Contradictoriamente, los precios de producción manejados por Marx respetan la formación de los precios por la "mano invisible" del mercado.

Reconocer que el mercado fija y marca los precios de venta y los costes de producción, científicamente hablando, debe servirnos de guía en la posible solución a la crisis del momento, independientemente de que ambos, precios de venta al consumidor y costes de compras del productor, procedan del valor, de regulaciones estatales o de los vaivenes del mercado.

Con eso significamos que ora haya liberalismo, ora proteccionismo, ese mercado marca la pauta. Aquí, la racionalidad burguesa debe respetarse porque sencillamente es una realidad económica propia de toda sociedad, clasista o socialista, que opere con mercancías y no con simples valores de uso.

La contradicción confrontada actualmente por el Estado y la presente Administración Pública Presidencial, contradicción que mantiene y alimenta la tranca del juego, es que ésta última ha orientado su atención hacia las estructuras de costo de cada a que estas determinaran los precios "justos, y en paralelo ha regulado la tasa máxima de ganancia a fin de fijar unos "precios justos" de plano negados por el mercado, por la realidad capitalista.

La única forma de evitar precios de mercado altos es mediante incrementos de la oferta, mejoras en la productividad empresarial, no desviación de productos no autorizados, según regulación y prohibiciones propias del Comercio Exterior. Esta injerencia proteccionista es perfectamente válida, pero el empresariado la viola descaradamente. La libre formación de precios no incluye las regulaciones del mercado exterior que son necesarias para el propio empresariado nacional.

Mientras este modo subsista, mientras haya capitalistas en nuestra sociedad, los precios de venta deber ser formados en el libre mercado, sin que esto suponga concesiones o debilidades gubernamentales.

Los costos estructurales sólo sirven para determinar la tasa de ganancia que arroje la diferencia aritmética entre los precios del mercado donde se realiza la oferta correspondiente, y los costos estructurales causados.

Además, el Estado ha querido regular los precios del mercado con sanciones al empresario infractor de leyes y disposiciones porque esos empresarios, además del interés ganancioso en juego, mantienen una intención extraeconómica: acaparan, inflan los costes estructurales, o sea, agravan el impedimento que de por sí realiza el Estado para abaratar el costo de los bienes de la cesta básica, registran precios de mercado abierta y descaradamente adulterados con lo cual irrespetan su propia y sacrosanta libertad de cambio, su libremercado.

Ambos beligerantes, empresa privada y el propio Estado, deben revisar sus inelásticas posturas para estabilizar nuestra economía, que no tendrá paz alguna mientras el presupuesto familiar se tambalee cada día más y tampoco podamos saber a ciencia cierta cuánto debemos ganar como trabajadores, o ganar como patronos.

Sólo queda al Estado regular la estructura de costos de fabricación y regular la máxima tasa de ganancia para evitar costes falsos e inducidos y evasiones de impuestos, pero los precios deben quedar libres.

Sin embargo, el empresariado capitalista se obstina en frenar la producción, en entorpecer y desviar la distribución de lo poco que lanzan al mercado las mismas fábricas e sus intermediarios mayoristas.

Como si fuera poco, este empresario se ha adueñado de los dólares petroleros para dedicarlos a actividades no contempladas en el contrato de subsidios otorgados por un Estado que ha mostrado insuficiencia para controlar la ruta seguida por los dólares y mucha inoperancia jurídica contra los infractores. La lenidad ha campeado y sin justica no haya paz aun cuando haya comida.

Ante la crisis de precios de mercado crecientes e inducidos con fines extraeconómicos, el Estado debería, pues, asumir el control directo de la oferta y de la distribución de la misma , y no sólo debe regular la sinceración de los costes de producción de las mercancías básicas, costos que en nada determinan los precios de venta, pues sólo sirven para determinar la ganancia diferencial que se dé entre el precio de venta fijado por el mercado–hoy influido por marcaje de precios de costo basados en paridades cambiarias exógenas e ilegales-y dichos costos contables de cada empresa.

La ganancia la fija el empresario según su productividad y la información de precios que toma del mercado. El Estado se limita a regularle la maximidad de aquella.

De esa ganancia, el Estado deriva sus impuestos, y la empresa se adaptaría a la previa regulación estatal que está fijada en un máximo de 30%, adaptación un tanto arbitraria ya que la empresa no se rige, según dijimos, por sus costos de fabricación, sino por precios de mercado que a nivel individual son incontrolables por ella. Tales precios de mercado son de naturaleza macroeconómica, mientras los costes de producción son de índole microeconómica.

Obviamente, para que la empresa privada mejore tu tasa particular de ganancia o esta se ajuste a la regulada por el Estado, aquella debe mejorar su propia productividad, misma que abarataría los costes, aunque como empresa privada siempre tenderá a falsearlos con fines evasivos tributarios.

Es obligante reconocer que el Capitalismo crea todas las crisis económicas, y estas mismas suelen resolverse mientras haya demandantes, pero dentro de este sistema es imposible evitarlas.

Sólo un Estado planificador en sentido amplio, con conocimiento y control total de la producción y distribución de la riqueza y de los valores de uso en que esta se concreta puede garantizar estabilidad de los precios y del flujo permanente de los principales rubros de la cesta básica.