En Venezuela se instaló una élite jurídica de pensamiento liberal en los años 90 del siglo XX, cuyo paradigma estaba influido por el derecho alemán, que nos trajo como consecuencia una serie de leyes penales de carácter garantistas que mal o bien se han incorporado a nuestra cultura tropical. En la época me recuerdo, se intentó instalar tribunales con jurados muy al estilo de las películas de Hollywood, los cuales desembocaron en un gran fracaso, lo que conllevó a la trágica emergencia judicial, que puso paños de aguas calientes sobre un verdadero cáncer en fase terminal.
Ese inflacionismo de leyes penales, aunado a una costumbre casi criminal de tolerar, hasta aplaudir el delito y a los malandros, dejarlos hacer lo que les dé la gana, ha tocado su fondo con las declaraciones bochornosas de la actual Fiscal de la República Luisa Ortega Díaz, en razón que no he visto mayor atropello a la presunción de inocencia establecida en nuestras leyes y en nuestro raigambre Constitucional, como el panfleto político que leyó la aludida funcionaria el 24 de mayo de 2017, declarando como culpables de la muerte de un ciudadano a todo un componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es decir a los herederos del Ejército Libertador, el que acompañó al mismísimo Bolívar en el Paso de los Andes, el que derrotó al Imperio Español en Ayacucho.
La actitud de la Fiscal me hizo recordar un triste programa de televisión de la época de los 90, llamado "Archivo Criminal", que era el adelanto de un juicio sobre unos hechos que podrían considerarse delitos, los cuales aun, un Tribunal de la República, no los había decretado como tal. Esta suerte de mala novela policial, por ejemplo, coadyuvó a que una joven de 18 años de edad llamada Cibell Naime, fuera condenada a la pena máxima de 30 años de presidio, sin considerar al menos el atenuante de no llegar a los 21 años de edad, simplemente, montó RCTV un mediocre cortometraje y echaron el cuento como a ellos les pareció, predisponiendo la opinión pública a un veredicto plagado de excesos.
La Fiscal, hizo algo peor, con el agravante, que hoy en día existen normas de carácter procesal penal, que impiden adelantar opinión sobre unos hechos que aún no se ha demostrado la culpabilidad y responsabilidad, incluso, si se diera el caso de la comisión de un delito en flagrancia tiene derecho el aprehendido, a no ser expuesto al escarnio público, con el objeto de no viciar el proceso, para muestra un botón: cuando los procesados salen con la camisa o una capucha en la cabeza, aparte por la vergüenza que aún les queda, es porque simplemente la ley los ampara a no ser humillados ante los medios de comunicación, por cuanto aun un Tribunal no los ha declarado culpables, son inocentes aprehendidos en flagrancia que serán imputados por el Ministerio Público, para que un Tribunal los declare inocentes o lo contrario, luego de un proceso judicial donde habrá una defensa por parte de la parte acusada y se sabrá la verdad de los hechos.
SOLO ASÍ SEÑORA FISCAL, se puede llegar a una conclusión, eso me lo enseñaron en la Universidad Católica Andrés Bello cuando estaba en 2° año de derecho los profesores que ahora la aplauden, luego de tratarla en frente de donde ejerce su función pública como "ladrona, corrupta", entre otros improperios que los cito por cuanto nosotros los revolucionarios -le excluyo por supuesto-, no somos así; sin embargo, sabemos que tu actuar responde a los intereses más oscuros en una hora trágica para la Patria, no estuvo a la altura de la responsabilidad y por ende debe ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente en Agosto cuando se instale.
Ahora bien, el próximo Fiscal General de la República tiene una gran misión que afrontar en el País, lo cual es imputar y poner tras las rejas a una serie de endemoniados que quisieron acabar con el Estado Nación República Bolivariana de Venezuela y eso solamente lo logrará con poderes plenipotenciarios dados por la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual en mi opinión debe en primer lugar hacer una purga interna de la Institución, dejando aquellas personas comprometidas con la justicia y cercenar a las mafias que se han apoderado de la imputación penal en el País, en segundo lugar, reemplazar con nuevos funcionarios traídos de las nuevas universidades (Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre, etc) que ha creado la Revolución, someterlos a un proceso de formación humanista y técnica acerca del alcance de la nueva Fiscalía, crear por ende una nueva clase burócrata que esté en servicio de la República y de sus ciudadanos, no de parcialidad, facción política o en contra del Estado; redactar leyes sustantivas y adjetivas de carácter penal y de emergencia, así como una comisión que estudie uno a uno cada una de las muertes que se dieron en la rebelión terrorista del 2017.
Así ese proceso de transformación debe ser encabezado por un cuadro político que tenga una formación en derechos humanos, derecho penal, aunado a una sensibilidad, que si bien no raya en la candidez, tampoco debe caer en la crueldad, tener credenciales tangibles de un trabajo, una obra, un equipo; no necesitamos un teórico o un constructor de castillos de naipes, necesitamos una persona que resuelva un grave problema que está atentando con la existencia misma de la Patria y que comparta el proceso de transformación profunda emprendido por Hugo Chávez, yo creo en mi humilde opinión que la camarada Maria Iris Varela Rangel, actual Ministra del Poder Popular Para el Servicio Penitenciario, es la funcionaria llamada para cumplir con esta tarea.
Me imagino los escuálidos y sus enfermitos de odio sacándome a mi pobre madre, pero no existe en 500 años de historia carcelaria en el País, un funcionario que haya hecho más por el mejoramiento de las cárceles que la ciudadana aquí señalada, conozca en profundidad las necesidades de los privados de libertad y que vea el problema de la delincuencia en su justa dimensión. Solo así, podríamos poner la primera piedra para un nuevo Sistema de Justicia, con un funcionariado que esté en realidad comprometido con el País y sobre esa base, llevar igualmente el progreso a los sectores que creyeron en la oferta educativa dada por la Revolución, ¿de qué sirve graduarse de abogado, si la mafia de la UCAB, UCV y Santa María enquistada en la Fiscalía, no te toma en cuenta?, son reflexiones que doy como aporte para el Nuevo País que queremos delinear.
