En Venezuela funcionan Tribunales Privados (VI)

Existen algunas personas entradas en la tercera, cuarta o quinta edad que todavía evocan como eran y estaban integradas las directivas de los gremios profesionales de hacen ya bastantes años, directivas conformadas por personas saturadas de calidad humana así como también sus afiliados, no obligados a inscribirse en esas instituciones, que pertenecían y constituían cada una de las asociaciones de: Periodistas, Médicos, Ingenieros, Abogados etc., etc. Aquellas encomiables ASOCIACIONES, si, en mayúsculas, fueron eliminadas para ser transformadas en criticables Colegios, si, en minúsculas debido a la precaria moralidad en su accionar. En anteriores escritos se ha dicho que todos los miembros de lo que llaman Colegios Profesionales son obligados a inscribirse en ellos, y resulta del cielo a la tierra la comparación con las otrora asociaciones, ya que éstas se consideraban unas muy dignas agrupaciones. Hoy las sedes de los Colegios de Profesionales, en su mayoría para no decir en su totalidad, son sitios de hacer negocios entre colegas, puesto que sin entrar el sospechas de nada, se puede ver, por ejemplo, entrar uno detrás del otro a personas involucradas en un mismo litigio que lleva determinado Tribunal de la República. Veamos ahora lo qué hacen los Colegios de Profesionales con el Código de Ética Profesional respectivo y la Ley específica a cada especialidad. Es público, notorio y comunicacional que en la actualidad esos instrumentos normativos de la conducta del profesional solo sirven para consumar represalias contra algunos miembros incomodos, que no están de acuerdo con las ejecutorias de la junta directiva de turno, siendo así por lo que los directivos hacen les levanten amañados expedientes que luego lo pasan a sus propios y dependientes Tribunales Disciplinarios para que sean sus integrantes los que les condenen y les impidan a sus colegas ejercer la profesión; actuando tal lo hace un Tribunal Ordinario de Justicia dependiente del poder judicial de la República Bolivariana de Venezuela.

Expliquemos someramente lo que sucedió hace algún tiempo en el Colegio Médico del Estado Carabobo, y tomemos solo 2 casos para contar algo de sus intríngulis. Aconteció que un joven médico fue condenado con la privación de sus derechos profesionales por dos (2) años, según, por no haber desobedecido una línea política que le fuera impartida por un funcionario médico activista del partido PROVE. El otro caso fue la una profesional que por no aceptar las proposiciones perturbadas de un superior jerárquico, le montan el expediente identificado TDFMV Nº 113, por el cual le condenan privándole de sus derechos profesionales por un lapso de dos (2) años y cuya sentencia fue publicada, sin fecha y emanado del COLEGIO DE MEDICOS DEL EDO. CARABOBO, TRIBUNAL DISCIPLINARIO que apareció en una página de un diario de la ciudad de Valencia el día Domingo, 12 de Agosto de 2.007.

No, no, aquello no fue justicia la que se aplicó, fue el resultado de una vulgar y vil retaliación. Cualquiera supone no concebible que en Venezuela suceda tal exabrupto y que sea una organización privada la que acepte, patrocine y ejecuten las decadencias de los sagrados valores morales, razones que serían más que suficientes para que el Estado interviniera en auxilio de la decencia, puesto que el Estado tiene la obligación de velar por el engrandecimiento integral de la patria y de sus ciudadanos. Evidentemente que estos dos profesionales de la medicina fueron sometidos al desprecio público por asuntos meramente políticos y/o personales, pero claro está que los directivos del Colegio para la época, solo sostendrán y harán referencia, en cada caso, de alguna falta o delito cometido en el ejercicio de la profesión por aquellos dos afiliados cuyos detalles aparecen en sus respectivos expedientes. Ahora bien, aparte de la delicada e insólita licencia concedida a los Colegios Profesionales, por los gobiernos de la Cuarta República, para que tengan sus propios juzgados, éstos actúan como si fuera un poder Supra de los tribunales ordinarios de Justicia, manejando y aplicando la Ley del Ejercicio de la Medicina con un desparpajo inaudito y dictando condenas que luego son ratificadas por el Tribunal Disciplinario de la Federación Médica Venezolana, tal como si fuera una instancia superior que simula ser otro Tribunal Supremo de Justicia de la República, decretando la sentencia como definitiva y firme, todo esto evidentemente es una burda distorsión de la Justicia, es una parodia, es una mofa, pero así funciona, por lo cual es urgente el Estado revoque tan tal absurda concesión oficial.



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José M. Ameliach N.


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