terminados, que sería financiado por la suspensión del pago de la deuda externa, la repatriación de los miles de millones de dólares robados y fugados, la suspensión de los acuerdos con el capital transnacional en la industria petrolera y el Arco Minero del Orinoco, una reforma tributaria progresiva, entre otras medidas populares.
