Como quiera que es una deuda pública, difusa y leonina por naturaleza propia, por cuanto el deudor-el Estado-siempre puede hacer con ella lo que le mejor le convenga a sus intereses coyunturales, porque, mientras el acreedor es una persona de carne y hueso, el Estado no pasa de ser una abstracción, razón por la cual el contrato entre los servidores públicos y esa entidad somete al acreedor al albur de trabajar sin paga justa, sin paga oportuna, sin finiquito auditable[1] y en los términos y cuantía que a los responsables les convenga, como persona, y como servidor público del gobernante o partido político de turno. Esto es irrebatible, si nos acogemos a una crítica objetiva libre de susceptibilidades, prepotencias o cualesquiera otras debilidades humanas.
La mala praxis administrativa, si la adoleciera la presente administración, a esta no se le puede endilgar mecánicamente: aquella es una de las más oprobiosas herencias de los recientes gobernantes eufemísticamente llamados y llamadas (sic) puntofijistas, muchos y muchas de los y de las cuales siguen impunes, cobran cada 15 días y hasta han tenido el tupé de cobrar prestaciones debidas e indebidas y, el colmo, hasta el Fideicomiso por adelantado[2], prematuramente e irrespetando el orden cronológico de sus contratos laborales, y, con más descaro aun, burlándose así del resto de los y de las docentes que por desgracia resultan excluidos y excluidas para que esos malandros y malandras, inservidores e inservidoras públicos y públicas, respectivamente, del Estado(léase de los demás ciudadanos), puedan usurpar un presupuesto que no les pertenece. La prensa archivada da cuenta de estos asertos porque son vicios heredados de siglos por la presente administración.
Dejando a un lado esos retóricos prolegómenos, el Petroorinoco luce como una suerte de cheque no endosable, que sólo es convertible ante el ente emisor. Esta deuda representa una de las más silenciadas formas de malversación de fondos porque su monto, a todas luces, de alto peso presupuestario, ha implicado y sigue suponiendo erogaciones financieras que bien podrían destinarse a la satisfacción de otras necesidades públicas. El interés devengado ayer por el Fideicomiso, y el que ahora contrae el Estado con los Petrorinocos merman la Caja Única Nacional para la cobertura de obligaciones estatales no menos importantes, de allí que la cancelación definitiva debe ser prioridad gubernamental
[1] Es obvio que cualquier reclamo numérico sobre lo reconocido por el Estado y la contabilidad personal del acreedor, sólo pasaría prolongar la espera ya sufrida y los disgustos que necesariamente arrastra, porque no hay nada que más disguste al deudor que se le señalen sus defectos, ya que sólo en este aspecto el Estado se muestra de carne y hueso, y en el caso de los jubilados, le terminaría pagando el “administrador” del más allá.
[2] Esta arbitrariedad y hecho ilícito bien podría castigarse con cargo a los beneficios que todavía sigan recibiendo esos irregulares, tales como pensiones varias, ya que lo es igual no es trampa. Le sugerimos a la comisión que actualmente ventila los caos de NO CERTIFICADOS para poder cancelarles su deuda que hagan extensivo esta depuración contable hasta estos vividores de la cosa pública, y no castigar con mayores dilaciones a los jubilados que hayan sido objeto de imprecisiones contables cuando aquellos ofrecieron nóminas adulteradas.
marmac@cantv.net
