Criticando al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro, Roberto León Parilli, presidente de Anauco (Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores), calificó de "viernes negro" la fecha de hoy, luego de que el Gobierno nacional publicara la providencia 40.636, de fecha 09 de abril de 2015, que circuló hoy, se publicó la providencia número 011 del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), que "establece a la banca pública como única autorizada para otorgar divisas". ¿Porque el gobierno no puede disponer de la gestión de las divisas en su propia banca pública? ¿Por qué no puede vender sus propias divisas a los precios que fija Cencoex? El argumento que esgrime la banca privada es que "el artículo 21 de la Constitución establece el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y prohíbe la discriminación. Pero a juicio de la alianza, los venezolanos que no son clientes de bancos públicos "son discriminados y quedan sin la posibilidad operativa de ejercer su derecho constitucional al libre tránsito (art. 51)".
El gobierno no viola derechos privados, en cuanto a sus actividades principales, --intermediarios financieros--, menos que le supriman a las personas el libre tránsito terrestre, aéreo, es un asunto de gestión pública, de disponibilidad económica, cada quien es libre de abrir una cuenta bancaria según el banco que le guste, ya sea por cercanía, prestigio o tal vez por los servicios que presta, en el caso de la banca pública, sus servicios son similares a la banca privada, solo que el gobierno tiene el monopolio de las divisas, el administrador público de ellas, y puede asignarlas a la banca (pública) que considere conveniente sin menoscabo de la actividad privada y el ciudadano (a) es libre de solicitar tarjeta en el banco de su conveniencia y transitar libremente.
Sin embargo; Parilli criticó, a través de la cuenta Twitter @ANAUCO, que gran cantidad de ciudadanos queden sin derecho al libre tránsito por no poseer tarjetas de crédito en las entidades bancarias estatales: Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco Industrial y Banco de la Fuerza Armada Nacional" Solicitar tarjeta de crédito en un banco y no en otro es asunto opcional privado, la banca pública no les niega el acceso, no hay discriminación alguna, es cuestión de conveniencia, ahora bien todos los bancos se diferencia por sus servicios, pues bien el que "solo la banca pública queda calificada como operadora cambiaria autorizada en cuanto al uso de tarjetas de crédito de los ciudadanos para el pago de bienes y servicios en el exterior (viajero) y para compras en el comercio" es asunto de Estado, para sostener un mejor control de las divisas, racionalizarlas, evitar las fugas, tener mayor control de su asignación y a quien se les asigna.
La reacción inmediata de los medios privados a esta decisión del gobierno es harta vergonzosa, además de faltarle el respeto a la dignidad presidencial, acusan "al Presidente Maduro de violar los derechos constitucionales de los venezolanos", como si el Presidente Maduro violara el libre tránsito y por otra parte discriminara a la banca privada de prestar el servicio financiero, de gestión de las divisas para viajeros. El temor de la banca privada es que migren hacia la banca pública según "José Grasso, director de SOFTline Consultores, calculó casi 5 millones de tarjetahabientes tendrían que migrar a la Banca Pública para poder hacer uso internacional de sus tarjetas", escribió en @josegrasso". Si lo hacen es libremente, por un servicio que deja de prestar la banca privada, deja de ser intermediaria con el gobierno, para prestarle este servicio a los ciudadanos y ciudadanas, por cuanto de que el gobierno lo asumen directamente sin discriminación a los ciudadanos (as) prescindiendo de los servicios de la banca privada.
El asunto de las divisas del país es un asunto serio para dejársela a las manos privadas, que no harían si dejamos que la administren la banca privada, discretamente saquearían el país en pleno y migrarían los dólares como vienen haciendo muchos ciudadanos (as), en el caso de la banca privada quieren seguir con "el festín de la repartición de las divisas, seguir con el modelo de que el gobierno vende mediante la banca privada como intermediario, los dólares y estos beneficiarse como intermediarios, teniendo el gobierno suficientes instituciones financieras que puedan prestar dicho servicios, la banca priva por otra parte, además de muchos ciudadanos (as) de la clase media, no ven que el país necesita las divisas al racionalizarlas para pagar las deudas públicas como privadas dada una situación del mercado petrolero que no favorece al país en términos de los ingresos y el precio del barril del petróleo. Pero como si no vieran nada estos, aplican la política de la avestruz, esconden los ojos
La realidad, al respecto opina Luis García Mora: "Un país con la inflación más alta del mundo (que algunos estiman superará el 100% a fin de año) ahora mismo se desangra con la caída del petróleo (el 95% de las exportaciones) y en el que el gobierno está obligado a reducir el gasto (….) y quieren (los tarjetahabientes de la clase media raspacupos, la nota es mía) que siga mermando las divisas con los raspacupos viajeros que acuden en masa a la banca privada". ¿Qué irracionalidad, que cinismo critican al gobierno por su gestión y se niegan asumir medidas de salud financiera, para que siga el plan ruin de la burguesía y del imperio.
Imagínese el lector, el gobierno y su empresa PDVSA, administra y provee la divisas a nombre del país, es quien tiene la responsabilidad de administrarla, pero la banca privada acude a un Tribunal para que le sea considerando bajo el pretexto e interpretación jurídica de la constitución que se está violando presuntamente "el artículo 21 de la Constitución establece el derecho a ser tratados como iguales ante la ley y prohíbe la discriminación….y a los venezolanos que no son clientes de bancos públicos son discriminados y quedan sin la posibilidad operativa de ejercer su derecho constitucional al libre tránsito (art. 51)". Vaya tergiversación con estos argumentos, ahora pretenden asustar a la clase media, predisponer a esos cinco millones de tarjetahabientes, para que derogue la providencia 40.636, como si el gobierno quien administra la banca pública no pueda disponer de las divisas para los cuales está capacitada sus empresas financieras.
Ciertamente el gobierno tiene el monopolio de las divisas, y puede disponer de ella ajustado a derecho y en aras del país, de los ciudadanos y ciudadanas que los clientes privados decidan si quieren disponer del servicio de compra de divisas deban ser atendido por la banca pública es cuestión opcional, nadie ni la empresa privada ni su banca puede obligar al gobierno a ofrecerles sus divisas, a disponer de ellas, ampararse del derecho de sus tarjetahabientes, cada quien presta el servicio financiero que mejor crea conveniente, la función de la banca es la der ser intermediario financiero, no otra función que no le conceda la ley y los órganos regulativos del gobierno quienes disponen por Ley.
Así que si migran 5 millones usuarios de la banca privada solo les queda abrir una cuenta sin necesidad de renunciar a sus cuentas privada en la banca privada, nadie les obliga, por lo que la decisión de publicar en la Gaceta Oficial Nro. 40.636, de fecha 09 de abril de 2015, la providencia número 011 del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), que establece en su artículo 5 que solo la banca pública queda calificada como operadora cambiaria autorizada en cuanto al uso de tarjetas de crédito de los ciudadanos (as) para el pago de bienes y servicios en el exterior (viajero) y para compras en el comercio" se ajusta a derecho no viola constitución alguna por lo tanto, queda a la vista el espantapájaros con que Anauco arremete en representación de los intereses privados, bajo el subterfugio de la "defensa de los millones de venezolanos que ya no podrán viajar ni comprar por Internet", será que ya no podrán gestionar las divisas como han venido haciendo.
Por estas discrepancias, Roberto León Parilli, presidente de Anauco (Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores), "hizo un llamado al sector bancario para solicitar ante las autoridades una reconsideración de este acto administrativo" además de acudir el próximo martes 14 de abril a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar un inmediato pronunciamiento de la máxima instancia judicial entre otros, intentar ante el Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, a ejercer "las acciones jurídicas necesarias en defensa de los millones de venezolanos supuestamente de que se les está violando por intereses colectivos y difusos correspondientes cuando existe lesión a los derechos constitucionales de los ciudadanos".
A todas luces se les acabó la fiestecita a los raspacupos de la banca privada, de aquellos clientes tarjetahabientes de la clase media que pedían y pedían dólares para financiar el mercado negro, aquellos representantes de los intereses difusos, de los mismos que absorben dólares del gobierno e inducen la venta de bienes y servicios a precios inflacionarios, la medida de recortar las divisas es saludable para la economía nacional dada la coyuntura de los precios del petróleo cuando han disminuido un 60% su precio, por eso el anuncio de la disminución del monto máximo que corresponde a cada ciudadano por viaje, así como una limitación del uso para compras por Internet, constituyen una saludable medida administrativa, aparte de proveer las medidas necesarias para facilitar un freno e identifica a quienes cometen ilícitos cambiarios en el país, de alguna manera esta providencia 011 coadyuva a la salud financiera del país inclinada adecentar el mercado de divisas.
Fuente:
1.- Luis García Mora, "En Panamá: como la guayabera", Prodavinci, 12 de abril, 2015
2.-@DolarToday / "¡Maduro viola los derechos constitucionales de los venezolanos!: ¿qué pasa con quienes no son tarjetahabientes de la banca pública?" Abril, 11, 2015?
