Los mismos vecinos de cada parroquia pueden ejercer la contraloría in situ,
e ir identificando a quienes compren con fines bachaqueriles.

Si le reconocemos al comerciante su función distribuidora, de acercamiento
al consumidor de la fábrica o de los puertos en cada ciudad, cada municipio
y parroquia, entonces, es deber del Estado que ha asumido la venta paralela
de bienes subsidiados de la cesta básica, competir eficazmente con el
intermediario especulador.

Es innegable que los mecanismos de distribución hasta ahora empleados por el
Estado no han sido los más eficaces ni eficientes. La corrupción, como
legado perverso de la IV República, sigue viva en cada venezolano,
particularmente de los hoy conocidos como escuálidos, en quienes prendió la
semilla del “primero yo y los demás que se jdan”.

Ante ese fracaso de distribución de los bienes de la cesta básica que más
han estado al servicio de bachaqueros y corruptos disfrazados de
izquierdistas, la distribución “casa por casa” es la alternativa. El Estado
debe hacerse responsable directo de este nuevo tipo de acercamiento entre
fabricantes e importadores y las familias de consumidores.

Los Ministros involucrados deben ser   corresponsables de la escogencia de
estos nuevos distribuidores, so pena de ser removidos tan pronto ese
mecanismo dé asomos de corrupción por ineptitud, negligencia u omisión en la
cadena de mando ministerial. La pérdida electoral sufrida el reciente 6D es
culpa de ese mal sistema de distribución estatal cumplido hasta ahora. Una
eficiente contraloría y arqueo diario-con disciplina militar-sobre la
ejecución de este programa debe acompañarlo. Este hecho justifica una
quirúrgica selección de los funcionarios encargados de esta distribución de
bienes.

Cada parroquia debe tener un número de familias residentes permanentes con
por lo menos 3 años de vivir en la parroquia correspondiente. Este
inventario de potenciales familias beneficiarias del “casa por casa” servirá
para la cuantificación de las cestas. Los recientemente mudados a cada
parroquia deben esperar su turno y seguir recibiendo, si fuere el caso, en
la parroquia donde han estado viviendo.

El número de familias en cada casa supone una acreditación debidamente
registrada y avalada por 3 o más vecinos con larga estancia parroquial. Cada
casa sólo puede recibir una cesta. El inquilinato en pensiones o casas de
residencias seguiría proveyéndose directamente desde el centro de
distribución, cumplida la contraloría correspondiente. Las posibles burlas
de estas normas hace responsable de tales fallas al repartidor y su remoción
debería ser inminente, y la familia involucrada en esa corrupción dejará de
recibir la cesta en cuestión.

Una variante de este “casa por casa” puede ser el reparto a domicilio en
transportes que visiten y recorran la parroquia para que cada familia se
abastezca como si el transporte del caso fuera una suerte de bodega rodante.
Este medio alternativo daría cuenta de ventas diarias y puntuales más allá
del contenido de las cestas del “casa por casa” que tendrían una frecuencia
de entrega semanal o quincenal. Los mismos vecinos de cada parroquia pueden
ejercer la contraloría in situ e ir identificando a quienes compren con
fines bachaqueriles. Los parroquianos de mayor antigüedad al lado de los de
menor antigüedad deber ser mancomunadamente los contralores más confiables
para velar por la sana distribución de las cestas.