A diferencia de otros países, apenas se ha movido ni medio centímetro el debate político en nuestro país. Ni en la prensa ni en las instituciones ha habido una reflexión sobre en qué punto se encuentra nuestra política climática, si es que tenemos
ERNESTO RODERA
El desplante de Trump al acuerdo de París ha reavivado el interés discursivo y mediático en torno al cambio climático, pero no ha mejorado la calidad del debate ni ha servido para profundizar en sus implicaciones. La evidencia empírica de las olas de calor, la sequía y los incendios, ha permitido decretar oficiosamente en artículos, tertulias y conversaciones de café o ascensor que el cambio climático ya está aquí, y que oh-dio-mio-la-que-nos-espera-si-no-hacemos-algo..
Y aquí nos quedamos, porque la alarma social generada con loables fines divulgativos y de concienciación sobre las consecuencias del cambio climático en nuestras vidas apenas ha movido ni medio centímetro el debate político en nuestro país. Ni en la prensa, ni en las instituciones ha habido una reflexión sobre en qué punto se encuentra nuestra política climática, si es que tenemos.
Es indiscutible que una cierta hegemonía climática se ha impuesto tras el Acuerdo de París. Tanto a nivel discursivo como de programa, todos los partidos incluyen su preocupación por el cambio climático. Sin embargo, la dialéctica y el contenido son terriblemente pobres. Tanto las propuestas como los discursos están llenos de obviedades, lugares comunes, eslóganes y declaraciones de intenciones más pensadas para cumplir lo que se espera de un representante político "de bien" sobre cambio climático que para generar un debate político con profundidad y trascendencia.
En otros países, foros e instituciones internacionales está teniendo lugar un debate profundo y complejo sobre cuestiones como la financiación, la seguridad, la geopolítica, y en general sobre las implicaciones económicas y sociales que tendrá la acción climática. Aquí nos limitamos a comentar la meteorología mientras esperamos y hacemos cábalas sobre la Ley de Cambio Climático que prepara el Gobierno. Una ley de la que no se sabe nada, pero sobre la que hay una opinión bastante consensuada entre quienes saben de esto: será poco ambiciosa en objetivos y recursos.
Estas expectativas tan pesimistas están fundadas en dos evidencias:la primera, el tradicional negacionismo climático del Partido Popular (tanto Aznar como Rajoy tienen su propia hemeroteca al respecto) y su continuo desprecio legislativo por el bien común, especialmente en lo tocante al medio ambiente. La segunda tiene que ver con la evidente intención del Gobierno de que la ley se quede en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente.
Una ley de este tipo, integral, sistémica, que debe marcar la hoja de ruta de la economía y de las políticas públicas de las próximas décadas, debería estar tratándose en una comisión interministerial y con un diálogo fluido con todos los actores políticos, económicos, sociales y de la sociedad civil implicados. El éxito de este proyecto pasa porque saquemos el debate de la sección de medio ambiente, y lo abramos sin complejos a la energía, la política económica, la agricultura y la industria, la movilidad y las infraestructuras; la fiscalidad y la financiación; el desarrollo tecnológico y por supuesto la coordinación entre administraciones públicas.
Pero no basta con esto. La hegemonía climática de la que hablábamos antes ha dado como resultado que, por ejemplo, en las presidenciales francesas se presentasen varios proyectos de transición ecológica, Mélenchon y Hammon desde la "izquierda"; y el de Macron, que lo ha rubricado con un ministerio específico. En casa, el Partido Popular habla sin complejos de transición energética y renovables, mientras que el "nuevo" PSOE apuesta por la transición ecológica como eje de cambio.
¿Todos hablan de lo mismo? Evidentemente no, y eso es lo que está en disputa: qué transición ecológica y climática ponemos en marcha. Bien aceptamos una transición de corte neoliberal, que sea una oportunidad de negocio para el "capitalismo verde" y que no altere las relaciones de poder económico; o por el contrario ponemos sobre la mesa una alternativa que termine con la desigualdad y que tenga como eje la justicia social y la solidaridad.
Estamos ante la disputa por el significante más relevante de nuestro tiempo, el que va a marcar el paradigma económico, social y geopolítico de las próximas décadas. Y sin embargo, esta disputa soterrada, es ignorada y poco concurrida por los sectores progresistas de nuestro país. Construir una u otra alternativa supone responder de diferente manera a cuestiones tales como: si habrá un liderazgo público o se dejará al albur del mercado; si será una transición justa o habrá perdedores abandonados a su suerte; si el volumen de financiación que se va a movilizar repercutirá en grandes corporaciones o en la economía local; si la adaptación supondrá la bunkerización militar de una Europa próspera y limpia o una inversión solidaria en derechos y mejora de la calidad de vida de las personas. En resumen, si la lucha contra el cambio climático se hará a favor de la mayoría y del bien común o no.
Por tanto, hay dos cuestiones políticas de primer orden a las que nos enfrentamos como país: 1) qué políticas públicas vamos a poner en marcha y cómo se van articular para conseguir los objetivos de reducción de emisiones; y 2) qué sentido ideológico van a tener esas políticas. Ni a un punto ni a otro está respondiendo el debate público y político en este momento. O lo que es lo mismo, la política está ausente del debate más trascendente en décadas.
La inercia de un régimen en crisis, sin un proyecto de país para el siglo XXI, es la que está marcando el camino de la transformación económica que va a cambiar la sociedad tal y como la conocemos. Asumir la responsabilidad política de los tiempos que nos ha tocado vivir implica, sí o sí, tener una posición clara sobre la forma en la que como sociedad vamos a luchar y adaptarnos al cambio climático.
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Rosa Martínez es diputada y coportavoz de Equo @rosa_mr_