Como es sabido, cuando se agarra al presunto ladrón y se le confisca el cuerpo del delito, se confirma su culpabilidad, a este ciudadano se le abre un expediente que lo califica de insociable, y, según la gravedad del caso, sufre penas administrativas y penales. En lenguaje vulgar, decimos que ese ciudadano queda rayado de por vida y hasta generacionalmente. No sólo el Estado conserva esas manchas de su burocrática personalidad, sino que el pueblo y su imborrable memoria se encarga de echarle el cuento, su vida y milagros, con añadiduras legendarias y todo, y a los nuevos ciudadanos.


En el caso de las medidas que el Estado venezolano viene tomando para actualizar la tenencia de tierras ociosas y/o parcialmente empleadas, y apoderadas legalmente o de dudosa propiedad privada, y oligopólicamente ejercida sólo por unas cuantas familias de vieja data, medidas conocidas como campaña contra el latifundio, no podemos menos que asociar aquel levantamiento de expedientes o fichaje de los ladrones comunes y corrientes con quienes hayan venido indebidamente usurpando, usando, usufructuando y hasta enajenando parcelas de sus amplias propiedades inmuebles.



Resulta que muy probablemente son muchos, entre los pocos terratenientes, los que están impedidos para justificar la legalidad de sus latifundios, ni podrán demostrar que sus límites son correctos, ni que han pagado los impuestos prediales, etc.



Pero, bueno, viene ora la confiscación, ora la expropiación y la tasación del valor correspondiente para las subsiguientes indemnizaciones monetarias, la redistribución productiva de esas tierras en manos ahora el Estado y su reparto y venta en más manos, y ya veremos qué ocurre, cómo se endereza la producción agrícola, etc. Y todo hasta aquí parece reducirse a *coser y cantar*, pero no es así:



Ocurrirá que en cada caso que el Estado demuestre alguna irregularidad en la tenencia actual de uno que otro terrateniente, y se compruebe, por ejemplo, que su tenencia es ilegal, que, por ejemplo, se trata de un invasor decimonónico que supo arreglársela con sus amigotes de la política de marras para el levantamiento de registros chimbos, además de haberse dedicado durante décadas a rodar linderos, y usar, y usufructuar y enajenar lo que jamás ha sido suyo, sino producto de invasiones ventajista y delincuencialmente adquiridas, se comprende, su suyo, que, además de la pérdida patrimonial de las tierras confiscadas, esos ciudadanos, hasta ahora muy honorables y de respetado abolengo y connotación social, esos delincuentes del agro estarán irreversiblemente perdiendo toda esa falsa moralidad y esos aires de buen ciudadano que siempre impuso o gozó ante una ciudadanía que de buena fe o ingenuamente creyó que tales propiedades eran bienhabidas.



De manera que la lucha contra el latifundio reviste tres aspectos fundamentales: 1.-confiscación de tierras mal adquiridas; 2.- expropiación de excedentes parcelarios, y 3.- desmoralización y levantamiento de4 expedientes a quienes hasta ahora han sido simples delincuentes de cuello blanco, a quienes, además, han estado gozando de unos privilegios muy contrarios a la vida de condenados del presidio que es lo que merecidamente habría de habérseles aplicado desde hace muchísimos lustros. Por eso, la campaña contra el latifundio es la campaña contra la inmoralidad y contra los falsos valores ciudadanos de quienes, como ladrones no descubiertos, se han mantenidos como grandes señores de inmerecido respetos ciudadanos.



Manuel C. Martínez M.

30-01-2005